La aprobación en la Comisión del Congreso de los Diputados del texto de la Ley de creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto supone un primer paso en el objetivo hacer justicia con las personas afectadas por este asesino silencioso. No obstante “aún no es el definitivo”, señalan las entidades de afectados.
Se trata de una reclamación de asociaciones de víctimas del amianto y sindicatos largamente demorada y que persigue evitar el calvario de procesos administrativos y judiciales que se prolongan durante años y que muchas veces se dilucidan tras el fallecimiento de la persona enferma.
A juicio de CCOO hay tres cuestiones clave que todavía no se han concretado en el texto aprobado y que aún están pendientes de dilucidar. En el desarrollo reglamentario que deberá acometer el Gobierno en el plazo de tres meses tras la publicación de la Ley “!se deberá determinar el alcance de las personas beneficiarias, en concreto de los causahabientes.” Para CCOO este derecho debería alcanzar a “cónyuges e hijos en el caso de las personas fallecidas, como sucede en las indemnizaciones que se vienen resolviendo a través de procesos judiciales.”
Para CCOO quedan asuntos clave por resolver para las víctimas del amianto
Otro aspecto que queda para el desarrollo reglamentario es el establecimiento de las cuantías de las indemnizaciones, y se trata de un elemento fundamental porque sin unas indemnizaciones “dignas” la mayoría de las víctimas renunciarían a acogerse al fondo y se verían abocadas de nuevo a la vía judicial.
Y finalmente, en el texto aprobado no se ha concretado el establecimiento de una exención de tributación para estas indemnizaciones, tal y como habían solicitado las asociaciones y sindicatos a los grupos parlamentarios. Esta reclamación se basa en precedentes ya existentes, como sucede con las ayudas a las personas afectadas por VIH.
Aun siendo valorada positivamente por los sindicatos y asociaciones de afectados por el amianto, consideran que “antes de que finalice la tramitación legislativa, se debe asegurar en su desarrollo reglamentario unas cuantías dignas de las indemnizaciones, su exención tributaria y su cobertura a cónyuges, hijos e hijas de las personas que han perdido a sus familiares por la exposición a un material del que se conocía su letalidad y en la que el Estado tiene una clara responsabilidad por haber demorado durante demasiadas décadas su prohibición definitiva de uso.”
