Pese al último escaño arañado in extremis desde los residentes madrileños en el extranjero para el Partido Popular, no le dan los números a Nuñez Feijóo para ser investido presidente de gobierno. Esto es un hecho notorio, tanto que lo que se discute realmente es si la coalición PSOE-SUMAR va a poder reunir los suficientes votos en el parlamento para garantizar la investidura de Sánchez o si habrá que acudir a unas nuevas elecciones que no interesan para nada al bloque democrático ahora rebautizado como plurinacional.
En el haber del resultado electoral, que fundamentalmente se basa en haber impedido la proclamada, pregonada y augurada victoria de la derecha extrema con la extrema derecha, se menciona expresamente que con esta derrota electoral – aunque por la mínima gracias al sistema electoral que ha favorecido de manera evidente al Partido Popular, que con un número total de sufragios muy semejante al del PSOE, ha obtenido 16 escaños más – se ha evitado la regresión reaccionaria en materia cultural, la negación de las políticas de género y la irrupción de posiciones claramente hostiles al colectivo LGTBI. Es esta una cuestión que en la opinión pública ha pesado mucho y con razón, pero ha oscurecido otro peligro evidente que esta victoria tan cacareada como hoy insistentemente reclamada por al parecer respetables formadores de opinión incluso mediante la incitación al trasfuguismo, podía llevar aparejada. El peligro de que el tándem PP-Vox obtuviera las mayorías sociales que machaconamente se habían garantizado mediáticamente no era únicamente el relativo a un cambio cultural reaccionario, sino a una involución muy seria en materia social que detuviera los avances efectuados en estos años y que promoviera de nuevo la desigualdad en determinados estratos sociales.
No sólo se trataba de los “retoques” a la reforma laboral y al sistema de pensiones – con la introducción de la “mochila austriaca” como medida estrella – y la reconducción del sistema articulado de diálogo social y de negociación colectiva a un esquema autoritario decisionista en manos de las empresas, desajustando el nivel sectorial de regulación colectiva y favoreciendo la llamada “descentralización” a nivel de empresa, sino asimismo reduciendo la efectividad de la norma laboral a través de la relajación de sus aparatos sancionatorios y la restricción del acceso a la tutela judicial, ralentizando el tiempo de respuesta de la misma. En este sentido, y solo en el plano judicial, ya estaban preparadas una serie de normas para volver a poner en marcha el nombramiento de vacantes en el Tribunal Supremo a cargo del ya exhausto y multicaducado CGPJ y para restringir las posibilidades de intervención del Tribunal Constitucional.
En lo que respecta a los colectivos especialmente vulnerables y en riesgo de exclusión social, la inquina del tándem de la derecha extrema y la ultraderecha contra las medidas de amortiguamiento de las desigualdades es proverbial, se cifra en lo que se viene a denominar la refutación de “la paguita” como sinónimo de una compensación clientelar con finalidades de apoyo político al gobierno. En este sentido, el ingreso mínimo vital iba a ser seguramente reformado en un sentido restrictivo, como también las ayudas a la dependencia y otras medidas sociales que se integran en esa hostilidad terrible contra las personas en riesgo de pobreza o en situación especialmente vulnerable.
Este rasgo común de la derecha extrema y la ultraderecha, que se remonta al prejuicio liberal frente al pobre como una persona que no quiere trabajar y a la que por tanto no se puede otorgar “subsidios” porque de lo contrario se instala en la desocupación, es decir, la hostilidad frente a la pobreza como sinónimo de vagancia, se ha puesto de manifiesto en Italia, donde la primera ministra Meloni, que por cierto se ha implicado de manera muy activa en el proceso electoral español apoyando sin reservas a Vox como partido hermano, ha eliminado la renta de ciudadanía, un subsidio asistencial que constituyó uno de las señas de identidad del movimiento 5 Estrellas y que intentaba contribuir a mitigar la pobreza y la exclusión social de amplios sectores de población carentes de renta fija derivada del trabajo o de bajísimo nivel en un contexto de trabajo precario y de bajos salarios erosionados por la inflación.
La noticia era ya conocida, porque se había adoptado en la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento italiano para este año, pero antes de ayer el INPS – el equivalente italiano a nuestro INSS – notificó por un SMS a 169.000 familias italianas el fin de la renta de ciudadanía. Porque el Gobierno los considera "empleables", y por tanto no pueden recibir una prestación pública asistencial. Cómo deben encontrar trabajo, sin embargo, sigue siendo un enigma. Sin resolver por el gobierno. El mensaje iba dirigido a quienes forman parte de hogares en los que no hay miembros discapacitados, menores o mayores de 65 años, a los que se prevé un nuevo “subsidio de inclusión” (assegno di inclusione) que afectará a quienes tengan menores no emancipados, ancianos o discapacitados en el hogar familiar y no superen una determinada renta, una medida que se activará solo a partir de 1 de enero de 2024. Aquellos núcleos familiares a los que se ha privado de la renta de ciudadanía pasarán ahora a ser gestionadas por los servicios locales de los ayuntamientos, en la medida y con el alcance que estos puedan disponer.
Los datos son muy llamativos. En junio, las unidades familiares que recibieron la renta o pensión de ciudadanía fueron algo más de un millón (1.210.536) lo que supuso un gasto de 571,6 millones. El número de personas beneficiarias fue de 2.115.944, y el importe medio por familia fue de 565,69 euros.
Para la CGIL, se trata de una clara manifestación de la cultura punitiva hacia los que están en situación de necesidad. La pobreza "no puede eliminarse por decreto, pero tampoco puede establecerse la empleabilidad en función de la edad o de las necesidades familiares, independientemente de las condiciones reales", como ha señalado la secretaria confederal CGIL, Daniela Barbaresi y detalla que de los casi 1,2 millones de núcleos familiares que perciben ingresos, unos 400.000 (el 33,6 por ciento) están excluidos del subsidio de inclusión por no existir en ellos sujetos protegidos. De los 790.000 hogares restantes con sujetos protegidos, unos 97.000 (12,1%) están excluidos de la percepción de la prestación por limitaciones económicas. En conjunto, por tanto, los hogares beneficiarios del nuevo subsidio de inclusión serían algo más de 690.000, alrededor del 58% de los actuales perceptores de la Renta de Ciudadanía.
"La única esperanza para miles de familias en situación de pobreza sigue siendo ser atendidas por los servicios sociales municipales", denuncia la CGIL, es necesario "ampliar el plazo de 7 meses para la suspensión de la Renta para dar paso a que la población necesitada sea atendida por los servicios municipales. También es necesario contratar rápidamente al personal fijo necesario y formarlo para dar respuestas a un problema tan grave como la pobreza".
El espejo italiano muestra la imagen de lo que habría supuesto la victoria anunciada de la derecha en España
El refranero español es por tanto claro: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar / echa las tuyas a remojar. El espejo italiano muestra la imagen de lo que habría supuesto la victoria anunciada. No sólo cambios culturales, sino una importante degradación de derechos sociales y laborales.
La necesidad por tanto de aprovechar este resultado electoral y lograr un gobierno de coalición que supere la investidura con el apoyo parlamentario de una mayoría plurinacional entre nosotros es imprescindible. Nadie comprendería poner en riesgo una victoria tan decisiva sobre la formidable presión mediática, política y psicológica que traía la regresión y el sufrimiento para una buena parte de la ciudadanía y dar una nueva oportunidad a las formaciones políticas que encarnan esta pulsión involutiva para llevarla a la práctica.
Artículo publicado en el blog de Antonio Baylos.
