La nueva Ley de Memoria Democrática inicia su tramitación tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros. El anteproyecto de ley amplía y corrige significativamente la normativa de 2007 que aprobó el Gobierno de Zapatero empezando por sustituir el término ‘memoria histórica’ por ‘memoria democrática’. A diferencia de aquella, el Estado actuará de oficio y costeará la exhumación de las fosas franquistas y contemplará sanciones que podrían llegar hasta los 150.000 euros.
La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha explicado el contenido de esta ley que consta de 66 artículos y 5 títulos. Una normativa que obligará a reformar la ley de asociaciones y fundaciones y que creará una Fiscalía de Sala específica para la defensa de las víctimas del franquismo.
La Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos podrá investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales
Acotada al derecho internacional
Por su compleja materia conllevará obligaciones jurídicas. El Gobierno realizará consultas tanto con el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces, y con el Consejo Fiscal. La normativa pretende blindarse ante posibles interpretaciones judiciales contrarias a la misma -derivadas por ejemplo de otras leyes como la de Amnistía- ajustándose al reglamento internacional en materia de derechos humanos.
El artículo 10.2 de la Constitución, al que ha hecho referencia Carmen Calvo, establece que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
Como ya explicamos en estas mismas páginas, el derecho internacional ampara a las víctimas del franquismo y tal y como ha afirmado la vicepresidenta “esta ley se mueve en los parámetros de la defensa estricta de los derechos humanos” y en términos democráticos homologa a España con el resto de países de nuestro entorno.
Las 12 leyes autonómicas vigentes en este momento tampoco tendrán un valor jurídico por encima de la nueva norma que se regirá por el precepto constitucional que regula la legislación básica del Estado con competencia exclusiva (Art.149 de la Constitución). “Todos los responsables políticos están concernidos con el cumplimiento de la ley”, ha subrayado Calvo.
El Estado costeará la exhumación de fosas
El anteproyecto de ley establece la obligación de las instituciones públicas de recuperar los restos de las víctimas en fosas comunes. Se estima que en España hay, a día de hoy, más de 100.000 desaparecidos, en número somos el segundo país del mundo después de Camboya. La exhumación será sufragada por fondos públicos. Se elaborará un mapa de fosas, un listado de víctimas (Censo Nacional) y un banco de ADN. El Estado se ocupará de identificar los cuerpos y entregarlos a sus familias. “Lo peor que les puede pasar a las víctimas es que las olvidemos”, ha dicho Calvo.
Todas las víctimas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación
Refuerzo de recursos económicos y estructura
El Gobierno reconoce la complejidad que supondrá aplicar esta nueva ley: “Tardará mucho en el tiempo” según Calvo. Por ello, se aprobarán planes cuatrienales con recursos presupuestarios para sacarla adelante. La memoria económica va acompañada de un refuerzo de la estructura administrativa con la creación de una Subdirección dedicada a las víctimas dentro de la propia Dirección General de Memoria Democrática dependiente de la Secretaría de Estado homónima, órganos todos ellos creados bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.
Benedictinos, fuera del Valle
La nueva ley contempla lo que se ha venido en llamar la “resignificación” del Valle de los Caídos. Tras la exhumación de los restos de Francisco Franco, el Gobierno quiere convertir el espacio en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que ampara a la orden de monjes benedictinos “se extinguirá automáticamente, no estará en los fines del Valle”, ha asegurado Calvo. Para la reconversión del espacio, la vicepresidenta apunta a un “régimen transitorio” que el Gobierno regulará mediante decreto y que podría incluso conllevar la retirada de la enorme cruz que corona el mausoleo.
Fundación Francisco Franco
La Fundación Francisco Franco quedará extinguida. La ley declara ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente inciten al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. “No van a poder existir en nuestro país asociaciones con recursos públicos que enaltezcan cualquier tipo de figura dictatorial o la promoción del totalitarismo, no será posible ni legal”, ha sentenciado.
Nulidad de los juicios franquistas
La ley también incluye la nulidad de todas las sentencias decretadas por el régimen franquista y la retirada de títulos nobiliarios, condecoraciones y medallas a protagonistas del golpe militar de 1936 y posterior represión. “Condecoraciones que conlleven reconocimiento civil o militar a personajes inmersos en violaciones directas de derechos humanos”.
Otras cuestiones
Carmen Calvo ha destacado tres importantes novedades con respecto a la legislación anterior como es la perspectiva de género en el reconocimiento de las mujeres represaliadas, así como al pueblo gitano y a los homosexuales para “recomponer su reconocimiento y dignidad”. La ley, además, incluirá un "régimen sancionador" con multas que irán desde los 200 euros hasta los 150.000.
El Gobierno también quiere actualizar contenidos curriculares de memoria democrática para alumnos de la ESO y Bachillerato y proteger los archivos que permitan recuperar la memoria. El Panteón de Hombres Ilustres, donde las mujeres están “desaparecidas”, pasará a llamarse Panteón de España, ha asegurado Calvo que también ha reivindicado la figura de Clara Campoamor.
Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.
La ley incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura
El Gobierno ha estipulado dos fechas conmemorativas. El 8 de mayo servirá como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura; y el 31 de octubre, día en que el Parlamento aprobó la Constitución de 1978, como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas.
Según ha destacado la vicepresidenta, esta ley está “bajo el paradigma del nunca más”. Una ley para recordar que España “nunca debe perder sus libertades”, para “profundizar” la democracia. “Esta es una ley para la democracia española, que tiene que ver con el pasado, presente y futuro”. Pero también "para el reconocimiento, la dignidad y la justicia para las víctimas, compatriotas que lucharon contra el fascismo y que la democracia no puede ignorar”.
