viernes. 29.03.2024
INFORME DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD

Los jóvenes españoles deben destinar el 90% de su salario para el alquiler de vivienda

Los bajos salarios y los altos precios de la vivienda abocan a los jóvenes menores de 30 años a no poder abandonar sus hogares de origen.

Los jóvenes entre 16 y 29 años deberían destinar más del 90% de su salario para poder acceder a una vivienda de alquiler. Así lo refleja el Observatorio de Emancipación elaborado por el Consejo de la Juventud de España.

El informe, referido al primer semestre de 2019, muestra que, actualmente, solo el 18,6% de las personas entre 16 y 29 años de España están emancipadas desde el punto de vista residencial, esto es, residen en una vivienda distinta a la de sus hogares de origen, lo cual significa haber alcanzado un mínimo histórico desde finales de 2002.

En cuanto a la población entre 30 y 34 años, que solía distinguirse por unas pautas residenciales muy estables, también experimenta un leve retroceso en la emancipación residencial (del 71,2% del pasado año al 70,8% actual), señala el informe.

MÁS MUJERES EMANCIPADAS QUE HOMBRES

Las diferencias por sexo, sin embargo, se mantienen, de manera que, frente al 14,8% de los hombres entre 16 y 29 años, el 22,5% de las mujeres de su misma edad están emancipadas.

La desigualdad en las transiciones hacia la vida adulta según sexo se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que solo el 11,0% de las mujeres jóvenes emancipadas vive en solitario. Por el contrario, el 23,4% de los hombres jóvenes emancipados reside en hogares unipersonales.

El mercado de alquiler en España sigue encareciéndose de un modo notable (un 7,84% en apenas un año) y, de media, hoy alcanza los 880 euros mensuales. Hacer frente este importe supondría, para una persona joven, reservar la práctica totalidad de su sueldo neto (el 94,4%), ya que el sueldo medio esta en 11.188,73 euros anuales netos (15.664,22 euros para la franja de edad entre 30-34 años).

En cuanto al mercado de venta de vivienda, los precios también han crecido a lo largo del último año, pero con menor celeridad (3,12%). Sin embargo, aunque el coste económico de acceso a la compra de una vivienda libre para una persona joven sería muy inferior al del alquiler (62,4%), tampoco es una alternativa viable para la mayoría de las personas jóvenes ya que, en primer lugar, significaría superar el umbral máximo de endeudamiento del 30% y, en segundo lugar, porque pocas personas jóvenes pueden reunir los requisitos previos que se exigen para formalizar un préstamo hipotecario.

Una vía a la que están recurriendo las personas jóvenes es compartir el alquiler de una misma vivienda, puesto que en el segundo trimestre de 2019 implicaría tener que reservar el 30,8% de su salario.

"La emancipación juvenil es prácticamente ficticia”

Según Alejandro Delgado Rivero Responsable de Finanzas y Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España, “los datos nos dicen que la situación lejos de mejorar se sigue enquistando estableciendo cada vez más una estructura económica en la que la emancipación juvenil es prácticamente ficticia”, de ahí la necesidad -subraya- de que “se tomen medidas de regulación en el mercado de vivienda”.

Pese a que las condiciones laborales de la población joven han mejorado en comparación con el pasado año, los datos demuestran que tener un empleo no garantiza una mínima solvencia económica. A pesar del descenso registrado entre 2017 y 2018, el 22,1% de la población joven ocupada estaría en riesgo de pobreza y exclusión social.

Acreditar una sólida capacidad adquisitiva es cada vez más un requisito más imperativo para acceder a la compra o el alquiler de una vivienda libre. Solo el 10% de las personas jóvenes con los mayores sueldos podría financiar la compra de una vivienda libre con menos del 30% de su salario neto. El alquiler ni siquiera estaría al alcance de este reducido colectivo de la población joven.

El descenso de la autonomía residencial de la población joven a lo largo del último año ha sido una constante en la mayoría de las Comunidades Autónomas y muy acusado en Canarias, Cantabria y Castilla y León, precisamente tres de las cuatro Comunidades (junto con Andalucía) con la menor tasa de emancipación residencial entre la población entre 16 y 29 años.

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