El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se compromete a subir las pensiones en 2020 un 0,9% (en base al IPC) siempre y cuando se conforme un nuevo gobierno, tal y como anunció este viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministros, el último que se celebra este año.
El Real Decreto-ley aprobado incluye la suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en el que se recoge una subida del 0,25%, ya que el Gobierno tiene previsto aplicar, "en cuanto sea posible", una revalorización de las pensiones del 0,9%, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2020, tal y como figura en el Plan Presupuestario para el próximo año enviado a la Comisión Europea.
Si no se suspendiera este artículo, se producirían dos revalorizaciones (del 0,25% primero y hasta el 0,9% posteriormente), lo que duplicaría los aplicativos informáticos y multiplicaría por dos el coste en la comunicación a las personas beneficiarias de las pensiones, ha explicado la ministra.
PRÓRROGA DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
El Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha aprobado una prórroga de la conocida como ‘cláusula de salvaguarda’, lo que permitirá que miles de personas despedidas por Expedientes de Regulación de Empleo antes de abril de 2013 puedan acceder a la jubilación cuando les resulte más beneficioso, en las condiciones vigentes al momento en que se aprobó el ERE que fue causa de su pérdida del puesto de trabajo.
“Se trata de medidas parciales, positivas, pero insuficientes, que subrayan la urgente necesidad de reactivación política y social de nuestro país", subraya CCOO
Ambas medidas figuran en las reivindicaciones que vienen haciendo los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones que esta misma semana reclamaba al Gobierno no volver a la revalorización del 0,25% que impuso el PP.
Aunque saludadas por unos y otros, estas medidas no dejan de ser temporales. “Se trata de medidas parciales, positivas, pero insuficientes, que subrayan la urgente necesidad de reactivación política y social de nuestro país, especialmente en materias sociales y económicas que no admiten más demora”, señala CCOO en un comunicado.
En el caso de la ‘cláusula de salvaguarda’, lo que hace el Gobierno es prorrogar un año la vigencia de esta garantía, en lugar de recuperar el contenido de lo pactado en 2011 con los agentes sociales para garantizar dicha cobertura a todas las personas afectadas.
“El hecho de volver a limitar sus efectos exclusivamente al próximo ejercicio, supone mantener en una situación de inseguridad jurídica más allá de 2020 a un número relevante de personas que, si bien tiende a reducirse, supondrá volver a tener que acometer esta misma situación durante los próximos meses, si se quiere evitar que haya una diferencia de trato injustificada entre personas que se vieron afectadas por el mismo expediente de regulación de empleo”, explica Comisiones.
Con la revalorización de las pensiones sucede algo similar; el Gobierno “deja en suspenso la cuantía de la subida inicial de las pensiones en 2020 y pendiente la corrección definitiva de la reforma de pensiones de 2013”.
El sindicato ve necesario y “urgente” el desbloqueo político y la apertura de las mesas de diálogo social para abordar, entre otras cuestiones, las pensiones, el SMI, o el IPREM
