La privatización sanitaria en Madrid se ha convertido en un suculento nicho de negocio para el gigantesco entramado lobista que opera con total libertad en la gestión de la sanidad pública.
El grado de influencia de estos grandes grupos de presión operados por empresas del sector ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, monopolizando la contratación pública en infraestructuras, suministros y gestión del servicio.
Audita Sanidad ha identificado esta red y a sus principales protagonistas en cuyas manos se quedó el 73% del importe de contratación durante el año de pandemia doblando prácticamente las cifras del periodo 2014-2017.
Aunque la Comunidad de Madrid no es la única del Estado español que está siendo engullida por los lobbies sanitarios, sigue siendo unos de los territorios más codiciados dada la millonaria partida presupuestaria de la que cada año dispone la Consejería de Sanidad: alrededor de 9.000 millones de euros.
En su informe ‘Los lobbies en Sanidad 2020, Audita Sanidad identifica 20 grandes grupos de presión y su peso e influencia en la gestión de la sanidad pública madrileña.
73 de cada 100 euros
Con datos obtenidos del BOCAM y del portal de transparencia de la Comunidad, en el peor año de la pandemia, los lobbies sumaron casi 800 millones de euros de dinero público en contratos adjudicados por concurso de licitación, el 72,68% frente al 55,58% de media entre 2014-2017. O lo que es lo mismo, 73 de cada 100 euros.
Las cifras corresponden a 1.531 contratos que fueron a parar a empresas lobistas, del total de 2.222 licitaciones (68,90% de los contratos), frente al 56,8% de media entre 2014 y 2017
[El informe no incluye contratos menores o ‘contratos a dedo’ que será objeto de otro estudio].
El informe revela cómo la Fundación IDIS, que aglutina los principales grupos de hospitales, clínicas privadas, compañías aseguradoras de nuestro país y laboratorios farmacéuticos, es el lobby más beneficiado con 1.404 adjudicaciones conseguidas por un valor de 603.559.185 de euros.
Le sigue la Fundación España Salud, que la forman empresas tecnológicas, de gestión de la salud, farmacéuticas, biotecnológicas y medios de comunicación, con 778 contratos por valor de 460.002.361 euros y ANEFP, que agrupa farmacéuticas para el autocuidado de la salud, con 621 contrataciones que suman 405.254.465 euros.
A la influyente Fundación IDIS pertenece también el cuarto en el ranking, Farmaindustria, lobby que agrupa a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos establecidos en España, controla la práctica totalidad de las ventas de medicamentos de prescripción bajo patente, y obtuvo 545 contratos por un importe de 384.386.139 euros.
Le siguen la Fundación ECO, (473 contratos y 360.037.735 euros), SEDISA (452 por 329.553.398 euros) y continúa hasta el total de 20 grupos de presión que abarcan empresas privadas de todos los sectores.
Como muestra de relación entre empresas y lobbies, Johnson & Johnson, Roche, y Bayer, tres grupos farmacéuticos que guardan relación con once, nueve y ocho lobbies diferentes respectivamente, copan las primeras 20 posiciones del ranking (el 71% del total) por importe de adjudicaciones a empresas lobistas.
Además, durante 2020 se dieron dos casos particulares de financiación; el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y el Hospital de Campaña IFEMA. El primero contó con 32 contratos por 77.194.426 euros a manos de alguno de los lobbies nombrados.
El resto de los casi 124 millones fueron a manos de empresas constructoras y de servicios, lobbistas de otros sectores, hasta generar su sobrecoste de casi el 180% respecto de lo presupuestado. En el Hospital de Campaña de IFEMA se gastó 87.596.776 euros a través de 227 adjudicaciones (un coste diario de casi 1,8 millones de euros) por 41 días de actividad.
Y todo ello, mientras la deuda acumulada ascendía a 34.604 millones de euros en 2020, un 148% del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, denuncia el colectivo.
"El enorme caudal de dinero público adjudicado busca la medicalización de la vida y la mercantilización de la sanidad, merma recursos humanos públicos, los atrae hacia el sector privado, y acaba en manos privadas de estos lobbies a través de su influencia en las políticas públicas, de la utilización por medios lícitos o ilícitos de la Ley de Contratos del Sector Público, y de la política de precios abusivos en el sector farmacéutico”, afirman desde Audita Sanidad.
