Para evitar malos entendidos, crecí en Alicante en la década del desarrollismo; vi surgir Benidorm, prácticamente de la nada hasta convertirse en lo que es ahora. Hace treinta años, me vi envuelto profesionalmente en el sector turístico, esta vez en Ibiza, y comprobé sus efectos sobre el mercado laboral: jornadas de diez y doce horas, sin descanso los fines de semana, de mayo a octubre, y el resto del año vacaciones forzosas en el paro; fijo discontinuo llaman a ese contrato de trabajo. Luego asesoré a empresarios mallorquines y, derivado de mis contactos con la Isla, en 1999 llevé a cabo (conjuntamente con José María Zufiaur) un estudio de Calvià, el municipio más rico de España gracias al turismo, con objeto de desentrañar los motivos del abandono escolar, entonces también uno de los más altos de España y que naturalmente estaba relacionado con el turismo; desaconsejé la instalación en ese municipio de un parque temático, que algunos otros economistas recomendaban. Años después, participé por cuenta de la Universidad de Castilla-La Mancha en el proyecto de crear un polo turístico en Ciudad Real. El Reino de Don Quijote, se llamó la cosa. Un fracaso absoluto, también relacionado con el del archifamoso aeropuerto de Ciudad Real. He visto el sector por activa y por pasiva; conozco sus pros y sus contras, sus éxitos y sus fracasos. Di, en fin, clases en la Escuela Oficial de Turismo antes de dedicarme por entero a la Universidad. Trato de no hablar por hablar.

La reciente reacción contra los excesos del turismo (trato de ser ecuánime) ha sido calificada de «turismofobia». Creo que no es más que la indignación que saltó a la palestra el 15 de mayo de 2011, focalizada en el turismo. El argumento de fondo se desarrolla en los siguientes términos: Yo no hago turismo, pero sufro sus efectos; no tengo por qué. Que los sufra quien hace turismo, o sea, los ricos. Se enfatiza el carácter masivo e insoportable del turismo ahora, como si fuera algo nuevo. En España llevamos medio siglo sufriendo los efectos del turismo, y tratando de atemperarlos en lo que se puede. El contrato de fijo discontinuo, al que aludí antes, fue un importante logro de los sindicatos. Me dicen que ahora en Barcelona sólo hay temporalidad y precariedad. Es un retroceso, pero está en la mano de los interesados remediarlo, como hace cuarenta años. Hay mucha demagogia en esto, como decir que aceptar el turismo sin más es como aceptar la industria sin controles medioambientales. Y yo replico, en el mismo orden de comparación, que el ataque a autobuses turísticos hoy es como la destrucción de telares mecánicos por el movimiento ludita. ¿Se creerán de verdad muchos que en España no se ha hecho nada por mejorar el turismo en medio siglo, en lo que se ha podido? No hemos llegado a ser la segunda o tercera potencia mundial en turismo, según los años, en dura competencia con Francia y Estados Unidos, y sede de la Organización Mundial del Turismo, tirando el mercado. Desde luego, siempre se puede hacer más y mejor, pero en esto la indignación hace gala del adanismo apreciable en sus posiciones en muchos ámbitos: nada se hizo nunca antes, ellos han venido a arreglarlo todo.

El problema de fondo es complejo, y me temo que tiene difícil arreglo. El español medio es ahora más pobre que antes de la crisis. Entonces viajaba cada vez más gente; ahora hay un sector importante que ni viaja ni se plantea viajar. No se les venga a hablar de ventajas del turismo: eso es algo que pueden apreciar en primera persona los ricos, no ellos. El problema tiene más vueltas en Barcelona, gracias a las Olimpiadas del 92, que transformaron la ciudad, la modernizaron y embellecieron, y le dieron una magnífica playa. Los barceloneses pobres de hoy (siempre los ha habido, eso tampoco es nuevo) ni siquiera tienen que desplazarse a Salou, pongamos por ejemplo, como los de antes; ahora van a su flamante playa en Barcelona. ¿Por qué querrían compartirla con incómodas multitudes de turistas? Y lo mismo con las terrazas y hasta las calles. Su razonamiento, como suele ocurrir con la indignación, no llega muy lejos pues, ¿de qué vivirá una ciudad que no crea suficientes empleos en nuevas tecnologías para dar de comer a sus habitantes, pero que tiene la suerte de atraer a los de fuera? Si llegamos a tener una sanidad y una educación públicas como las de antes de la crisis, ha sido gracias al turismo. Y si hemos de recuperar los niveles entonces alcanzados tendrá que hacerse con el turismo o no se hará, al menos en un horizonte previsible.

Hay más aspectos del asunto, sin embargo. La gentrificación y consiguiente expulsión de la población local del centro de las ciudades turísticas adquiere caracteres especialmente dramáticos en Barcelona. La subida de los precios de la propiedad inmobiliaria como consecuencia de su uso más rentable repercute en subida de los alquileres, y ésta rompe los presupuestos familiares. Tampoco es nada nuevo: viene ocurriendo en Madrid desde mucho antes. Y sucede en todas las grandes ciudades donde la formación de centros financieros, comerciales y de negocios vacía de residentes barrios enteros. Querer que el centro de las ciudades quede exclusivamente para uso residencial es negarse a que pueda actuar como motor económico. Lo dramático es que la gentrificación, en Barcelona, está siendo consecuencia de la crisis. Muchas familias, que perdieron su vivienda en la crisis hipotecaria y han pasado a estar de alquiler, son expulsadas al extrarradio. Por la acción del mercado, los perdedores de la crisis son también los perdedores del boom turístico, al tiempo que los ganadores ganan por partida doble. Pobres contra ricos, ricos contra pobres. Un argumento así hace mella en el ayuntamiento presidido por quien fundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sin embargo, haría falta conocer con la mayor exactitud posible los números, para tratarlos con correcciones a la política en lugar de poner ésta al carro de los casos más sangrantes como si fueran la regla general.

Todo se complica si introducimos la variable política, que en Cataluña no es baladí. El proceso soberanista se ha querido explicar de muchas y variadas formas: que si «España nos roba», que si se quiere tapar la corrupción de los convergentes, que si ha surgido una oportunidad revolucionaria que asombrará al mundo… Hay un factor que se olvida con frecuencia: la indignación, protagonista de este artículo. Cuando el gobierno de Artur Mas se metió a hacer retallades, que dejaron a la educación y la sanidad hechas unos zorros, se topó con la indignación. ¿Qué mejor forma de librarse de su acoso que reconducir esa fuerza combativa hacia la secesión? Y con su habitual falta de criterio en muchos ámbitos, la indignación se dejó reconducir. Obsérvese, por ejemplo, que los votos de la CUP, independentista, en las autonómicas de septiembre de 2015, fueron prácticamente los mismos que los de En Comù Podem, en su mayoría unionista, en las generales dos meses después. La indignación ha sufrido una esquizofrenia característica en el tema independentista, que la ha hecho fácilmente manipulable por los políticos corruptos del nacionalismo. Pero eso se está terminando. Los líderes de la indignación mantienen cada vez más firme su voluntad de no romper con el Estado porque son conscientes de que en una república catalana (que los trataría de colonos españoles) les iría mucho peor. Saben que el nacionalismo es una ideología de ricos que quieren afianzar su poder sobre los pobres y que, contra lo que creen los aventureros delirantes de la CUP, en una Cataluña independiente será todavía más difícil que en España transformar las cosas. Y consciente del desafío que para ella plantea el procès, la indignación planta cara a los ricos en todos los terrenos que puede. Las circunstancias han determinado que uno de ellos, y de la mayor importancia, sea el turismo.