A poco que uno aplique una mirada analítica al mundo actual, es inevitable sentir la perplejidad ante un poder político y económico inepto y ciego que aplica una serie de medidas cortoplacistas que ignoran las enormes repercusiones contra el bienestar de la población que significan ya en la actualidad y que incidirán notablemente en un futuro.
El callejón sin salida al que conduce la aplicación de las políticas neoliberales (depresión de la demanda interna por el descenso de los salarios y el aumento del paro; restricción de la inversión pública eliminando su capacidad como instrumento anticíclico, y apuesta por un modelo de competitividad de nuestra economía que nos aleja de una sociedad desarrollada y nos orienta hacia “el modelo chino”) tiene otras repercusiones muy notables, y entre ellas no es menor la incubación de una bomba de relojería que estallará a medio plazo, y que constituye un cuestionamiento serio sobre la viabilidad de una estructura demográfica en riesgo de colapso.
España tiene una pirámide demográfica envejecida, es decir, nos encontramos ante una situación caracterizada por un desequilibrio entre unas cohortes infantiles y juveniles más reducidas que las generaciones nacidas con anterioridad a la década de los 70 del siglo pasado. Ese desequilibrio tiene sus causas en una diversidad de factores, de orden sociocultural, laboral y socioeconómico, que pueden sintetizarse en una inexistente política demográfica que favorezca la corrección de las tendencias negativas en el saldo vegetativo: conciliación de la vida familiar y laboral, políticas incentivadoras de la emancipación juvenil, políticas de vivienda y políticas laborales que refuercen la estabilidad y hagan viable proyectos de vida a largo plazo de las nuevas parejas, etc.
El resultado de esos desequilibrios antes de la crisis actual que sufrimos ya eran evidentes, como recogían diversos estudios monográficos que incidían en la debilidad del crecimiento vegetativo (diferencias entre los nacimientos y las defunciones, con una nula o escasa contribución al crecimiento) y la necesidad de compensarlo a través de los flujos inmigratorios.
Pues bien, la situación actual de crisis económica y las medidas que se están tomando para salir de la misma, además de ser ineficaces, son contraproducentes, puesto que retroalimentan las tendencias regresivas de la población española, en los dos componentes que integran el posible crecimiento: saldo vegetativo y saldo migratorio. Todos los datos utilizados en el artículo provienen del Movimiento Natural de la Población (INE).
El saldo vegetativo: la Tasa de Natalidad en nuestro país se ha mantenido en unos niveles bajos desde hace décadas, consecuencia de diversos factores, entre los que destacamos la insuficiencia de las medidas de apoyo a las familias por parte de las políticas públicas, un mercado de la vivienda orientado hacia la propiedad y caro, que dificulta la emancipación de los jóvenes, y un mercado laboral crecientemente precarizado, sobre todo para los jóvenes y adultos/jóvenes, que repercute también en sus dificultades para emanciparse y/o tener hijos. Esta tendencia estructural de la baja natalidad se atemperó algo en los primeros años de este nuevo siglo, gracias a la llegada masiva de inmigrantes extranjeros (mayoritariamente de edades jóvenes) que aportaron aproximadamente el 50% del total de nacimientos en España. Este factor supuso un cambio de tendencia en la natalidad, recuperándose ésta en esos primeros años del presente siglo.
Sin embargo, esa tendencia positiva se rompe en el año 2008 por el impacto demográfico de la crisis económica y social que padecemos. Ese descenso tiene que ver con la incidencia de la crisis entre la población inmigrante y española. Respecto a la primera, el flujo de llegada de inmigrantes a nuestro país sufre un parón significativo, a lo que hay que añadir el retorno a sus países de origen de una parte de este colectivo. También, porque la crisis de empleo se ceba especialmente con estas personas, que se ven abocadas al desempleo de forma masiva, o a padecer unas condiciones laborales y salariales precarias. Ambos factores suponen un descenso en los niveles de natalidad/fecundidad de la población inmigrante extranjera. Pero, como decíamos, la tasa de natalidad a la baja también afecta a la población española, por razones parecidas a las apuntadas para el colectivo anterior: un incremento espectacular de las tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes (sobre el 45%) y un creciente deterioro de las condiciones salariales y laborales. Además, el acceso al mercado de la vivienda sigue restringido, consecuencia de la interacción de tres factores: los precios de la vivienda se mantienen altos, se produce una fuerte restricción del crédito hipotecario y sufrimos la práctica inexistencia de opciones de vivienda social, en particular en régimen de alquiler. En estas circunstancias, tener hijos más bien parece una heroicidad que una posibilidad real. Además, se empieza a apuntar un cambio de tendencia en el flujo migratorio: por primera vez en este siglo, son más las personas que se marchan de España que las que llegan, siendo en su mayoría personas en edad fértil. Si vemos los datos del INE en estos años, apreciamos una Tasa de Natalidad (TBN) de 11,4 nacimientos por cada mil habitantes en el año 2008, con descensos continuados en los siguientes años: 10,7, 10,5 y 10,4 en 2009, 2010 y 2011.
La mortalidad se mantiene estable en los últimos años, siendo su tasa (TBM) de 8,4 por cada mil habitantes en el año 2011. El número de defunciones en nuestro país, se acerca cada vez más al de nacimientos: el proceso de envejecimiento que afecta a la estructura demográfica española supondrá en el futuro un leve repunte de las tasas de mortalidad, que no puede compensarse con una fecundidad deprimida, que adquiere ya tintes estructurales en la sociedad española previa a la crisis, pero que se agudiza con ésta. Es por eso que el crecimiento vegetativo de la población española se acerca al cero, pasando de un 2,9 por mil en 2008 a 2 por mil en 2011.
Esa tendencia se apoya, no sólo en los datos del crecimiento vegetativo, sino en otros indicadores que inciden también en la falta de vitalidad demográfica: la edad media de la llegada del primer hijo está subiendo en España sin descanso desde hace décadas, superando ya los 30 años holgadamente: si en 2008 era de 30,8 años, en 2009 sube a los 31 años; en 2010 alcanza los 31,2 años y una décima más en el primer semestre de 2011 (31,3 años). La media de hijos por mujer se sitúa en 1,4 en el año 2011, muy lejos del número necesario para el reemplazo generacional (2). Por último, la edad media de emancipación está por encima de los 30 años en España. Sin duda, las últimas medidas adoptadas, en especial la reforma laboral y la aprobación de los presupuestos más restrictivos de la democracia acentuarán de forma notable estas tendencias demográficas.
El saldo migratorio: ya antes de la crisis, las estimaciones de analistas indicaban la conveniencia de una incorporación sustancial de nuevos residentes para compensar las necesidades e insuficiencias de un sistema productivo y demográfico como el español. En realidad, la recuperación de la natalidad/fecundidad durante los primeros años del nuevo siglo se ha debido, fundamentalmente, a la incorporación de nuevos residentes extranjeros, en su mayoría constituidos por personas jóvenes. Pero con la crisis, el flujo inmigratorio se ha paralizado, y no parece fácil que en los próximos años esta variable demográfica pueda contribuir al crecimiento de la población, pues la contracción de la economía y el recurso a unas políticas restrictivas respecto a la inmigración, van a mantener cerradas las puertas españolas para estos nuevos aportes de población. De hecho, por vez primera en el presente siglo, se produce un saldo migratorio negativo, pues son más los extranjeros que retornan a sus países de origen que los que llegan. Un repaso a las cifras de los últimos años muestran esa tendencia: los extranjeros que llegan a España fueron algo más de 900.000 en el año 2007; en el 2009 fueron 469.000 y en el primer semestre de 2011 317.000. Sin embargo, los que salieron de España fueron, para esos mismos años, 193.000, 279.000 y 356.000. Es decir, 2011 es el primer año en que el saldo migratorio es negativo.
Lo mismo ocurre con la población española, pues son más los españoles que se van al extranjero que los que vuelven a su país. En los seis primeros meses del año 2011, 50.521 españoles se marchan al extranjero, frente a los 34.096 que han regresado. Esas cifras son muy significativas, pues durante todo el año 2010 sólo se fueron de España 26.000 nacionales, mientras que en los seis primeros meses de 2011 esa cifra se ha doblado.
Los efectos demográficos en un horizonte temporal de 20 años: la regresión demográfica es un factor de preocupación para los países europeos desarrollados, incluso antes del estallido de la crisis: un envejecimiento creciente que amenaza con un incremento excesivo de la población dependiente. Pero, ¿por qué establecer en esta reflexión una proyección a 20 años? Porque en ese horizonte se vislumbra una bomba demográfica en ciernes: la llegada a la edad de jubilación de la generación de los “baby boomers”, es decir, los nacidos en los años 60 del siglo pasado, que fueron las generaciones más numerosas en la reciente historia demográfica española, siendo el año 1964 el de mayor natalidad. Esta circunstancia significará una enorme presión sobre una estructura demográfica desequilibrada, con pocas personas en edad laboral frente a un colectivo ingente de jubilados/pensionistas. Junto a lo que eso significa de presión sobre el sistema público de pensiones, con una base de cotizantes muy reducida por los efectos de los saldos vegetativo y migratorio negativos o estacionarios, debemos incorporar los efectos sociales de la llegada a esas edades avanzadas de población sin una cobertura social suficiente, fruto de los efectos regresivos de la involución neoliberal que padecemos: salarios a la baja, elevado desempleo, precariedad laboral y mayores exigencias para el acceso a una pensión digna.
El empecinamiento actual en el camino neoliberal dirigido a priorizar la lucha contra el déficit y la deuda soberana, restringiendo la inversión pública, recortando derechos y eliminando el estado del “medioestar” español, en afortunada expresión del diputado Gaspar Llamazares, está incrementando los niveles de desigualdad y exclusión social de la población española, pero además, coloca a nuestras sociedades europeas, y en especial a la nuestra, al borde del colapso demográfico en un horizonte de medio plazo, algo que no parece que sea objeto de preocupación política, pues lo que prima en este capitalismo financiero y globalizado es la especulación, y ésta, ya sabemos, solo piensa en el corto plazo.