Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
Los datos reflejados en un informe de CCOO de Madrid sobre violencia machista en la región, indican una importante desafección de las madrileñas con el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, ya que solo la mitad de las mujeres asesinadas habían presentado denuncia. El hecho de que la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género esté caducada, dificulta dotar de una orientación estratégica a las cantidades presupuestadas.
La Comunidad de Madrid debe cumplir con su obligación legal de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en hospitales públicos
El informe que elabora anualmente el sindicato tiene como objetivo visibilizar y actuar contra esta violencia, porque “no se puede naturalizar su persistencia ni consentir discursos negacionistas. Como sociedad no debemos olvidar que la violencia contra las mujeres representa una brutal manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, y que se trata de la violación de derechos humanos más extendida del mundo”, asegura Lidia Fernández, responsable de mujer de CCOO Madrid.
La punta del iceberg
La violencia contra las mujeres en la Comunidad de Madrid es estructural, un mecanismo de control cuyo origen es la jerarquía sexual, según la cual las mujeres tienen un mandato de obediencia y sumisión a los varones.
Se presenta en diversas formas, de las que los asesinatos son, tan solo, la punta del iceberg. Tanto las mujeres asesinadas, como sus asesinos, se sitúan en variadas y distantes franjas de edad, mostrando, una vez más, que el único factor de riesgo es ser mujer.
Las mujeres que han percibido ayudas económicas al amparo del Artículo 27 de la Ley 1/2004 en nuestra región (329 en los años 2024 y 2025) están por debajo de otras como Galicia (658) o Andalucía (433). El número de mujeres que han accedido a un empleo en el marco de la contratación bonificada a víctimas de violencia de género, sexual o trata, es ínfimo.
Los servicios de atención están mayoritariamente externalizados, dependiendo de unos pliegos en los que cada vez se ajusta más la oferta económica, afectando a la calidad del empleo de las trabajadoras cuando no siendo plantillas insuficientes para atender la demanda.
Propuestas sindicales
Es imprescindible la elaboración y puesta en marcha de una nueva Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género. Igualmente, el gobierno regional del PP debe poner en marcha una comisión de seguimiento del Pacto de Estado en el marco de la Comunidad de Madrid, con participación de las organizaciones de mujeres y los agentes sociales.
La prestación de servicios debe realizarse directamente desde la administración pública, con plantillas estables, especializadas, con una dotación suficiente de partidas presupuestarias y ejecución del 100% de las mismas.
El número de mujeres que han accedido a un empleo en el marco de la contratación bonificada a víctimas de violencia de género, sexual o trata, es ínfimo
Potenciar programas de inserción sociolaboral con políticas activas de empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, así como cumplir la legislación sobre elaboración e implantación de protocolos de prevención y actuación frente al acoso o por razón de sexo en todas las empresas.
Implantar un modelo educativo basado en la coeducación y en la educación afectivo-sexual.
Poner en marcha los instrumentos normativos y las políticas necesarias para la abolición de la prostitución y la erradicación de cualquier forma de violencia, mercantilización y explotación sexual y reproductiva.
Combatir el sexismo mediante un programa integral de formación y sensibilización con perspectiva de género en el marco de la judicatura, demás operadores jurídicos y policiales, así como en los medios de comunicación, especialmente en los medios públicos.
La Comunidad de Madrid debe cumplir con su obligación legal de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en hospitales públicos, dado que en la actualidad la práctica totalidad de interrupciones -el 99, 63%- se produce en centros privados.
