El Papa Francisco recibió el pasado sábado, 31 de agosto, en el Vaticano, a una delegación de víctimas de bebés robados en España.
Es la primera vez que un Papa recibe a este colectivo que lleva años luchando por conseguir que el Estado español se comprometa activamente en la búsqueda de los desaparecidos, que se cuentan por decenas de miles.
La cita, a las 12 del mediodía se prolongó durante una hora, en la que Su Santidad charló en privado con un grupo de 10 personas encabezado por Ana Cueto, presidenta de Avidna y principal impulsora de esta audiencia.
Al encuentro también asistieron los letrados Elba Trujillo Mesa y Miguel Ángel Rodríguez Arias en representación de Avidna. Este último es experto en derecho penal internacional y autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad”, en el que el juez Baltasar Garzón basó parte de sus actuaciones en la causa abierta contra el franquismo en 2008 en la Audiencia Nacional.
La Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (Avidna) acaba de ser reconocida por el Gobierno de España como “asociación de utilidad pública”. En conversación con Nuevatribuna, su presidenta ha valorado “muy positivamente” su encuentro con el Papa que fue confirmado por carta por el Vaticano el pasado 1 de junio. Cueto pone en valor la “amable” actitud y el “interés” que mostró el Pontífice que se comprometió a interceder por los casos de los bebés robados en España.
El gesto del Papa trasciende lo simbólico por cuanto la Iglesia española está en el foco de las demandas que hace el colectivo, la de poder acceder a los archivos, esenciales para poder esclarecer muchos de los casos. Esa fue precisamente una de las cuestiones que las víctimas plantearon al Papa el sábado pasado. La Conferencia Episcopal Española sigue sin facilitar esos legajos amparándose en los Tratados y Concordatos entre la Santa Sede y el Estado español. Sin embargo, “la información contenida en esos archivos podría paliar en parte el sufrimiento de muchas víctimas”, señala Ana Cueto.
Las víctimas abandonaron el Vaticano con la seguridad de que Su Santidad “se va a interesar personalmente” por esta causa. El encuentro transcendió con “mucha discreción” y estuvo “teñido de humanidad y sincera preocupación”. Según nos cuenta Cueto, el Papa se mostró “sorprendido” con la “parálisis” institucional y habló del caso argentino, cuando cientos de niños fueron arrancados de los brazos de sus progenitores naturales durante la dictadura.
España es el segundo país del mundo en número de casos después de los niños aborígenes sustraídos en Australia
Pero a diferencia de Argentina, que cuenta con la ley de 1986, en España no existe legislación que ampare a estas víctimas. Hay que tener en cuenta, nos recuerda Cueto, que en el robo de bebés en España se produjo durante el franquismo, pero también después, ya bien entrada la democracia. El último caso registrado es de 2001. En España, los casos se cuentan por decenas de miles siendo el segundo país del mundo en número de casos después de los niños aborígenes sustraídos en Australia. “Somos el segundo país en número de niños robados y el segundo en fosas. España no es cualquier caso. No hay parangón en Europa”, recuerda el letrado Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien también asesoró a Avidna que logró en 2016 que el Parlamento de Canarias reconociera a estas víctimas como lesa humanidad y admitiera y diera calificación jurídica favorable a la primera ley de niños robados de España, aprobada este mismo año.
Las víctimas no quieren venganza. No buscan condenas para los presuntos culpables. Solo esperan la ayuda institucional necesaria para encontrarse con sus seres queridos. Así se lo transmitieron al Papa Francisco, “conocer la verdad” -en palabras de Cueto-, procurar que "este crimen se pueda arreglar de aquí al futuro”.
Las víctimas denuncian que persiste el "bloqueo institucional". A día de hoy solo se ha producido una sentencia, la del doctor Vela, pero el crimen ha prescrito. La prescripción es el criterio que esgrime la Fiscalía General del Estado para dar carpetazo a la causa, calificada de "trama" por las víctimas.
Por el contrario, los colectivos de víctimas subrayan que se trata de desapariciones forzadas, un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Cueto subraya que España ratificó en 2011 el Convenio de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que mandata el “deber del Estado” en la búsqueda activa de estas personas, ahora circunscrita al ámbito personal de las víctimas. “La justicia española no está buscando a las familias biológicas de las víctimas y tampoco está buscando a nuestros hijos desaparecidos en democracia”, lamenta con tono impotente Cueto.
“Creemos que hay una voluntad sincera” por parte del Santo Padre para “hacer algo”, señala Cueto, al menos en lo que se refiere a los archivos eclesiásticos, “consciente de que han existido dificultades” hasta ahora que confía puedan solventarse en el corto plazo.
