Si el trabajo en ‘praderas’ afecta especialmente a las funciones de más de 8.000 técnicos en el Ministerio de Hacienda, más crítico resulta todavía la investigación de los presuntos delitos fiscales.
Casi la mitad, entre los que se encuentran arquitectos, notarios, abogados o médicos en consultas privadas, declara ingresos por debajo de los 12.000 euros anuales.