Una de las estrategias habituales en el discurso de la derecha española consiste en acusar a los adversarios políticos de sus propias faltas.
El ejemplo más paradigmático y tradicional es el de la corrupción. Por no remontarnos a otras épocas históricas, el PP es, objetivamente, el partido con más casos y casos más graves de corrupción en la historia democrática de nuestro país.
De hecho, la única moción de censura que ha triunfado en la era constitucional española tuvo lugar precisamente como consecuencia de una sentencia judicial en la que se constataba la corrupción “sistémica” en el partido principal de la derecha. Sin embargo, el PP acusa continuamente a los demás de esta tara.
Durante las últimas semanas, Feijóo y los suyos no paran de acusar al Gobierno progresista y a su presidente de vulnerar la separación de poderes, sustento del Estado de Derecho, mandato constitucional y pilar de la democracia misma.
La mayor parte de sus argumentos son falaces, cuando no directamente ridículos.
Cada vez que el presidente Sánchez o un portavoz socialista reclama el cumplimiento del artículo 122 de la Constitución para renovar el Consejo del Poder Judicial, bloqueado por el PP con mayoría espuria desde hace más de cinco años, se les acusa de querer “controlar” la Justicia.
En cada ocasión en la que el Gobierno o la mayoría parlamentaria que le sustenta elige a un cargo público conforme a derecho, el PP y sus terminales mediáticas señalan su pasado de servicios al Estado, como si haber ejercido una responsabilidad pública supusiera automáticamente un baldón inhabilitante.
Se ha llegado a argumentar en tribuna solemne que el ministro Félix Bolaños ataca la separación de poderes, porque atesora en sus manos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Así de burdo y absurdo.
El PP utiliza su mayoría absoluta en el Senado para vulnerar de manera reiterada el principio democrático de separación de poderes
Sin embargo, el PP sí utiliza realmente su mayoría absoluta en el Senado para vulnerar de manera reiterada el principio democrático de la separación de poderes, sustento del Estado de Derecho, como dicen bien.
La mayoría del PP del Senado socava la separación de poderes cuando aprovecha un resquicio legal para que el Consejo General del Poder Judicial informe, condicione y limite la competencia del poder legislativo a la hora tramitar y aprobar las leyes que no le gustan a la derecha.
Acaba de hacerlo a propósito de una iniciativa de ley, respaldada por la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, incluso antes de que esta fuera tomada en consideración por la Cámara baja, y antes de conocer siquiera el texto definitivo que llegará al Senado tras el trabajo de ponencia, comisión y pleno.
La mayoría del PP en el Senado socava la separación de poderes cuando reforma su Reglamento a fin de diferenciar entre las iniciativas legales del poder ejecutivo -Proyectos de Ley- y las iniciativas legales del propio poder legislativo -Proposiciones de Ley-, a la hora de respetar o no las calificaciones de urgencia para su tramitación. Las iniciativas del Gobierno se respetan, pero las del Congreso no. Inconstitucional, además de ilógico.
La mayoría del PP en el Senado socava la separación de poderes cuando no respeta la prerrogativa constitucional del Gobierno a la hora de prestar conformidad o disconformidad para las iniciativas de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios -artículo 134.6CE-.
La Mesa del Senado está tramitando iniciativas de ley sobre las que el Gobierno ha manifestado su disconformidad, de forma motivada y constitucionalmente legítima. El argumento de la anualidad presupuestaria convencional resulta anacrónico en el tiempo de la “presupuestación en dos fases”, con la vigencia de las reglas fiscales europeas y las leyes de estabilidad que desarrollan el artículo 135 de la Constitución. Y lo saben.
La mayoría del PP en el poder legislativo del Senado socava también la separación de poderes cuando pide informes al Consejo General del Poder Judicial acerca de “la legalidad” de las Comisiones de Investigación que aprueba el propio poder legislativo en el pleno del Congreso de los Diputados.
La Constitución atribuye expresamente al Congreso y al Senado la capacidad de “nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público”, sin atribuir al gobierno de otro poder, como el Poder Judicial, papel alguno en su limitación, su condicionamiento o su control de legalidad.
En definitiva, el único poder que reconoce y protege el Partido Popular, en el Senado, en el Congreso o allí donde tenga influencia, es el poder del propio Partido Popular.
Todo lo demás es filfa tramposa.
