@Montagut | El conocido como Decreto Bugallal, es decir dado por el Ministerio de Gracia y Justicia, dirigido por el destacado político conservador Gabino Bugallal, relativo a los arrendamientos (alquileres), el 21 de junio de 1920 constituye un hito fundamental en la historia del acceso a la vivienda en favor de la mayoría social, porque la mayor parte de los españoles y españolas vivían como inquilinos, y frente a los intereses abusivos de los propietarios.
Llama la atención que dicha disposición saliera adelante con los conservadores y con un amplio consenso. Tradicionalmente, se ha pensado que fue una medida para intentar frenar la inflación galopante, pero, como muy bien nos explican Jordi González Guzmán e Irene Sabaté Muriel, fue el resultado de la presión social, del movimiento obrero y de las ligas de inquilinos y de las huelgas que se hicieron al respecto. González Guzmán y Sabaté Muriel insisten en que esta es una cuestión muy poco conocida si se compara con la presión que se realizó para obtener otras leyes o mejoras sociales, como la fundamental jornada de las ocho horas, y estamos totalmente de acuerdo con sus apreciaciones. Sin la presión de los inquilinos y de las organizaciones obreras no se hubiera conseguido este verdadero avance. Pero también es importante destacar, por nuestra parte, que amplios sectores de la patronal se quejaron de lo que estaba pasando porque el aumento de los alquileres afectaba a sus costes (como lo hicieron con el precio de la luz, un asunto que también hemos tratado). La presión de todos estos sectores, en muchos casos, enfrentados por otras cuestiones, pero unidos en esto, sería la clave para entender la respuesta del poder político.
Sin la presión de los inquilinos y de las organizaciones obreras no se hubiera conseguido este verdadero avance en los arrendamientos
La Historia del Real Decreto comienza cuando se fue consciente por parte del poder de que había dos problemas evidentes: la escasez de viviendas y la constatación de la existencia de abusos por parte de propietarios que, aprovechándose de ese déficit de viviendas, subían excesivamente los alquileres, generando preocupación social. La propia exposición de motivos de la disposición legal reconocía que se habían producido protestas públicas de “corporaciones representativas”, entidades económicas, y empresas. Por eso, se elaboró un proyecto de ley, que aprobó el Congreso de los Diputados, y que tenía que discutir el Senado, pero al suspenderse las sesiones quedó paralizado.
Por eso, el Gobierno había aprobado el Real Decreto, avisando que se inspiraba en lo que había elaborado y discutido el Parlamento. En esa exposición de motivos se planteaban las claves del Real Decreto: prórrogas de los contratos de arrendamiento en vigor, y reducción de los precios del alquiler cuando aparecieran fijados por un excesivo afán de lucro y no “por justicia del cálculo económico, ordenado y prudente”. En este sentido, en la reducción de los alquileres excesivos de debía aplicar lo dispuesto por la Ley de 23 de julio de 1908, que redujo el interés de los préstamos, y en la de Subsistencias de 11 de noviembre de 1916 (en plena Gran Guerra), ya que parecía evidente que la escasez de habitaciones venía colocando al inquilino en una situación de “verdadera angustia”, de la que algún propietario había podido prevalerse para aumentar de forma exorbitante el importe de los arriendos.
Prórrogas de los contratos de arrendamiento en vigor y reducción de los precios del alquiler
Por otro lado, se debía crear un Tribunal, de forma análoga a la que había señalado el Parlamento, porque se hacía necesario un organismo independiente para que resolviese las reclamaciones de los interesados, tanto inquilinos como propietarios de finchas.
El Gobierno no consideraba que con este Real Decreto se iba a solucionar el problema porque la causa principal era la escasez de viviendas. Solamente fomentando su construcción por los grandes medios de la iniciativa privada y con las ayudas públicas y colectividades oficiales podía resolverse, es decir, se apostaba por el protagonismo de las constructoras, siendo este aspecto el menos “progresista” que hemos encontrado.
Puede consultarse el trabajo de Jordi González Guzmán e Irene Sabaté Muriel, “Cien años de lucha por la bajada de los alquileres: el Decreto de 1920”, en El Salto, 22 de junio de 2020.
