<---Taboola---> <---Taboola---> #TEMP
jueves. 08.12.2022
TRIBUNA DE OPINIÓN

Comienzo del curso social al final de la pandemia

consejo ministros
Reunión del primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.

El primer Consejo de Ministros ha intentado retomar el impulso social, interrumpido por lo más duro de la pandemia, con la aprobación de la ley sobre la consolidación del sistema de pensiones, que desarrolla los acuerdos del Pacto de Toledo y el fruto de la concertación social con sindicatos y empresarios, después de su integración entre las reformas aprobadas por la Unión Europea para la liberación del fondo de reconstrucción y resiliencia de 27.000€, del que ya hemos recibido 9.000 a mediados de este mes de Agosto. Todo ello a pesar de la dura campaña de la derecha española, dentro y fuera de nuestras fronteras, para vincular el fondo New Generation europeo con el mantenimiento de los recortes sociales de su época de austeridad.

Sin embargo la reforma de las pensiones aprobada supone un punto de inflexión con respecto al recorte unilateral de las pensiones aprobado desde 2013 por el gobierno del PP, ejecutado al margen del Pacto de Toledo y de la concertación social. Con ello se recupera la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y se deroga definitivamente el factor de sostenibilidad que la vinculaba a la esperanza de vida, además se asegura la financiación presupuestaria de políticas de empleo e igualdad que venían cargando impropiamente sobre las cotizaciones sociales, aumentando su déficit y mermando su sostenibilidad.

Es cierto que todavía quedan pendientes algunos aspectos como el llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) para hacer frente al incremento previsible del gasto con la generación del baby boom (los nacidos del cincuenta y ocho al setenta y cinco) entre los que el ministro del ramo Sr. Escrivá provocó la inquietud con unas desacertadas declaraciones en las que se apuntaban medidas como minorar la pensión inicial o a retrasar la edad de jubilación, que luego se vio obligado a rectificar al no contar con apoyo dentro del Gobierno ni tampoco con el de sindicatos y empresarios (que barajan otras fórmulas menos onerosas) para afrontar ese periodo, sobre todo con un gasto en pensiones que España se lo puede permitir, ya que está dos puntos por debajo de la media de nuestro entorno europeo.

También el último Consejo de Ministros de antes de las vacaciones de agosto estuvo protagonizado por la prórroga de los ERTEs y de las medidas de emergencia social dentro del llamado escudo social, cuestiones que quedaron rápidamente amortizadas con los ecos del estrépito de los indultos, por los desacuerdos en el seno del Gobierno en relación al salario mínimo y la política de vivienda, pero sobre todo por el incremento desbocado de la factura eléctrica.

El Gobierno tiene por delante en el nuevo curso político las principales medidas del paquete social

El Gobierno tiene por delante las principales medidas del paquete social como la negociación de los flecos pendientes de las pensiones, la revalorización del salario mínimo y la reforma laboral, todo ello junto al proyecto de presupuestos para 2022, para que unidos a la ya visible recuperación económica postpandemia contribuyan a un crecimiento significativo del empleo, de la cohesión social y de su percepción por la ciudadanía.

Todo ello después de un verano agitado de nuevo por las polémicas originadas por la quinta ola de la pandemia, los altos precios de la electricidad y la repatriación exprés de menores inmigrantes. En esto llegó además la esperada retirada, pero con la sorpresa de la imprevista desbandada y el caos al final de la ocupación de Afganistán.

Una quinta ola de una incidencia de la pandemia mayor de la prevista, otra vez el exceso de confianza, aunque con mucha menor gravedad y mortalidad gracias al rotundo éxito de la vacunación, que si bien no alcanza la tan pregonada inmunidad de rebaño, avanza con paso seguro, en particular en España, pero también en el contexto europeo con mayor capacidad de compra y de organización sanitaria, hacia lo que podría considerarse el control funcional de la enfermedad.

El reto fundamental es ahora cumplir con el compromiso, por otra parte lógico para acabar con la pandemia, de lograr un incremento sustancial y rápido del actualmente ínfimo nivel de vacunación en los continentes y los países empobrecidos, y no desviarse buscando nuevas excusas nacionalistas ni mayores beneficios empresariales para seguir acaparando injustamente gran parte de las dosis producidas, como son la supuesta necesidad de una tercera dosis o de la dosis de recuerdo de la vacuna de Jansen, así como de la vacunación infantil, sin contar para ello con evidencia científica alguna que las avalen.

También sigue pendiente el embridar el precio hasta hoy desbocado de la electricidad, todo como consecuencia de la tormenta perfecta por la confluencia de la transición energética, junto con los efectos del sistema europeo marginalista de precios y la falta de competencia y transparencia del oligopolio eléctrico español. Nuestro mercado eléctrico es hace ya tiempo un mercado fallido donde los precios no sirven de información y la competencia no existe al tratarse de un oligopolio. Estamos además ante una transición energética hacia la descarbonización necesariamente rápida y no precisamente justa. El gas y el precio del CO2 evolucionan en consecuencia al alza y con ello los precios finales, mientras las medidas como el IVA se han mostrado como insuficientes para contener la subida a corto plazo, mientras se dilatan en el tiempo la necesaria ampliación del bono social así como el poner coto a los llamados beneficios caídos del cielo de nucleares e hidroeléctricas y la traída y llevada empresa pública con las concesiones hidrológicas finalizadas.

Por otro lado, hemos asistido a la repatriación exprés de los menores acompañados, en el marco del convenio bilateral y de la recuperación de las relaciones con Marruecos, pasando por encima de la legislación y los tratados internacionales de protección del menor que exigen una valoración previa individualizada con garantías previas y no necesariamente  al retorno.

Resulta llamativa en esta materia el intercambio de papeles entre gobierno y oposición. Así, desde la oposición, los mismos que defendieron con uñas y dientes las llamadas devoluciones de inmigrantes en caliente, acompañados por los que han convertido a los menores no acompañados, despectivamente motejados como menas, en el objetivo de sus campañas de prejuicios y denigración, hoy demandan del ministerio del Interior el cumplimiento cabal de la ley del menor.

Mientras tanto, desde el Gobierno, que comenzaron su gestión con el impulso humanitario de la acogida a los náufragos en el mar Mediterráneo y que inmediatamente se sumaron al discurso de la inmigración ordenada y regular, hoy retuercen la ley y las palabras para expulsar colectivamente a los menores inmigrantes de la última avalancha de acuerdo con el presidente de la Ciudad Autónoma y con el endeble respaldo legal del convenio con Marruecos, sin tener en cuenta las diferencias de fondo con las prácticas del régimen Alahuita y el principio de legalidad de nuestro estado democrático.

Aunque la mayor sorpresa ha sido el final caótico y humillante de la ocupación de Afganistán, ante el que la ágil y eficaz reacción del Gobierno está permitiendo la protección y acogida de los colaboradores de nuestro contingente en Afganistán, en contra de lo manifestado por la oposición. Algo contradictorio también con las expulsiones exprés de los menores inmigrantes marroquíes. Pero lo más importante es que en el marco de la Unión Europea y de la comunidad internacional, este final catastrófico de la llamada guerra preventiva contra el terrorismo permita una reflexión crítica sobre las consecuencias de la guerra y el unilateralismo y sobre todo la recuperación del derecho internacional, el multilateralismo y la diplomacia para contribuir a la resolución de los conflictos.

Comienzo del curso social al final de la pandemia