Las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores tachan de "inadmisible" la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de suspender la votación que el Pleno del Senado debía celebrar esta semana en torno a los mecanismos para su renovación. La proposición de ley que contenía esas modificaciones fue aprobada el pasado jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados y estaba previsto que finalizara su tramitación en la Cámara Alta esta semana.
Para los sindicatos mayoritarios, "la decisión del Constitucional supone un precedente muy peligroso que pone en cuestión abiertamente la efectiva separación de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones, con la expresa rebaja de la calidad democrática de nuestro país".
Ante esta resolución, tomada por un pleno del alto tribunal con parte de sus miembros con el mandato caducado desde el pasado mes de junio, entre ellos el de su propio presidente, Pedro González-Trevijano, ambos sindicatos han criticado que "aquellos miembros del tribunal que son juez y parte no están capacitados para tomar decisiones sobre una cuestión que les incumbe personalmente".
La obstrucción por parte del Tribunal Constitucional al normal desarrollo del procedimiento legislativo supone un golpe directo en la línea de flotación de la división de poderes
Tras una medida que los sindicatos califican como "injusta", exigen al Gobierno que aborde la reforma de los órganos judiciales y constitucionales y utilice la potestad legislativa que le confiere la Constitución para elaborar una proposición de ley, con carácter de urgencia, que acometa una reforma con todas las garantías judiciales, que es más necesaria que nunca tras lo ocurrido ayer, y que evite que situaciones como esta puedan volver a repetirse.
"La obstrucción por parte del Tribunal Constitucional al normal desarrollo del procedimiento legislativo supone un golpe directo en la línea de flotación de la división de poderes y, además, constituye una absoluta falta de respeto a la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, como detalla la ley de leyes. Para UGT y CCOO, "ningún tribunal puede convertirse de facto en una tercera cámara, tal y como ha sucedido con esta decisión adoptada por el Tribunal Constitucional".
"Los más de cuatro años de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora del Tribunal Constitucional son ya de por sí insoportables en términos de calidad democrática y del respeto institucional entre los poderes del Estado, pero su instrumentalización es la conculcación de los principios democráticos más elementales que deben regir un Estado social y de derecho como el nuestro", concluyen ambos sindicatos.
