España no ha sido un país muy dado a consensos. La derecha siempre ha considerado su derecho y competencia la dirección del Estado. Excepto breves episodios, como la de la I República, la derecha representante de los grandes poderes económicos, la oligarquía formada por la alianza de los grandes industriales vascos, los latifundistas andaluces y el alto funcionariado de Madrid con acuerdos en ocasiones con los industriales textiles catalanes, coparon el poder político al margen de la gran mayoría de los españoles. Esta coalición de las clases dominantes siempre tuvo el soporte ideológico de la Iglesia. La Restauración con su modelo de alternancia bipartidista y posteriormente cuando entró en crisis la Dictadura de Primo de Rivera significaron el pleno dominio de la alianza conservadora de las clases dominantes que finalmente se rompió con el advenimiento de la II República. Durante este tiempo los representantes de la derecha tienden, cómo máximo, algún puente hacia las derechas nacionalistas periféricas pero siempre excluyendo del diálogo a partidos representantes de los sectores más populares.
La II República significa un breve espacio de tiempo donde las clases subalternas que incluyen desde sectores de la pequeña burguesía a la clase trabajadora y el campesinado gozan de algunos momentos de acceso al poder político. No todo el espacio de tiempo de la II República fue progresista ya que durante el “bienio negro” la derecha volvió a copar el gobierno hasta la victoria del Frente Popular. La época de la II República no fue un período de consenso, al contrario, las derechas efectuaron una dura confrontación contra todas las actuaciones modernizadoras de los gobiernos republicano-socialistas. Finalmente la confrontación acabó con el golpe militar y la instauración de una dictadura que persiguió con saña a sus oponentes e instauró cuatro décadas de poder absoluto de las derechas políticas y económicas y que comportó la persecución de toda forma de disidencia y el dominio de un régimen franquista avalado por una ideología nacional-católica.
La muerte de Franco provocó el final de un sistema que ya no servía ni para el propósito de la propia necesidad del desarrollo económico del país. Para dar salida a la situación se dio una convergencia de intereses entre los sectores más aperturistas del régimen y las fuerzas de la oposición democrática fundamentalmente de izquierdas.
La “Transición” y la Constitución del 78 fueron fruto de un extraño episodio de consenso en la política española. La principal fuerza de la derecha, la UCD, representaba un modelo más moderno capaz de dialogar y pactar con las diversas fuerzas de la oposición tanto en lo referente a los aspectos económico-sociales como en la definición de un marco político constitucional que pusiera fin a la larga dictadura franquista.
En toda la historia moderna de España no se ha dado un período más fecundo de colaboración política entre actores diferentes. Y eso que fue un momento nada fácil, con una difícil situación económica y aún más política. Cabe señalar que se tuvieron que afrontar desde intentonas y atentados de la extrema derecha hasta los múltiples atentados terroristas que daban alas a los sectores más extremos de las fuerzas armadas.
En todo este marco la mayoría de fuerzas políticas llegaron a complejos acuerdos tanto en el plano socioeconómico como fueron los “Pactos de la Moncloa”, la Constitución del 1978, el Estatuto de los Trabajadores del 1980, o la Ley del divorcio de 1981. De estos amplios consensos sólo se situó al margen Alianza Popular, el representante más claro de los restos de la derecha franquista más recalcitrante.
Pero esta época de consenso lamentablemente fue breve. La implosión interna de la UCD, y la aglutinación de las fuerzas de derechas en Alianza Popular y en su posterior transformación en el Partido Popular liquidaron los consensos y se transformaron en duras confrontaciones políticas que nos han llevado a la actual situación. Así hemos visto cómo el PP se ha situado en contra de todos los avances en la consecución de derechos sociales, aborto, matrimonio homosexual o últimamente eutanasia, así como cuando ha gobernado ha efectuado recortes unilaterales tanto en impuestos como en las condiciones socio-laborales. Asimismo se ha manifestado en contra de todo lo relacionado con la Memoria Histórica y nunca han renegado abiertamente del período de la dictadura. Su deseo de aglutinar a toda la derecha incluso la más extrema le ha llevado a radicalizar sus posiciones impidiendo cualquier avance en la modernización constitucional.
La defensa del federalismo no debe ser únicamente patrimonio de la izquierda sino de todas las fuerzas con una cierta racionalidad política
Podemos afirmar claramente que hoy en día sería imposible acordar siquiera la propia Constitución del 1978. Y esta situación es grave porque no hay duda que existen aspectos de la Constitución que se deberían profundizar especialmente en lo referente a la propia estructura del estado autonómico.
Tal como ha propuesto recientemente la Asociación por una España Federal, en estos momentos avanzar hacia un modelo de Estado federal en España “no es una propuesta de izquierda o de derecha, sino la evolución natural y necesaria del Estado autonómico en España”. La propia pandemia del Covid ha demostrado los aspectos positivos pero también las insuficiencias del actual modelo de estado. Se ha demostrado como dice el documento que se precisa “poseer adecuados instrumentos de colaboración entre los diferentes niveles de la Administración, que garanticen unos sólidos autogobiernos territoriales junto con una autoridad “federal” fuerte y dinámica, capaz de garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía en su conjunto y la eficacia de la acción pública”.
Avanzar hacia un Estado Federal como es el existente en la RFA no debería ser una confrontación entre la derecha y la izquierda estatales en una sociedad democrática, pero sí que es imposible ante una derecha extrema que desearía una recentralización del Estado bajo una perspectiva de nacionalismo español extremo. Lamentablemente carecemos de una derecha moderna como la que el espejismo de la UCD pareció hacer posible. Pero el espejismo desapareció rápidamente y reapareció la cara rancia y reaccionaria de la derecha tradicional ajena y contraria a todo tipo de lo que ellos consideran “modernidades”.
Lo necesario sería una lógica transformación del actual modelo de Estado hacia un Estado Federal más armónico, eficiente, racional y moderno que parece difícil en un momento en el que sólo desde la izquierda se defiende y aún de forma pacata por sus principales representantes políticos. La defensa del federalismo no debe ser únicamente patrimonio de la izquierda sino de todas las fuerzas con una cierta racionalidad política.
Pero parece que aún tardará ese tiempo. Hoy el federalismo se enfrenta a poderosos enemigos para alcanzar un consenso para una modernización de España. Se enfrenta no sólo a las derechas retrógradas y centralistas sino también a los nacionalistas periféricos con falsos sueños independentistas y hasta a unas izquierdas adolescentes que tratan de diferenciarse bajo proclamas pseudo-confederales.
Lamentablemente no es tiempo de consensos ni de modernización, por suerte existió la Transición y el breve período de consenso que alumbró la Constitución del 78.
