martes 18/1/22
ley mordaza

Es totalmente legítimo que un colectivo proteste por sus condiciones laborales, en el caso de las FFCCSE es por todas conocida la Equiparación Salarial, apoyada por todos los grupos políticos, Zaida Cantera, diputada por defensa del PSOE portaba pancarta desde la oposición en una manifestación en Madrid, Juan Antonio Delgado Ramos haciendo uso del programa electoral de Unidas Podemos apoyaba en Sevilla otra, es cuando las reivindicaciones son apartadas o instrumentalizadas, o cuando el buque insignia de estas escora a estribor, y se convierte en un arma politizada, o ya lo era y no nos habíamos percatado, en cualquier caso, hoy venía a hablar de mordazas y no de dinero, no sin antes recordar que el gobierno comunissssta socio de terrorisssstasssss ha sido el que ha elevado hasta en un 20% las nóminas de las FFCCSE, ese M.Rajoy del que usted me habla no solo no incrementó un solo euro los sueldos de los funcionarios del estado, sino que en 2012 suprimía la paga extra de navidad de estos, dato mata relato.

Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

GINEBRA, 23 de febrero de 2015, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron hoy a España a rechazar dos proyectos de reforma legal que “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. “Los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”, indicaron los Relatores Especiales. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”.

Derechos y libertades fundamentales de los “individuos”, como ven, no dice delincuentes, y es que para penar la delincuencia ya tenemos un código penal, tachar de delincuentes a pensionistas que protestan por una pensión digna, a sanitarios que luchan por mantenernos con una sanidad pública digna de un país “democrático”, a trabajadores del metal que pretenden llevar un plato de comida caliente a sus hijas, no ser Rick, pero parece que los únicos que no son delincuentes cuando se manifiestan son los cayetanos que aporrean con sus palos de golf las señales de tráfico en plena pandemia, o los nazis en Chueca al grito de “fuera maricones de nuestros barrios”.

No voy entrar en la simpleza de decir que quieren una ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, para aporrear impunemente, no está bien generalizar, por lo que insistiré de nuevo en el dato, mata relato. Antes de 2015, de que M.Rajoy promulgara la ley mordaza ni agentes parecían sentirse inseguros, ni la ciudadanía temía salir a defender legítimamente sus derechos, por lo que esta ley el único cometido que ha cumplido ha sido el de frenar las protestas ciudadanas. Y su reforma, que no derogación, mantiene aspectos muy lesivos contra estos últimos, tal y como denuncia el colectivo “No Somos Delito”, tachando esa derogación que Pedro Sánchez en 2014 anunciaba que haría nada más llegar al gobierno, o que del mismo modo anunciaba Unidas Podemos hace un par de semanas, de una reforma descafeinada y poco garantista.

La abogada penalista Isabel Elbal, adelantaba para Público, el más progresista de la historia, "se ha quedado corto". Critica que el texto de enmiendas siga sin especificar los conceptos ambiguos que se emplean para sancionar conductas, como el hecho de "perturbar la seguridad ciudadana". "Esta indefinición implica que la ciudadanía no sepa lo que puede o no puede hacer. Y, si no lo sabe, hay una especie de autocensura. A esto se le llama inseguridad jurídica y ante esto, la ciudadanía cree que lo mejor es quedarse en casa y no salir a protestar".

No, la policía no va a hacer de taxista de delincuentes, esos manifestantes a los que las (ultra) derechas tachan de delincuentes, con la ley mordaza podían ser detenidos durante 6 horas sin justificación alguna, lo ético sería eliminarlo, la nueva reforma disminuye esa detención injustificada a 2 horas, y al ser demostrado que ha sido injustificada tal detención, que puede darse por la mera opinión del agente en cuestión, se les devuelve a donde se encontraban ubicados, que digo yo, que menos qué no dejarles tirado sabe dios en que comisaria de que distrito, después de desplazarme desde Asturias a Madrid, como por ejemplo han viajado las trabajadoras del sistema de asistencia a domicilio, esas delincuentes que piden contratos dignos y empresas públicas que puedan ningunear sus derechos laborales.

No, la policía no está desprotegida, rebajar el uso de material antidisturbios evitando aquellos que causen lesiones irreparables, no es para que los “delincuentes” puedan agredir a los agentes, es por el mero hecho que se han dado casos en los que disparos han producido la perdida de órganos visuales de manifestantes. Desprotegidos tendrían que sentirse a bordo del Pegaso 600, que de sus siglas BMR extraemos Blindado Mecanizado Ruedas, blindado que se ha llevado la vida de más de 30 soldados españoles “en extrañas circunstancias” siempre culpa de los fallecidos y nunca del estado lamentable de estos vehículos, blindados cedidos por el Ejercito de Tierra al ministerio del Interior en 2017, blindados que el subdelegado del gobierno más progresista de la vía láctea afirmaba durante las protestas de Cádiz que no era material militar, rasquen la pintura azul de la UIP y se encontraran la pintura verde del Ministerio de Defensa, al más puro estilo Palestina hemos visto las imágenes de piedras contra tanques que el “socialista y obrero” José Pacheco, calificaba de proporcionadas. Las comparaciones son odiosas, dicen, el 19 de mayo de 2012 en Frankfurt, Alemania, en la marcha “Blockupy”, la policía mostró lo que la integridad y la democracia realmente significan, tras ser enviada para reprimir una protesta, los oficiales uniformados se quitaron los cascos y se unieron a los manifestantes.

No, no se permite grabar a policías cuando esto suponga un peligro para su integridad o la de su familia, se permite grabar para que no se den casos de vulneración de presunción de inocencia o de abuso de autoridad, y haberlos, haylos, poco les importa salir a cara descubierta en prime time para decir que una mujer ha parido en un ambulancia durante las protestas del metal en Cádiz criminalizando así al colectivo de trabajadores, cuando hasta el propio consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía había desmentido semejante aberración que la prensa sicaria se había encargado de difundir, que esperar de Marhuenda que afirma que 150.000 policías y guardias civiles se manifiestan en Madrid a favor de la ley mordaza, cuando no se llega a esa cifra ni sumando todos los efectivos de España.

Constitución española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Sección 1. ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 24:

  • Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  • Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
¿Has leído esto?

A aquellos que se auto asignan como los máximos garantes de la Constitución y presumen de constitucionalistas, pero que la ningunean a diario tergiversando todo a través de mensajes de odio y de criminalización de colectivos a los que llaman delincuentes, a aquellos que presuponen que todas las FFCCSE, solo por el hecho de serlo, su palabra vale más que la de cualquier ciudadana, vamos con más datos, que matan relatos.

Antes de nada, recuerdo, generalizar es malo, por eso del mismo modo que se dice que no todos los políticos son iguales, partamos de que no todos los policías son iguales.

El sumario de la instrucción de la operación Minuro-Peces atribuye a los policías nacionales encarcelados, pertenecientes al grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida, más de una decena de delitos que sumarían hasta 40 años de cárcel, el máximo permitido por el Código Penal en España. Entre ellos están los de denuncia falsa, tenencia ilícita de armas, tráfico de droga, blanqueo de capitales, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delito, falsedad documental, receptación, delitos contra el patrimonio e incluso torturas en la propia comisaría.

Un vídeo de los Mossos desmiente a uno de sus agentes: un joven no le pateó en un desahucio. El juez absuelve a un joven gracias a las imágenes aportadas por el propio cuerpo policial, que contradicen el testimonio del agente en el juicio.

Detenido el jefe ‘antidroga’ de Murcia por tráfico de estupefacientes. La operación, dirigida por el grupo de Asuntos Internos, acumula siete implicados.

Asuntos Internos: "Hay un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España". Un atestado enviado a la Audiencia Nacional plasma las dificultades para detectar a los agentes descarriados por el conocimiento del medio que tienen y de las técnicas policiales. Interior asegura no tener identificado un problema "grave". Las organizaciones "alardean" entre ellas de "trabajar con la ley" cuando captan a policías.

Un informe de las FCSE señala la corrupción policial por parte de los narcos. El Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018, ha marcado “un antes y un después” también en la lucha contra la corrupción de los agentes de la zona, según aseguraba a Efe Miguel Ángel Ramos, portavoz en de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz. En ese periodo han sido detenidos por contactos con narcos 34 agentes, entre ellos el que fuera jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Negocio y caída de 'Ojos de Loco', guardia civil y ojeador de agentes para los narcos. Asuntos Internos acaba con una década de Antonio Jesús P. Ll. al servicio de la organización de los Al Moudi, a los que proponía "trabajos" y suministraba agentes corruptos en Cádiz. Junto a él caen un agente de Aduanas y un traficante cuyo padre guardia civil también fue detenido por narcotráfico.

¿A cuántos ciudadanos habrán podido sancionar sin la necesidad de aportar pruebas cualquiera de los anteriormente citados?

¿A cuántos ciudadanos habrán podido sancionar mediante la ley mordaza cualquiera de los agentes implicados en la operación Tándem o en la operación Kitchen?

No, no todos los agentes de las FFCCSE son iguales, garbanzos negros hay en todos sitios, pero tampoco los manifestantes son delincuentes.

¿Qué ocurre cuando se instrumentaliza una protesta y se tergiversa información? Que la ignorancia aflora y los ultras se quitan la careta.

¿3 activistas con una pancarta en contra de la ley mordaza suponen algún tipo de peligro frente a los 120.000 manifestantes a favor de esta? ¿Estos manifestantes no son tratados como delincuentes? Pues resulta que parte de estos manifestantes veían un peligro contra la unidad de España a 3 activistas con una pancarta de plástico de aproximadamente 3 metros de longitud hasta el punto de agredirles quitándoles la pancarta por la fuerza a gritos de “cobardes hijos de puta”, uno de ellos llegaba a amenazar a medios de prensa, un cámara que grababa recibía de un pacífico y constitucionalista manifestante, que no delincuente, “te reviento la cara”. La pancarta de los 3 jóvenes activistas era molesta, las banderas portadas por manifestantes con la Cruz de Borgoña, que David Docal Gil, Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y profesor del Centro de Altos Estudios Policiales, cataloga en un estudio como símbolo de odio, no parecía serlo.

Otro hacia declaraciones del tipo “estamos sufriendo una invasión de inmigrantes ilegales y nuestras FFCCSE merecen apoyo”, gritos de “gobierno traidor”, gobierno votado por una mayoría de ciudadanos, dicho sea, “este gobierno no está llevando a la ruina” decía otro, será de los que no se ha enterado que las cifras del paro son las más bajas de la historia, imagino que este será lector de El Mundo, panfleto que todavía no ha desmentido que fuera ETA la encargada de los atentados del 11M en Atocha, porque ETA está muy presente a pesar de no existir, uno de los asistentes a la manifestación afirmaba que un hombre en silla de ruedas por una pierna amputada era Guardia Civil y se encontraba en esa situación por un atentado terrorista, que lo mismo si le hubiera preguntado se hubiese enterado que la amputación de la pierna es por un cáncer no tratado a tiempo por culpa del desmantelamiento de la sanidad pública provocado por el Partido Popular, y que antes de encontrarse en esa situación, era taxista, y como el ajo me repito, dato, mata relato.

Cuando el derecho a protesta se convierte en la instrumentalización con consignas que nada que tienen que ver con la propia protesta, pierde toda legitimidad, hay Pedro Pedro, de aquellos barros de “la ley mordaza son los miedos de Rajoy”, estos barros que hacen temblar la democracia.

Golpistas no, gracias