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El Comisario de Justicia de la Comisión Europea, el liberal belga Didier Reynders, cesa en su cargo para aspirar a otro en el Consejo de Europa. No se puede decir que Reynders haya actuado con neutralidad en los temas judiciales españoles. Ha hablado demasiado y siempre en favor de las posiciones de la derecha política y judicial española y ha sido sensible al lobby judicial europeo, que pretende asentar una cierta autonomía política del Poder Judicial, autonomía que no prevén los Tratados de la Unión.
Pero, en los últimos meses Reynders se encontró en una situación inesperada, porque el Partido Popular español −para seguir mareando la perdiz de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)− propuso que el Comisario europeo de Justicia actuara como mediador entre el partido conservador y el Gobierno para intentar llegar a un acuerdo sobre la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial. La mediación no tenía el menor recorrido, porque el Partido Popular ponía como condición para acceder a la elección del nuevo Consejo que el Gobierno se comprometiera a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce Vocales de extracción judicial del CGPJ fueran elegidos por los propios Jueces y Magistrados, sin intervención parlamentaria, como ocurrió hasta 1985. Esa petición significaba que el principal partido de la derecha pretendía lograr mediante la extorsión lo que no puede alcanzar en el Parlamento, porque no tiene suficiente mayoría. Por eso, la negociación −con o sin mediador− estaba condenada al fracaso. Sabiéndolo, el Gobierno acepto reunirse varias veces con el representante del Partido Popular y con el Comisario europeo, pero las condiciones que ponía la derecha hacían imposible todo acuerdo.
Salvo para cambiar el modo de elección del CGPJ, el Partido Popular no quiere renovar un órgano que tendría que haberse cambiado hace seis años. Ante todo, la derecha política y la derecha judicial no quieren un Consejo que refleje la mayoría parlamentaria actual porque las asociaciones judiciales conservadoras (que actúan como sindicatos) perderían poder y capacidad de convocatoria. Ambas derechas prefieren un CGPJ agónico, que no está en plenitud de funciones, antes de que su composición responda a la mayoría parlamentaria. Han calculado que es mejor un Consejo mortecino (se anuncia ya la dimisión del Presidente en funciones) que un nuevo Consejo de mayoría progresista con un mandato de cinco años. Todo lo fían en aguantar así hasta las próximas elecciones que tienen la esperanza de ganar. Pero ese cálculo es doblemente equivocado. En primer lugar, porque las próximas elecciones pueden celebrarse en 2027 y no es seguro que las ganara la derecha. Y, en segundo lugar, porque incluso en esa hipótesis podría ocurrir que los partidos progresistas se negaran a participar en la renovación del CGPJ.
Las consecuencias de la no renovación se están notando en todos los niveles de la vida judicial, pero, sobre todo, en la pérdida de plazas del Tribunal Supremo, lo cual tiene una consecuencia subjetiva y es que hay muchos Magistrados que tenían esperanzas de ascender y ven que pasan los años y se acerca su jubilación. Luego están las listas de candidatos judiciales al CGPJ de 2018, algunos de los cuales quizá se jubilen antes de la elección. Y está la incapacidad del actual Consejo de gestionar el servicio público de la Justicia, lo que comporta grandes retrasos que afectan a todos los ciudadanos.
El Partido Popular se ha metido en una trampa de la que no sabe salir. Incluso su principal aliada, la Asociación Profesional de la Magistratura, empieza a pensar que han llegado demasiado lejos, a juzgar por el último comunicado de 11 de abril. Es cierto que en este comunicado se quejan de que el Consejo prorrogado se ha visto privado de parte de sus funciones por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, sin indicar que esa reforma ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en una Sentencia, la 128/2023, de 2 de octubre, que es un texto modélico para entender la posición constitucional del Poder Judicial en España. Pero, al mismo tiempo, la APM hace un llamamiento a renovar el CGPJ porque es consciente de que la no renovación perjudica a todos los miembros del Poder Judicial. Porque, más allá de su orientación mayoritariamente conservadora, los Jueces y Magistrados quieren realizar una buena carrera profesional y disponer de medios adecuados para hacer su trabajo. Y esas aspiraciones no se pueden alcanzar con un CGPJ mortecino, que no puede gestionar algo tan complejo como el gobierno del Poder Judicial.
Pero eso no quiere decir que el Partido Popular vaya a cambiar su actitud. El boicot al CGPJ es ya un elemento de su identidad política y no será fácil que cambie… salvo que vea un peligro mayor si el Gobierno se decide a tomar una iniciativa legislativa extraordinaria.
Publicado en Sistema Digital
