martes. 18.06.2024
ALCALÁ DE HENARES | COMUNIDAD DE MADRID

Una sentencia demoledora por "prevaricación ambiental" le estalla en la cara al PP de Alcalá de Henares

"Hoy lo que se condena es el bartolismo, afirma el alcalde socialista Rodríguez Palacios, en alusión a la política llevada a cabo por el que fuera primer edil del PP entre los años 2003 a 2012 Bartolomé González.

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PP de Alcalá de Henares.

Seguro que muchos vecinos de la calle Briguega, en Alcalá de Henares, recuerdan la pesadilla que sufrieron durante años por el continuo ir y venir de autobuses operando a pocos metros de sus viviendas en una estación de autobuses que no tenía permiso para ello. Ruidos, contaminación durante las 24 horas del día de lunes a domingo: 152 autobuses en turno de mañana, 49 en turno de tarde y 30 durante toda la noche. Las denuncias no tardaron en llegar y ahora un juzgado ha dado la razón a esos vecinos afectados.

LA HERENCIA DEL BARTOLISMO

Los hechos ocurrieron entre los años 2005-2014, bajo gobiernos del dirigente 'popular' Bartolomé González, peso pesado del PP de Madrid y cuyo legado político, el ‘bartolismo’, es esgrimido ahora con orgullo por la candidata del PP a la alcaldía complutense Judith Piquet y su equipo al que les ha estallado en la cara la sentencia que condena a uno de sus concejales y a otro ex edil de la formación por prevaricación ambiental.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Alcalá de Henares ha condenado al actual concejal del partido Tomás Marcelo Isoldi Barbeito y al ex concejal del PP Francisco Javier Fernández Abad por el delito de prevaricación ambiental recogido en el artículo 329.1 del Código Penal al permitir el funcionamiento de la estación de autobuses de la calle Brihuega durante 24 horas sin licencia de actividad y funcionamiento. Y todo bajo el Gobierno del entonces alcalde Bartolomé González que, aún siendo conocedores de las continuas denuncias y quejas de los vecinos desde 2005, hicieron caso omiso a las mismas, permitiendo que la estación siguiera operando sin interrupción y sin respetar los límites de emisión de ruidos y contaminación.

UNA SENTENCIA DEMOLEDORA

La sentencia condena a ambos a la pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 8 años y pago por la mitad de las costas procesales.

Además de la pena, ambos condenados deberán indemnizar a varios vecinos por los desperfectos ocasionados y también a otro por el valor inferior en la venta de su vivienda motivada por los ruidos.

El tribunal considera que los condenados actuaron “dolosamente” al conocer la situación y no actuar “y en consecuencia de forma punible” al no atender a las denuncias. “Los acusados, a sabiendas de la situación por la que estaban pasando los vecinos, no actuaron, lo que conlleva el dolo o elemento de la voluntad intencionada de los acusados pese a recibir a los vecinos de no tramitar y solucionar las quejas”, afirma.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AYUNTAMIENTO

El juez determina además que el Ayuntamiento de Alcalá tiene que responder de forma subsidiaria ante las cuestiones económicas derivadas de la sentencia, un ‘pufo’ que le llega al actual equipo del socialista Javier Rodríguez Palacios que ha exigido la inmediata dimisión del edil del PP y ha vuelto a lamentar que el consistorio tenga de nuevo que hacerse cargo del reguero de deuda millonaria que continúa desde la época del ‘bartolismo’.

En caso de que los concejales no se hagan cargo del pago de la multa, el Ayuntamiento deberá pagar 2.000 euros a cada vecino afectado, e incluso -se temen- la diferencia del importe del inmueble vendido por debajo de su precio otro ciudadano. A todo esto se suman los 30.000 euros diarios que los alcalaínos siguen pagando en concepto de deuda de la época de Bartolomé González, uno de los dirigentes del PP investigados por la púnica.

BARTOLOMÉ SIGUE SIENDO EL 'JEFE'

En declaraciones a los medios, Rodríguez Palacios ha sido muy tajante al afirmar que durante los diez años que estuvo operando ilegalmente la estación de autobuses “no se escuchó a los vecinos y vecinas y no se hizo caso a sus denuncias”. A su juicio, esta sentencia es “una condena al ‘bartolismo’”, una condena "a esa forma de gobernar y gestionar lo público por parte del PP de Alcalá de Henares".

"Un estilo -a juicio del alcalde socialista- que parece que ahora quiere resucitar Judith Piquet, quien sigue llamando jefe a Bartolomé González y contando en su candidatura con personas notables de esta época, que hoy han sido condenadas”, ha asegurado el dirigente del PSOE. También ha recriminado a la cabeza de lista ‘popular’ que lleve en sus listas para las elecciones del 28 de mayo a dos personas que formaron parte del equipo de Gobierno de Bartolomé González.

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