Sin evidencia científica alguna, la administración plantea con carácter general de una tercera dosis, cuando todavía una buena parte del mundo y de los sectores más vulnerables se encuentran totalmente desprotegidos. Esto supone un verdadero escándalo de los países ricos que se muestran tan egoístas como irresponsables.
Al margen de su recomendación limitada a personas con inmunodeficiencia, como acaba de precisar la FDA, la aplicación de la tercera dosis a cada vez a más grupos de edad, incluidos los menos vulnerables, por parte de gobiernos como el israelí, en contra del dramático llamamiento de las OMS a priorizar a grupos vulnerables y trabajadores sanitarios del tercer mundo, todo ello como consecuencia de las resistencias internas en los países desarrollados para completar la pauta de vacunación, y en un entorno con vecinos donde el acceso a las vacunas es mínimo, adquiere tintes de cortina de humo o de propaganda política de administración interna, pero sobre todo de un verdadero escarnio internacional.
Se trata de superar la lógica del beneficio y el nacionalismo vacunal, en favor de la solidaridad, la equidad y la salud global
Porque aumentan las dificultades para avanzar en la inmunidad de grupo en una parte significativa de los países desarrollados, que han visto como la desconfianza y el negacionismo ralentizaban la vacunación cuando ésta han llegado a los grupos más jóvenes y menos vulnerables, precisamente en el momento de la relajación de las medidas de control y de predominio de nuevas variantes, provocando en algunos de ellos como Holanda la pérdida de miles de viales caducados ante la imposibilidad de administración dentro del calendario prescrito, incluso para la donación efectiva a los países empobrecidos, debido a las dificultades de éstos últimos para administrarlas durante su periodo útil por sus limitadas capacidades logísticas.
Otro escándalo más, este de carácter global, que pone en evidencia también la incapacidad de los programas de solidaridad como covax, adoptados por más de ciento noventa países bajo el paraguas de la OMS para cumplir sus objetivos de solidaridad, mientras se mantiene incólume el derecho de las compañías farmacéuticas a la propiedad intelectual de las vacunas y de su producción, hoy por hoy, fuera del alcance de los continentes y los países más empobrecidos, para los que los modestos objetivos previstos del veinte por ciento de vacunación al finalizar el año 2021 adquieren a estas alturas las características de un relato de ciencia ficción.
En este caso, el escándalo es también la incapacidad de reacción de la comunidad internacional para corregir la lógica del beneficio, una vez se ha comprobado que las empresas farmacéuticas productoras de las vacunas han recibido una retribución más que generosa a tenor del desmesurado incremento de sus beneficios en este año merced a la venta de las vacunas de la covid19. No contentas con ello, incluso se han permitido revisar al alza los precios, ante la impotencia de los gobiernos y de los organismos internacionales, que se muestran impotentes para cumplir sus propios compromisos de hacer frente a la pandemia en su dimensión global y no solo nacional o continental.
Mientras tanto, en los países de nuestro entorno europeo como Francia, Italia o Alemania, con inesperadas dificultades para avanzar en la vacunación, bien se amaga o se toman de hecho algunas medidas disuasorias frente a las fuertes resistencias a la vacunación, como el requisito del pasaporte covid en buena parte del ocio, la cultura y la hostelería en interiores o la vacunación obligatoria, por ahora restringida a los trabajadores de sanidad y de cuidados que tratan con colectivos vulnerables, aunque como un mensaje explícito de implantación más general. Sin embargo, no parece que la estrategia tenga más éxito que las resistencias que está provocando en su contra.
En nuestro país, a pesar del éxito colectivo de la vacunación de sanitarios, ciudadanos y administraciones entre todos los grupos de edad y el avance imparable de la inmunidad colectiva, incluso con las nuevas variantes, también nos enredamos en estos debates importados sobre la obligatoriedad de las vacunas y los pasaportes covid, aunque estemos a punto de alcanzar el setenta por ciento de inmunidad vacunal y no tengan sentido con carácter general en España, y aún menos como estrategia disuasoria y además cuyo amparo legal estamos comprobando día a día que es cuánto menos discutible, a tenor de las dudas de algunos Tribunales Superiores en relación a la extensión del mencionado pasaporte vacunal, y de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de salud pública de Galicia en la que se rechazaba la vacunación obligatoria considerándola como un tipo de coacción corporal.
Aunque todavía hay quien para rebajar el éxito colectivo del liderazgo de España en la vacunación, vuelve a recurrir a la falta de unidades o al reparto discriminatorio sin evidencia alguna, o recurre a la desesperada al manido mantra de la ley de pandemias, al que a modo de cajón de sastre se van añadiendo nuevas medidas en cada fase de la pandemia, ya que después de haberle atribuido la capacidad de sustituir al estado de alarma ( corregida y aumentada por el Tribunal Constitucional como estado de excepción), y luego la capacidad de eludir el control judicial de las restricciones de salud pública, pretende incorporar ahora a la misma incluso la regulación del pasaporte vacunal y la obligatoriedad de las vacunas.
Sin embargo, solo tendría sentido abrir entre nosotros este debate sanitario, político y legal, si lo limitásemos a ámbitos concretos compuestos por personas vulnerables como son la sanidad, las residencias y si acaso las escuelas, siempre y cuando inesperadamente se frenase la velocidad de la vacunación y con ello la inmunidad, lo que no parece en absoluto probable. Para ello tendríamos además un arsenal legal en las leyes actuales de salud pública, sin inventarnos nuevas leyes sobre la marcha frente a la pandemia.
Porque en la quinta ola de la pandemia, ya no cabe duda de la efectividad de las vacunas frente a la enfermedad grave y la mortalidad en los países desarrollados donde éstas se han aplicado, con lo que la prioridad es compartir las vacunas con los países empobrecidos y en primer lugar con sus sectores más vulnerables, con patologías de riesgo y con determinantes sociales como la pobreza y la exclusión. Se trata de superar la lógica del beneficio y el nacionalismo vacunal, en favor de la solidaridad, la equidad y la salud global.
