La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunciará al Estado en caso de que el Tribunal Supremo falle en contra de la exhumacion de Franco o en el caso de que la admita y el Gobierno decida enterrar los restos del dictador en otro suelo público, como es el caso del cementerio de Mingorrubio, propiedad de Patrimonio Nacional.
Este martes 24 de septiembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidirá sobre el recurso de la familia Franco contra los acuerdos de exhumación e inhumación de los restos del dictador aprobados por el Gobierno. El ponente será el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
Obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador es una forma de maltrato y una patología democrática, afirma Emilio silva
La ARMH, que lleva años reclamando la salida de los restos del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos, asegura que “obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador es una forma de maltrato y una patología democrática”, ya que “a nadie se le ocurriría que una víctima de un atentado terrorista pagase la tumba del responsable o la víctima de cualquier otro crimen", asegura Emilio Silva, presidente de la ARMH. Y añade que "es el momento de que la democracia española demuestre que ha madurado y deje de financiar con fondos públicos monumentos que rinden homenaje a un dictador".
El colectivo, que lleva diecinueve años exhumando fosas comunes de personas asesinadas por la represión de la dictadura, considera necesario que Franco salga de la Basílica del Valle de los Caídos: “pero ese no debe ser el único objetivo del Estado que por respeto a las víctimas y a los allegados de los miles de asesinados desaparecidos, de personas torturadas, de mujeres violadas y humilladas, de homosexuales encarcelados, de lesbianas sometidas a electroshocks en los manicomios, y de un sinfín de víctimas el Estado tiene el deber de dejar de sostener monumentos y panteones en los que reposan los restos del dictador puesto que esa responsabilidad debe ser una cuestión exclusiva de su familia”.
La Asociación lamenta asimismo que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo no hayan tomado ninguna medida para apartar de la decisión sobre la exhumación del dictador -al magistrado José Luis Requero, que tiene una estrecha relación con uno de los bufetes de abogados que defiende los intereses de la familia Franco. El colectivo solicitó que para preservar la total independencia de la Sala que decidirá sobre el futuro de los restos: del decreto de su exhumación y del destino de sus restos.
“Hay que terminar con los privilegios de la familia del dictador y el Estado debería investigar el origen de su fortuna y luchar para recuperar todo aquello que sea de propiedad pública; ya haya sido expoliado, malversado o indebidamente apropiado”, explica Silva.
