Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron una iniciativa de Elkarrekin Podemos para que las indemnizaciones previstas en el fondo de compensación de las víctimas del amianto sean consideradas exentas en el IRPF. La propuesta salió adelante por unanimidad y con el voto favorable de los socialistas en contraposición de la negativa expresada por el Gobierno a que la exención se incluya en la Ley que regula dicho fondo.
Desde que comenzó la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Ley del Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto, tanto la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), como CCOO y UGT han venido reclamando que se incluyan las indemnizaciones previstas por este mecanismo entre las rentas exentas del IRPF.
Argumentan que, en primer lugar, se evitaría que las personas afectadas tengan que tributar un 47% de todas las rentas obtenidas en el ejercicio fiscal en el que se procede a indemnizarlas; también, para equipararlas a las obtenidas por sentencia judicial o a las previstas para las víctimas del terrorismo y del VIH, que sí gozan de la exención; y, finamente, para evitar que las víctimas se vean obligadas a recurrir en primera instancia a la vía judicial, que puede prolongarse durante muchos años.
En todas las ocasiones en que se ha planteado la cuestión, tanto durante la tramitación de la propia Ley del Fondo como en la de los Presupuestos Generales del Estado, las organizaciones han recibido la negativa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados y del Senado. La misma reclamación fue presentada a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en sendas reuniones mantenidas con los secretarios generales de UGT y CCOO para presentar el proyecto de PGE para 2023 y en ambos casos la respuesta fue negativa.
A juicio de ambos sindicatos, la negativa del Gobierno contrasta con la tramitación en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba de la iniciativa del Grupo Parlamentario Elkarrekin que, en virtud de las competencias fiscales de la Hacienda Vasca, concedería la exención fiscal para las indemnizaciones del fondo a las que accederían víctimas del amianto en los tres territorios históricos de Euskadi. Una iniciativa similar también ha sido presentada en el Parlamento Foral de Navarra, comunidad autónoma que también tiene competencias propias en materia fiscal.
La primera de estas iniciativas fue debatida y aprobada este 8 de marzo en Gipuzkoa. Fuentes sindicales aseguran que también hay un “amplio consenso” entre los grupos parlamentarios de las otras dos Juntas Generales y del Parlamento Foral de Navarra para que la iniciativa también salga adelante.
“Nadie entendería que no se atendiera una petición de mera justicia social y se establecieran víctimas de primera y víctimas de segunda categoría", advierten los sindicatos
FEDAVICA, CCOO y UGT exigen al Gobierno en su conjunto y en especial a la ministra de Hacienda y Función Pública “que siga el ejemplo de las instituciones vascas y navarras”, extendiendo la exención para el conjunto de las personas afectadas por el amianto de España. “Nadie entendería que no se atendiera una petición de mera justicia social y se establecieran víctimas de primera y víctimas de segunda categoría. Y de paso nos ahorraríamos el espectáculo de ver como víctimas de otras CCAA se empadronan en Euskadi y Navarra para evitar tener que tributar el 47% del conjunto de sus ingresos de ese año”, afirman.
Por otra parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá avanzó esta semana en el Senado que el reglamento de la Ley del fondo de compensación de las víctimas del amianto, trámite imprescindible para que la Ley entre en vigor, estará aprobada a finales de junio. Al respecto, los sindicatos recuerdan que la Ley preveía un plazo de tres meses para este desarrollo reglamentario que finalizo el 19 de enero, por ello reclaman que, “habida cuenta que ya no se puede evitar el retraso en su aprobación, al menos se apruebe la exención fiscal con anterioridad a la publicación del reglamento para que las víctimas puedan acceder a ella desde un primer momento de tramitación de las indemnizaciones”.
Los sindicatos también desmienten lo dicho por el ministro sobre que las víctimas y sus representantes habían pedido que no fuera un fondo sino una prestación del INSS para que así disponga de mayor "seguridad jurídica" y "garantías". Sobre este extremo, FEDAVICA, UGT y CCOO calaran que en todas las reuniones defendieron la necesidad de mantener el espíritu de la proposición de Ley del Parlamento Vasco que da origen al Fondo, que definía al instrumento como un fondo de compensación y a las cantidades a percibir por las personas afectadas como indemnizaciones.
Además -añaden-, en las dos reuniones celebradas con el Ministerio a propósito del Reglamento, “en ningún momento se ha abordado esta cuestión, ni por parte del Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ni muchísimo menos por nuestra parte”.
