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Hay muchos indicios que desacreditan a ciertos magistrados de un Tribunal Supremo cuya imparcialidad queda en tela de juicio. Verbigracia, una llamada sin respuesta de cuatro segundos es utilizada como un indicio convertido en una prueba y ese tipo de acrobacias jurídicas dictan una controvertida sentencia que conjetura excluyendo arbitrariamente cualesquiera otras alternativas.
Contrasta esa pirueta jurídica con la solidez argumentativa de los votos particulares que discrepan del consenso mayoritario. Dar a conocer la sentencia y tomarse diecinueve días para sustentarla es algo muy llamativo. Miguel Ángel Rodríguez reconoció haber mentido al inventarse un bulo, pero acertó en su pronóstico respecto al resultado del juicio que ha hecho dimitir al Fiscal General, responsable de comunicar su falsedad. A esto se le llama desmentir una noticia falsa con un delito pero no queda muy clara la naturaleza del mismo.
Varios periodistas intachables han declarado que sus fuentes fueron otras, apuntando en concreto a la Fiscalía General de Madrid. Estos testimonios exculpatorios no son tenidos en cuenta. Desde un principio solo podía haber un culpable y, al no haber pruebas que respaldaran esta hipótesis, la mayoría del tribunal decide que debió ser alguien de su entorno quien realizó la filtración, presuntamente con su aprobación y conocimiento, como si esto no admitiese una duda razonable y descartarse diversas alternativas.
La sentencia resulta incomprensible y conlleva un grave descrédito del poder judicial
Tendrá que ser otra instancia, el Tribunal Constitucional, quien dirima si se ha conculcado la presunción de inocencia. Como señala Baltasar Garzón, el Supremo parecía empeñado en contravenir a la defensa, en vez de mostrarse imparcial y ceñirse a examinar las pruebas aportadas en el juicio. La sentencia resulta incomprensible y conlleva un grave descrédito del poder judicial, parte del cual ha llegado a manifestarse contra una ley antes de que se promulgara.
Lo malo es que se genere una jurisprudencia viciada por los prejuicios políticos y se normalice que al revestirse con la toga los magistrados no dejen a un lado su ideología, pudiendo anticiparse a priori sus fallos (en las dos acepciones del término), como ha hecho Miguel Ángel Rodríguez en su ardorosa defensa del novio de la presidenta madrileña, quien por cierto pretendía utilizar esta sentencia para librarse de las causas judiciales que tiene pendientes.
Instrumentalizar la justicia contra el adversario político contribuye a una insoportable polarización social
Instrumentalizar la justicia contra el adversario político contribuye a una insoportable polarización social. Las propuestas para solucionar los problemas de la ciudadanía brillan por su ausencia en esta batalla partidista, donde quienes deberían representar al pueblo soberano acaparan todo el protagonismo, como si estuvieran rondando una pésima película que resulta tremendamente aburrida y que hace abandonar al público la sala de cine, haciéndole perder interés por las reglas que rigen el sistema democrático. Esto solo sirve para que proliferen los discursos más extremistas.
La esfera pública está siendo colonizada por quienes pretenden privatizarla y defender toda suerte de privilegios para los grupos más favorecidos, en detrimento de las prestaciones y servicios que corresponde dispensar a quienes gestionan lo público. Es el primer paso hacia una pérfida constelación donde se prime la eugenesia y el edadismo, porque la plutocracia desprecia todo cuanto no rinde culto al dinero y considera que los negocios priman sobre las personas.
Los pobres y los viejos podrían acabar alimentando al superviviente como en la película ‘Sol verde’, para optimizar las cuentas de resultados que reparten pingües beneficios a esos inversionistas del anarcocapitalismo financiero cuya única deidad son las criptomonedas y el acaparamiento de recursos que dan lugar a patrimonios tan obscenos como fastuosos. Para esta mentalidad todo vale. Que Dios nos coja confesados ante un panorama tan tenebroso. Palabra de un apóstata confeso.



