Este 30 de noviembre de 2022 me senté ante el televisor para seguir atentamente la sesión de control al Gobierno. Debo confesar que más como obligación de ciudadano responsable que por devoción, dado el bajo nivel cultural y político, que domina día tras día las sesiones del Congreso.
Mi sentido de la responsabilidad se hacía más exigente al estar previsto en el orden del día un debate inacabado e inacabable sobre la "ley del solo sí es sí", motivado por la interpelación del PP y VOX a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Un tema frente al que, de forma clara e inmediata, se diferencian la izquierda y la derecha.
Un debate que venía precedido por el triste y rechazable espectáculo que ofreció la diputada de VOX Carla Toscano insultando insidiosamente a Irene Montero, creando con ello un ambiente de confrontación áspera y peligrosa. Mas aún, cuando este tipo de intervenciones se transforman en una perversa práctica política de la derecha y permiten pensar que responden a una estrategia de acoso y derribo de un Gobierno legítimo y del marco democrático en el que desarrolla su acción.
El fuego se hizo llama cuando, respondiendo a una interpelación de una diputada del PP acusándola de "ejercer violencia constitucional a cuenta de la norma y de las rebajas de las penas y excarcelaciones de los agresores sexuales, tras la entrada en vigor de esa legislación", la ministra acusó al PP de fomentar la "cultura de la violación", tomando como referencia cercana las campañas institucionales de los gobiernos de Galicia y Madrid, con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer". Celebración con carteles en los que tanto el texto como la imagen (más esta por su inmediatez) contenían una criminalización de la mujer agredida y no del varón agresor, hijo de una cultura patriarcal.
No dudo al afirmar que cualquier ciudadano medianamente formado intelectualmente y con una mínima sensibilidad, interpreta que en el repetido eslogan "No tendría que pasar, pero pasa", añadido a una fotografía de una mujer con ropa deportiva, como la que usan cientos de mujeres como mi hija; o con minifalda, volviendo a su casa tras una fiesta a las 10 de la noche o paseando sola por un parque solitario, hay una clara acusación a las mujeres como incitadoras de los violadores que, arrebatados por un irresistible impulso viril, las atacan. Sin ser conscientes de que no es la pasión lo que impulsa la agresión, sino que es una manifestación del poder patriarcal, que toma posesión de la mujer que le pertenece por ley natural y divina. Es decir, la violación es irremediable.
Pero no ha sido esta reflexión la que desata mi indignación y mi protesta. Fue ayer cuando sentí impetuosa mi indignación, acompañada de preocupación y temor, ante el esperpéntico espectáculo que protagonizó la bancada del PP. Un alzamiento masivo, con gestos y voces amenazantes y bien orquestadas, al tiempo que un ritual y repetido: ¡Di-mi-sión! Un espectáculo que me recordó las siniestras escenas de las películas americanas, rodadas en el sur o el oeste, en las que una multitud, por no decir una horda enfebrecida, quería colgar de una soga al presunto asesino o al cuatrero, con mayor furor si era negro o inmigrante. Indignación y vergüenza.
La "cultura de la violación" es un concepto sociológico y político acuñado hace decenios e incorporado al lenguaje del debate público en los foros de casi todo el mundo, incluida la ONU
Tras escribir estas líneas, aun con el temor de haberme propasado, busco apoyo en opiniones más autorizadas y lo encuentro en dos artículos de rabiosa actualidad: "Qué es la cultura de la violación de la que habla Irene Montero" de Isabel Valdés, El País (30/11/20222) y "Cultura de la violación, descripción o calumnia", de Pedro Vallín, La Vanguardia(30/11/2022). Ambos rigurosos y docentes, que vienen a aclararnos que la "cultura de la violación" es un concepto sociológico y político acuñado hace decenios e incorporado al lenguaje del debate público en los foros de casi todo el mundo, incluida la ONU. Y supongo que también en los del tan ensalzado Occidente.
Lectura que me hace pensar en la obligación de todos los ciudadanos de procurarse, en la medida de sus posibilidades, información contrastada sobre los asuntos que afectan a nuestra vida colectiva. Exigencia mayor si de ciudadanos que ejercen como intelectuales se trata, y más, y más aún a los que ejercen como diputados en representación de todos nosotros. Y más, y más, y más a la Presidenta del Congreso que, a mi entender, demostró falta de conocimiento sobre el tema a debate, y se equivocó al interpretar como no "adecuadas" las palabras de la Ministra, en una admonición improcedente. En un responsable público, en un diputado, la ignorancia inexcusable es una falta grave. Un delito moral.
Me uno a los que, como ciudadanos que votan al partido que voten, escriban o alcen su voz apoyando a la ministra Irene Montero y a sus palabras en el congreso.
