El acuerdo de legislatura suscrito por el PSOE y Sumar es, por fin, una buena noticia, en el muy difícil camino de la investidura de Pedro Sánchez.
Su contenido es muy amplio, diverso y ambicioso, muy superior cualitativamente al suscrito en el año 2019 entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aunque contiene aspectos más puntuales y otros poco definidos, hay bastantes que trascienden del marco de una legislatura normal y que requerirán un pleno desarrollo en un horizonte temporal dilatado de al menos toda la presente década. Y sobre todo hay diversos anuncios de reformas legislativas que no van a ser fáciles con la actual correlación de fuerzas parlamentarias, la ya anunciada poca colaboración de la derecha y la volatilidad de los apoyos de algunos de los posibles aliados de la investidura.
Dicho esto y partiendo de mi clara identificación con la propuesta de una nueva edición del gobierno de progreso, cuyo punto de partida evidentemente va a ser el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Yolanda Diaz, no puedo dejar de referirme a importantes dudas sobre la viabilidad de bastantes de las medidas que se proponen y de algunos interrogantes sobre aspectos poco definidos o incluso algunas ausencias llamativas.
El gobierno de coalición progresista va a tener que trabajar mucho este Acuerdo, marcando prioridades y concretando calendarios
Los primeros capítulos del Acuerdo contienen un muy ambicioso objetivo de modernización de nuestro país, en un contexto de desarrollo sostenible y activo frente al cambio climático, continuando con algunas iniciativas tomadas en los últimos años, profundizando en las mismas y completándolas con nuevas reformas. Y la pregunta que inmediatamente surge ¿es como se va a financiar todo esto?
Es cierto que hay medidas positivas en el ámbito fiscal, que generarían nuevos ingresos fiscales, no muchos, pero si de cierta importancia. Pero no se si los asesores de ambos partidos han echado cuentas de la relación de gastos e ingresos en los que van a tener que moverse. Todo ello, sin entrar todavía en los numerosos aspectos de mejora y ampliación de las políticas de bienestar social que incluye el Pacto suscrito.
Por otra parte hay que tener muy presente que todo hace pensar que en los próximos años la Unión Europea va a exigir la reducción del déficit público y de manera especial a España, y desde luego no va a dar facilidades para incrementar el gasto público como se ha hecho en los últimos años. Hay que tener en cuenta también que la llegada de fondos europeos va a ser muy inferior a lo sucedido en la última legislatura. Así que el nuevo gobierno de coalición debe ser muy cauto a la hora de adoptar compromisos que luego podrían ser difíciles de cumplir.
Además las propuestas de modernización del tejido productivo y del sistema económico de nuestro país exige contar con una Administración Pública suficiente, ágil y dinámica, ampliamente digitalizada y tecnificada, preparada para resolver en tiempo y forma las demandas de la ciudadanía y de los empresarios. Retos que afectan a la Administración General del Estado, Autonómica y Local, algo que hoy lamentablemente estamos lejos de tener. Son escasos los avances en los últimos años en la reforma y modernización administrativa y ese objetivo no es algo que se consiga rápidamente. Y sin unas administraciones publicas adecuadas, a pleno rendimiento gestor y fiscalizador y con un personal formado suficientemente para dar respuestas rápidas y seguras, no será fácil apoyar e impulsar la modernización del sector privado como se recoge en el pacto.
La vicepresidenta Calviño y la ministra María Jesús Montero estarán preparando ya el proyecto de Presupuestos para el año 2024, para no perder nada de tiempo en la materialización del Acuerdo de gobierno de coalición
En tercer lugar me parece que a veces no se es muy coherente con el modelo de Estado que decimos defender y desarrollar y los instrumentos que ponemos en juego para ello. Buena parte de las propuestas de reforma y modernización exigen la estrecha colaboración, por no decir el pleno acuerdo, con las Administraciones Autonómicas y también con las Locales. En el Acuerdo firmado ese papel de cooperación y coordinación entre administraciones apenas está presente, salvo en aspectos del ámbito social (en especial Sanidad, Dependencia o Servicios Sociales). Es de temer que las Administraciones Autonómicas, máxime teniendo en cuenta la actual hegemonía de gobiernos de derecha o nacionalistas, no van a dar facilidades y van a exigir y yo diría que con toda razón, protagonismo en el diseño, ejecución y seguimiento de las reformas y no ser meros actores secundarios de lo que les proponga la Administración General del Estado.
Así que sin financiación suficiente, sin unas Administraciones Públicas preparadas y sin el Pacto entre las tres Administraciones Públicas resulta muy complicado sacar adelante las propuestas de reforma y modernización, que en mi opinión son la parte mas importante e innovadora del Acuerdo.
Me resulta poco compresible la escasísima atención que se le da a nuestro Sistema Educativo desde la infancia a la Universidad
Hay interesantes iniciativas en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca, política de agua, política forestal, Transportes, lucha contra la desertificación y los incendios forestales…como también en lo que respecta al apoyo a las necesidades de la llamada “España vaciada”, aunque de nuevo surgen las dudas sobre su efectiva aplicación y desarrollo sin nueva financiación y sin estrecha colaboración y cooperación entre las tres Administraciones Públicas.
En otro orden de cosas me resulta poco compresible la escasísima atención que se le da a nuestro Sistema Educativo desde la infancia a la Universidad. El único compromiso más concreto es el de la paulatina universalización de la atención de 0-3 años (que por cierto requiere un sensible incremento de gasto público) que me parece bien como política de apoyo a las familias, pero los problemas del sistema educativo son otros y mucho mas graves y se sitúan en los Colegios, Institutos, Formación Profesional y Universidad, con notables deficiencias tanto en equipamientos, profesorado y modernización de los planes y sistemas formativos.
Como también es muy sorprendente el tratamiento que se le da a la desastrosa situación actual del sistema judicial, siendo la primera medida que se contempla la normalización del Consejo General del Poder Judicial, algo imprescindible, pero muy insuficiente. Además de las reformas procedimentales de nuestro cuerpo normativo, sobre las que se pasa de puntillas, resulta inaplazable la mejora de los equipamientos de la Administración de Justicia, el sensible aumento del conjunto de los profesionales y la adecuada dotación informática del sistema.
Hay algunas medidas “estrella” como la reducción de la jornada laboral o las limitaciones al uso del avión en recorridos con buena dotación ferroviaria, que habrá que esperar cómo se concretan
En Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia o Vivienda hay compromisos positivos, aunque algunos son excesivamente genéricos, seguramente porque avanzar en su concreción conllevaría explicar cómo se iban a financiar las mejoras de derechos, así como concretar los marcos de cooperación entre Administraciones. Por cierto resulta sorprendente la casi ausencia de medidas de prevención, tratamiento e inserción social de la discapacidad.
En Pensiones, que representa una parte sustancial del gasto público y mas del 10% del PIB, también se circula de puntillas, lo que encaja mal con los recados que nos están mandando desde la Unión Europea, cada vez más frecuentes y exigentes, de proceder a reformas del sistema, en dirección no precisamente expansiva del gasto.
En cuanto a las políticas de apoyo a los jóvenes, las que hay son positivas, aunque hay ausencias y sobre todo están repartidas a lo largo del documento, por lo que pierden visibilidad y necesitarían una mayor prioridad.
Por otro lado es increíble que no haya en las 48 paginas del Pacto ninguna referencia a la emigración en nuestro país, tan solo una línea en política de relaciones internacionales en relación con reformas de la legislación comunitaria. Yo creo que este tremendo olvido le va a hacer muy difícil ir a explicar el Pacto a los firmantes en determinadas Islas de nuestro País y en determinados barrios de nuestras ciudades.
La casi total ausencia de medidas en el ámbito de Defensa y Seguridad, supongo yo que responde a no querer poner de relieve las diferencias que existen entre los dos socios de gobierno…
Llama la atención que hay una cierta tendencia a crear nuevos órganos que ayuden, impulsen, controlen, evalúen, etc. las nuevas políticas que se quieren impulsar. Puede estar bien, como instrumento de participación, coordinación y análisis, pero seria de desear mayor transparencia en su futuro diseño, composición y funcionamiento y eso sí, ver los costes que ello conlleva.
Por último, hay algunas medidas “estrella” como la reducción de la jornada laboral o las limitaciones al uso del avión en recorridos con buena dotación ferroviaria, que habrá que esperar cómo se concretan y también estudiar las experiencias en ambos aspectos por ejemplo en Francia.
Pero en mi opinión el reto actual de la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país no es tanto reducir dos horas y media la jornada de trabajo (que a muchos se las cambiaran por horas extras), sino mejorar sus ingresos y el poder adquisitivo mediante mejores y más generalizados convenios colectivos, con pactos de incrementos salariales a cambio de mejora y racionalización de la productividad.
Hay también algunos interrogantes sobre cual va a ser la posición de Podemos, que en mi modesta opinión esta excesivamente marginado por Yolanda Diaz y su equipo. Porque una cosa es que sea ya insostenible la presencia de algunas ministras y otra que olvidemos que siguen representando una fuerza política necesaria para tener la mayoría en la investidura y las posteriores tramitaciones legislativas.
Como también puede dar lugar a futuras tensiones las referencias muy explicitas a mejoras en la Comunidad Valenciana, supongo que exigidas por “Compromis” y que tal y como está el panorama político autonómico (con gobiernos del PP, del PSOE y de los nacionalistas vascos y catalanes rivalizando en demandas), van a preguntar ¿y de lo mío que hay?
En definitiva, el gobierno de coalición progresista va a tener que trabajar mucho este Acuerdo, marcando prioridades, concretando calendarios, aunque sean tentativos, buscando el consenso político, por supuesto también con el PP, con las organizaciones sindicales y patronales, reconociendo el adecuado protagonismo a las otras Administraciones Públicas. Y esto exige, por mucho que nos cueste, establecer otra forma de relación más constructiva con el PP, para un ambicioso objetivo de modernización y cohesión social y territorial de España.
En todo caso se supone que la vicepresidenta Calviño y la ministra María Jesús Montero estarán preparando ya el proyecto de Presupuestos para el año 2024, para no perder nada de tiempo en la materialización del Acuerdo de gobierno de coalición.
