El Gobierno de coalición ha comenzado a desmontar la reforma laboral del PP de 2012 con la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que amparaba el despido procedente por bajas médicas justificadas.
El decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros -ya en vigor desde este miércoles 19 de febrero-, era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos que el pasado mes de noviembre anunciaban una ofensiva sindical si no se derogaba dicho precepto.
Vea el decreto ley ya en vigor publicado en el BOE
Las alarmas saltaron con la sentencia del Tribunal Constitucional avalando el despido por baja laboral amparándose en el artículo 52d del ET. Pero el fallo chocaba frontalmente con la legislación europea que, que en la sentencia del 18 de enero de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencia justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.
Yolanda Díaz: “A partir de hoy, a nadie se le va a despedir por una baja médica justificada”
De hecho, en base a esta sentencia comunitaria, un juez de Barcelona declaró nulo un despido por baja médica al entender que se discriminaba al trabajador por su condición de “discapacitado”.
El Gobierno justifica la supresión de este precepto, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en “la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes, que son, en su mayoría, mujeres”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de esta cartera, Yolanda Díaz, ha destacado que “a partir de hoy, a nadie se le va a despedir por una baja médica justificada” y ha recordado que “el trabajo decente es un mandato internacional” y que “con esta derogación estamos reparando una anomalía de nuestro país con respecto a los países de nuestro entorno”.
El Ejecutivo resalta además que la derogación de este artículo “contribuirá a promover la prevención de riesgos, la salud y la seguridad en el trabajo, objetivos por los que el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene la obligación de velar”.
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