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sábado. 04.02.2023
TRIBUNA DE OPINIÓN

Extrañas campañas de prensa en la democracia. Ahora le toca al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Desde hace varios años la dirección de las grandes instituciones culturales, como son ciertos museos relevantes, ha sido oscuro objeto de deseo

A principios de este siglo se inició en España una operación destinada a arrebatar al Gobierno y a la Administración el control de los grandes museos. La fórmula: exigir que la provisión de la dirección de estos grandes museos no correspondiera al Gobierno (que dirige la política interior como establece el artículo 97 de la Constitución), sino a una comisión de “expertos independientes”. Además, la selección de director no debía hacerse por un periodo de tiempo indefinido, sino con plazos determinados.

Eso es lo que a principios de siglo empezó a denominarse en el mundo de la Cultura el “código de buenas prácticas”. Era una operación muy bien pensada por parte del lobby de directores de museos privados y de algunas galerías de arte para imponer sus candidatos al Gobierno y para sacar a los grandes museos de la dirección del Gobierno que, no se sabe por qué, tenía que renunciar a la dirección de grandes centros culturales, aunque fuera responsable de los mismos ante el Parlamento.

La presión del lobby de directores de museos privados y de ciertas galerías no ganó la guerra (cada vez que tiene ocasión, siguen reivindicando ante el Ministerio de Cultura que se cumpla un inexistente “código de buenas prácticas”), pero sí ganaron dos batallas importantes, las de las Direcciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y la de la Biblioteca Nacional.

En el caso del MNCARS su Ley reguladora, la 34/2011, de 4 de octubre, prevé un “sistema de preselección” “con el asesoramiento de un comité de expertos y profesionales del mundo de la cultura y de su gestión” (artículo 10). Lo mismo dice el artículo 9 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional. En cambio, el lobby no consiguió imponerse en el Museo Nacional del Prado, donde no es obligado asesorarse de expertos “independientes” para decidir la designación de su director.

Esta introducción, destinada a recordar que tras la decisión de nombrar un director de un gran museo hay intereses parciales y hasta oscuros, viene a cuento a propósito de la intensísima campaña del diario ABC contra el director del MNCARS, Manuel Borja Villel. El motivo de la campaña está en la culminación del mandato del director de este Museo Nacional, pues en este mes de enero acaba su mandato, aunque puede presentarse a un nuevo concurso. Por lo que se desprende de la prensa honesta, el actual director del MNCARS no ha anunciado si se va a presentar a un nuevo proceso de selección, pero ya ha habido movimientos muy significativos en la prensa, concretamente en ABC, que merecen algún comentario porque estamos ante una fortísima operación de acoso y derribo contra el director del MNCARS que parece tener como fin que no se presente a un nuevo proceso de selección.

La operación de acoso y derribo se inició de forma aparentemente neutra con un breve recuadro del director del suplemento cultural de ABC el sábado 14 de enero de 2023 titulado El límite de la crítica. Ya era duro el breve artículo con el director del MNCARS (“deriva ideológica monolítica”, “programación que alienta el activismo” “naturaleza política (izquierdista) del arte en un Museo Nacional”, etc.), pero, como decía el título del articulito, entraba dentro de los límites de la crítica y nada se le puede reprochar. Pero esto era sólo el disparo de salida de una operación que hoy no ha terminado y no sabemos lo que durará.

Porque al día siguiente, el 15 de enero, la primera plana de ABC anunciaba: “El director del Reina Sofía lleva diez años con un contrato en fraude de ley”, para, a continuación, dedicar un editorial (“Fraude de ley en el Reina Sofía”) más dos páginas completas de la edición impresa en papel a acusar al director en situación administrativa irregular ¡desde 2012!

Como acusación basada en una interpretación jurídica, el artículo es una fantasía, aunque se apoye en la opinión de un Catedrático de Derecho del Trabajo de Murcia al que se identifica (¿no tenían otro catedrático más próximo de la materia que está en juego, que es el Derecho Administrativo?), de un Catedrático de Derecho Administrativo (cuyo nombre se oculta) y de un tercer jurista igualmente anónimo. El artículo no tiene desperdicio, tanto por la manipulación de la argumentación jurídica como, sobre todo, por el esfuerzo en asesorarse con varios juristas (bien que sólo uno aparece identificado). En definitiva, es mucha artillería pesada que no se dispara sin algún fin y así lo ha venido a comentar La Vanguardia del 16 de enero, que habla de una guerra cultural.

Como era de esperar, el desmentido jurídicamente preciso del propio MNCARS no sirvió para nada, pues el diario tenía preparado el plan de ataque y no lo iba a interrumpir por un comunicado que señalaba con exactitud los errores de la información del día anterior. Al día siguiente, ABC prosiguió su guerra con el señor Borja Villel con dos nuevas páginas de la edición impresa dedicadas a sembrar la alarma: “la reelección de Borja Villel como director podría ser impugnada. Juristas consultados dudan incluso de la validez de las decisiones en los diez años contratado ‘al margen de la ley’”.

En esta segunda entrega el diario siguió moviéndose en el campo pseudo-jurídico, con las mismas opiniones del Catedrático de Derecho del Trabajo (seguían sin encontrar uno de Derecho Administrativo que diera la cara). También publicaron como material de apoyo un breve artículo de un antiguo Director General de Bellas Artes. Si la utilización de medios torticeros siempre es criticable, estas dos entregas de ABC son particularmente tramposas, porque es muy fácil construir un pseudo-razonamiento jurídico que aparece siempre como muy creíble, aunque el especialista detecte enseguida que es mercancía averiada como la que ofrece el antiguo diario de los Luca de Tena.

Finalmente, la operación ha continuado el 17 de enero (escribimos este texto el 17 de enero por lo que no descartamos que el día 18 de enero vuelva a parecer otra entrega). El señor Borja Villel ha vuelto a la primera plana de ABC (El cuestionado legado de Borja-Villel) en compañía de Rafael Canogar, Antonio López, Luis Gordillo, Pablo Genovés, José Manuel Ballester y Guillermo Pérez Villalta que salen fotografiados.

Esta vez la táctica del ataque abandona lo jurídico y pasa a la gestión (La gestión de Borja-Villel en el Reina Sofía, en el punto de mira) y para ello hace hablar a conocidos artistas de los que sólo tres (Gordillo, Ballester y Carmen Calvo) frente a seis salen en defensa del director. En realidad, si ABC hubiera empezado su ataque a Borja Villel con este artículo, se habría movido dentro del campo de la libertad de expresión y no sería reprochable, pero como colofón (al día de hoy) de una serie tan dura de tres entregas, casi obliga a preguntarse qué hay detrás de esta operación.

¿Pretende ABC, igual que hace el Partido Popular, gobernar desde la oposición y participar en el nombramiento de director del MNCARS? ¿O, quizás, pretende también, como ha hecho el Partido Popular con los Magistrados del Tribunal Constitucional, simplemente vetar a los candidatos que cree que son del Gobierno de coalición? ¿O hay fines más espurios? ¿Quizá Borja Villel no ha satisfecho alguna petición de ABC? ¿Puede haber intereses subterráneos de algún lobby interesado en colocar en el MNCARS a alguna persona? ¿Actúa ABC por amor a la información y a la buena gestión cultural o por algún beneficio más tangible?

Todas estas preguntas deberían tener respuesta. Pero también nos deberían conducir a dos reflexiones. En primer lugar, en el mundo de la información no todo vale. No se puede crear un argumento pseudo-jurídico para conseguir un fin (en este caso, impedir que el director del MNCARS vuelva a presentarse a un proceso de selección).

La segunda reflexión no tiene connotaciones éticas sino prácticas. Incluso en la era de la prensa digital, dos páginas completas de ABC tres días seguidos, más dos primeras planas, más un editorial suponen una atención muy intensa, que un diario de la categoría de ABC dedica pocas veces.

Sería interesante conocer a qué se debe este interés tan elevado, quién ha pedido a ABC que monte esta gran campaña y a cambio de qué. Si en democracia el gobernante debe ser transparente y los ciudadanos deben conocer los motivos de la acción de cada Gobierno, la misma idea democrática exige que los medios de comunicación sean también transparentes y que el ciudadano conozca los motivos de la acción informativa de cada medio, sobre todo cuando la acción puede resultar desproporcionada a la importancia del caso.

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