“No ha de ser dichoso el joven, sino el viejo que ha vivido una hermosa vida”. (Epicuro de Samos)
Sea cual sea el modelo de gestión y gobernanza que se adopte, es decir, sea quien sea el partido que pueda gobernar una vez realizadas las elecciones del 23-J, con antelación al voto en la urna, cualquier ciudadano responsable y bien informado, debe saber traducir e interpretar el marco normativo que el partido político por el que opta va a proteger adecuadamente las necesidades básicas de todos los ciudadanos y, particularmente, a las personas mayores. Si no somos capaces de defender a quienes, a través de sus largos años de vida, como resultado de su trabajado esfuerzo han ido haciendo posible la sociedad de derechos y progreso que hoy tenemos, mejorables eso sí, que es lo público, ¿quién lo va a hacer? Defender lo público y mejorar la vida de los ancianos, debe superar la dialéctica de “izquierdas y derechas”.
La situación vivida en las residencias de mayores durante la pandemia del COVID-19 en España, transcurrido un tiempo prudencial para un estudio necesario, es una de las conclusiones a las que hay que llegar para que nunca vuelva a ocurrir. El propio Defensor del Pueblo viene examinando desde hace tiempo la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional, alertando a su vez de las carencias de medios, de personal en muchos de ellos y de escasa atención personalizada según sus necesidades. Con la pandemia, cuando murieron más de 30.000 ancianos que vivían en estas residencias, estos centros se convirtieron en un serio motivo de preocupación familiar, social y política. Muchos familiares, y no pocos profesionales de la sanidad, al ponerse en contacto con dichos centros, dejaron constancia de que muchos de ellos eran un modelo sin ninguna transparencia al ocultar la falta de control que las rige: inspecciones insuficientes, inexistentes en algunos casos, dejando con frecuencia en la indefensión a los usuarios y familiares, que vieron, todavía ven, que sus quejas no han sido atendidas. Entonces y ahora es palpable la preocupación y desesperación de muchos ciudadanos ante la falta de atención y el estado de sus familiares en ciertas residencias, sobre todo cuando, al denunciar las anómalas situaciones encontradas, las denuncias no sirven de nada. Al sentirse desasistidos por las instituciones, han surgido decenas de organizaciones que cuestionan el sistema y piden claridad y transparencia sobre las residencias, sobre todas: públicas y privadas.
Defender lo público y mejorar la vida de los ancianos, debe superar la dialéctica de “izquierdas y derechas”
Un estudio del diario EL PAÍS puso luz sobre el tema, destacando que una de las claves, la premisa para sacar certeras conclusiones, es la dudosa, casi inexistente supervisión del modelo sobre cómo se gestionan y funcionan, pues, como señala la investigación, ya antes de la irrupción del Covid-19, entre 2014 a 2019, la mayoría de las comunidades autónomas, 10 en total, no inspeccionaban las residencias ni una vez de media al año. En 2020, aún con un refuerzo de las inspecciones por la pandemia, todavía fueron siete las Comunidades que no llevaron control alguno en ninguna de ellas.
“Poco, tarde y mal: El inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias durante la COVID-19 en España” es un recomendable informe, obligado para los responsables políticos que gestionan la sanidad, en el que Médicos Sin Fronteras (MSF) desarrolla una serie de respuestas pragmáticas a las dificultades encontradas en las cerca de 500 residencias de mayores a las que dieron estudio y apoyo; sus reflexiones y consideraciones fueron válidas para entonces, pero mucho más válidas en la actualidad. Son una serie de lecciones aprendidas, desde la ciencia y la experiencia, cuyo objetivo es asegurar que la respuesta a nuevos brotes no esté condicionada por la agenda política o empresarial, el beneficio o la oportunidad, sino por las necesidades reales de atención y salud de este colectivo vulnerable. La respuesta a la COVID-19 puso de manifiesto la falta de capacidad y asistencia a este colectivo tanto en los servicios de atención primaria como en el sistema hospitalario.
Siempre he sentido cierta vergüenza, sin desmerecer la obligada preocupación de las Instituciones políticas, sociales, médicas y económicas por las primeras etapas de la vida, en especial, la infantil, pero, a la vez, el escaso interés y la falta de medios empleados en esa etapa que llamamos “ancianidad”. Esta contradicción se podría resumir así: que nada falte en la infancia, pero que en la ancianidad los problemas ya se los resuelvan ellos. No se necesitan profundos estudios y serias investigaciones para tener evidencias de lo mucho que hoy se valora “la activa adolescencia y la bella juventud” y la real despreocupación por la “incómoda ancianidad”. Como dijo una política europea, al menos a ella se le atribuye la frase, Christine Lagarde, cuando fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y desde noviembre de 2019, presidenta del Banco Central Europeo (BCE): “Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial. Tenemos que hacer algo y ya”.
Seguramente esta acomodada e insensible señora desconoce el diálogo de Cicerón, su “Tratado sobre la ancianidad” (De senectute), única obra latina exclusivamente consagrada a los ancianos. El historiador francés George Minois, para quien la ancianidad es la edad de oro, afirma de ella: “el tratado de Cicerón es una extraordinaria apología de la vejez, única por muchos conceptos. Por el lugar que ocupa en la literatura, por la calidad de su estilo y su argumentación, la obra representa un hito esencial en la historia de los ancianos. Puede considerarse entre los libros que enseñan a vivir mejor”.Es, auténticamente, un tratado de “gerogogía”, o arte de aprender a envejecer. Hoy el anciano no es siempre una figura de respeto, especialmente si carece de bienes y poder. Por supuesto, en la época de Cicerón el tema de la longevidad tenía caracteres distintos de la época actual. La vejez, como la vida misma, siempre aceptará miradas y reflexiones múltiples y contradictorias. El tema de la calidad de una vida larga hoy preocupa, pero esa preocupación no es la misma para todos y desde la solidaridad ética con los más desfavorecidos, es obsceno e indignante que haya quienes su preocupación no sea la calidad de vida del anciano: apuntalando su soledad, favoreciendo su tiempo libre, enriqueciendo su ocio, satisfaciendo sus necesidades, con una atención y recursos sanitarios totalmente garantizados, con una pensión de jubilación digna…, sino el cálculo economicista de lo expresado por presidenta del Banco Central Europeo, idea que sostienen muchos de los que lo tienen todo.
El tema de la calidad de una vida larga hoy preocupa, pero esa preocupación no es la misma para todos y desde la solidaridad ética con los más desfavorecidos
El informe citado de Médicos Sin Fronteras, aboga por situar a las personas mayores en el centro de toda decisión y política públicas, para asegurar que no se repita lo sucedido, pues el riesgo de que las personas mayores que viven en residencias vuelvan a resultar afectadas no ha remitido. El que fue responsable de Políticas Sociales en la primera ola de la Covid-19, Alberto Reyero, exconsejero de Madrid, publicó un crítico estudio sobre el tema titulado: “Morirán de forma indigna”; en él describe las evasivas y la frialdad del partido popular en el Gobierno de Ayuso ante las muertes en los centros de mayores; al estudio del doctor Reyero se unió otro estudio, publicado en la revista internacional Epidemiología, liderado por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, en el que analizaba el impacto de la mortalidad según la titularidad pública o privada de los centros y su modelo de gestión (pública, indirecta, concertada o privada). Su principal conclusión es que la mortalidad “más alta” se produjo en las residencias de gestión privada o indirecta. En cambio, la menor se registró en las residencias públicas. Las conclusiones del informe son reveladoras, pues según la doctora Zunzunegui, “las residencias son lo más opaco que hay y es una estrategia consciente que obedece a los intereses de la Administración y de las empresas, ya que impide la rendición de cuentas a las familias de los residentes y a la opinión pública, en un colectivo vulnerable sin voz ni voto ni capacidad de defenderse”. De ahí que el doctor Reyero, consciente de que se tomaron decisiones crueles e injustas, con una explícita exhortación a la solidaridad y la empatía, en declaraciones a la prensa dijese: “Quiero que la gente se indigne para que no se repita el abandono de las residencias ni en la pandemia ni en la vida diaria de los ancianos”.
Ciertamente nunca se debería repetir tal situación; hay que estar preparados, para reducir su sufrimiento y limitar al máximo su vulnerabilidad; en estos momentos electorales hay que garantizar propuestas eficaces, como respuesta a una dudosa situación que, superado el Covid-19, - todavía no ha pasado-, hay que dignificar el trato y los cuidados que debe recibir este colectivo y reforzar su autonomía como pacientes o grupo de gran vulnerabilidad. ¿Cómo?: elaborando planes de contingencia que puedan adaptarse fácilmente a cada residencia; estableciendo políticas y mecanismos para la detección, vigilancia y control efectivo en sus entornos; asegurando la capacidad de sectorización en las residencias, respetando la dignidad y cuidados de las personas mayores y protegiendo al personal que los atiende; estableciendo mecanismos para cuidar la salud mental y emocional de los residentes, del personal y de sus familiares; acompañando todo ello de una adecuada recopilación, sistematización, publicación y análisis de datos, para mejorar la toma de decisiones. En el bronco debate que presenciamos el lunes pasado, entre el candidato socialista, señor Sánchez y el candidato popular, señor Feijoo, con excesivo ruido y nulas propuestas, al debatir el tema de la sanidad, con escaso conocimiento por parte del candidato popular, hubo un silencio clamoroso sobre la importancia y los retos necesarios para la atención a la ancianidad. Se puede hacer la prueba: comparar las tablas de preocupaciones de los españoles, las noticias a las que los medios prestan atención, y los asuntos que se trataron en el debate. A nadie parece importarles el problema de las residencias y las necesidades de la ancianidad. Cualquiera puede darse cuenta que, sin intervención estatal, el precio de las residencias de mayores, para quienes no tienen posibilidades económicas, conseguir una plaza pública es un empeño casi imposible; en el fondo es la maldita cuestión “de la oferta y la demanda”: quien tiene “posibles”, encuentra plaza y quien no, ¡que se fastidie!
Desde su experiencia personal por una deficiente atención familiar en una residencia, un especialista cardiólogo y amigo me decía hace días con toda razón, que las lecciones aprendidas y las vidas perdidas en la pasada pandemia, deben provocar un cambio profundo en los políticos, en la sanidad, en la atención familiar y en los centros residenciales para mayores. Las próximas elecciones pueden ser la prueba del nueve de lo que quieren los españoles y, en especial, de las consecuencias en derechos dependiendo quién gobierne; no llegar a conocer qué prometen unos u otros y votar desde ese desconocimiento, es votar o abstenerse desde los sentimientos y la ignorancia.
Se puede hacer la prueba: comparar las tablas de preocupaciones de los españoles, las noticias a las que los medios prestan atención, y los asuntos que se trataron en el debate
Según datos de la consultora Savills Aguirre Newman, el envejecimiento de la población es un reto global que afecta en mayor medida a los países desarrollados y que debe ser afrontado desde una perspectiva multidisciplinar, dados los efectos económicos y sociales que genera. El incremento de la esperanza de vida supone un éxito del llamado estado del bienestar, pero también un desafío social y sanitario. Parte de esos años extra estarán condicionados por un cierto grado de dependencia, desde la más leve, a la que requerirá cuidados constantes, para lo que resulta fundamental un incremento de los recursos destinados a la atención de los mayores y una mayor profesionalización del sector; a ello se une que el tamaño de las familias ha disminuido. Para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, es manifiesta en España la necesidad de incrementar la actual oferta de residencias para mayores de 65 años. España debería crear unas 100.000 nuevas plazas, lo que equivale a sumar 1.100 residencias adicionales a las casi 5.600 operativas que existen en la actualidad.
Centrando el objetivo concreto de estas reflexiones que no es otro que los centros y residencias para mayores, quienes se encuentran en esta situación, son conscientes de la imposibilidad de conseguir una plaza en una residencia pública y la imposibilidad económica en la inmensa mayoría de la ciudadanía de poder financiar una plaza en una residencia privada. Las privatizaciones de empresas públicas en España no se han guiado, en general, por una estrategia política claramente definida. En España en los albores de la democracia, se inició la privatización de gran cantidad de empresas públicas. Fue durante el gobierno del presidente Aznar cuando les entró a los llamados economistas neoliberales un ansia privatizadora obsesiva y nefasta: con el gobierno de Aznar, en ese absurdo mundo neoliberal que él y los gobiernos del Partido Popular representaron, se vendieron al sector privado buenas empresas del Estado con beneficios, para realizar el mismo servicio a superior coste y garantizarse enormes dividendos, como ha venido sucediendo.
Dado el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, es manifiesta la necesidad de incrementar la actual oferta de residencias para mayores. Las residencias de la tercera edad, por esta necesidad y por las buenas perspectivas que ofrecen a medio y largo plazo, son uno de los mercados más atractivos hoy y de mayor retorno para el inversor, con ingresos asegurados y recurrentes. La privatización es un mecanismo existente en la economía mediante el cual el gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas desde el Estado hacia empresas u organizaciones privadas. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de desarrollo de una nación, por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes de mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor dinámica en la economía, lo cual, en teoría, debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material. Esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos. El Partido Popular, que se considera neoliberal, o al menos se lo atribuye, desconociendo realmente lo que es y significa, no le hace ascos hasta afirmar que quien no se sube al carro de la privatización está perdiendo el carro de la modernidad. Las privatizaciones han sido siempre un tema polémico, con sus defensores y sus detractores. Cualquier estudioso del Derecho público, cualquier usuario de servicios públicos, conoce o ha oído hablar de la privatización (Aguirre y Lasketty, emplearon cínicamente el eufemismo de la externalización). La privatización es posible, y muchas veces necesaria, pero ¿por qué debe impulsarse y hasta dónde debe llegar?
En España en los albores de la democracia, se inició la privatización de gran cantidad de empresas públicas
La privatización es un mecanismo existente en la economía mediante el cual el gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas desde el Estado hacia empresas u organizaciones privadas. Sus defensores, los neoliberalistas, esgrimen que las privatizaciones mejoran el desempeño de muchas instituciones del sector público, aumentando su eficiencia y competencia, lo que da como resultado usuarios satisfechos. En cambio, sus detractores señalan que lo que se propone la privatización es el desmontaje del Estado para dejar los asuntos públicos en manos del capital privado; acusan las privatizaciones de ser una forma de operar típica de los gobiernos de derecha para favorecer a los grandes empresarios, en detrimento de la población. Todos sabemos que cuando algo se privatiza no es para ahorrar, sino por ideología e interés económico; y la educación como la sanidad, incluyo también en este paquete las residencias para mayores deben ser un derecho y no una posibilidad de negocio. No se pueden gestionar una atención digna a mitad de precio pretendiendo calidad en la atención y mejores resultados.
Pretender ganar dinero restando calidad en la atención, en los cuidados y en la manutención es un atentado contra la eficacia y la eficiencia. Hay que mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia. Hay que mirar al futuro con generosidad e intención de mejora y creando en la ancianidad esperanza y confianza. La prestación de servicios públicos debe ser gestionada por las instituciones públicas, que son las que configuran un Estado de bienestar.
Ante esta situación, las preguntas que surgen y que tienen respuesta son:
¿Estarían mejor gestionadas las residencias en manos privadas? Si los gestores son los mismos que hasta ahora, parece que no. Parte del presupuesto serían beneficios para sus accionistas y las Comunidades no gastarían el importe de privatizarlas en gasto superfluo. Ya sabemos que es la forma de operar típica de los gobiernos de derecha para favorecer a los grandes empresarios exonerándose de los asuntos públicos y dejándolos en manos del capital privado en detrimento de la población. Aquellos ancianos con pensiones escasas, terminarían por tener que pagar una residencia privada. Incluso las clases medias tendrían enormes dificultades para poder pagar estos servicios que debería gestionar un Estado del bienestar. Los neoliberales defienden que en un mercado en el que hay competencia, las empresas son capaces de mejorar los productos y servicios, cambiando la estructura de costes para poder ofrecer más calidad a precios más reducidos. Por esa razón, reducir el papel del Estado y su injerencia en los mercados es una de las bases del capitalismo y de la economía occidental más reciente.
Si no los votamos podemos pararlos y hacerles entender que con nuestra salud, educación y atención a nuestros mayores, “negocio cero”.
¿Estarían mejor las residencias de ancianos gestionadas por las comunidades autónomas? Parece que sería lo mejor, toda la economía que se programa para su gestión, serían beneficios para los residentes y quienes les atienden y no para las empresas que buscan beneficios para ellas. Un gobierno de progreso no puede ni debe dejarse llevar por las ideas de la lacra neoliberal de reducir el tamaño de las prestaciones del Estado. Un importante sector de la población sensata tiene claro que las empresas públicas son igual o más eficientes que las privadas. Si las residencias de ancianos no fueran un negocio el sector privado no querría hacerse cargo de ellas.
Titulaba estas reflexiones “Política subrogada”. La subrogación es un término empleado en derecho relacionado con la delegación o reemplazo de competencias hacia otros. Se trata de un negocio jurídico mediante el cual una persona sustituye a otra en una obligación. Descargar responsabilidades en los demás es un ejercicio muy habitual en las políticas conservadoras. Quieren convertir un servicio público eficiente, barato y apreciado, en otro en el que el beneficio privado prime sobre la salud y además dirigirlo hacia un oligopolio. Recuerdo el interés de la señora Esperanza Aguirre y el de sus conocidos exconsejeros de la sanidad madrileña, señores Lamela, Güemes y Lasketty por externalizar la sanidad en beneficio privado en compañías como Quirón-salud y Capio, que presumían de que, por cada euro invertido, ellos obtenían 2,7. Un chollo. De hecho, muchos y notables políticos del PP acabaron trabajando en estas empresas.
En estas elecciones próximas, es hora que, de una vez, los españoles ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y rechacemos no solo la privatización sanitaria, educativa y de residencias de mayores, sino de aquellos partidos que se sienten cómodos con ella y de aquellas empresas españolas que participan en el negocio de ella. Si no los votamos podemos pararlos y hacerles entender que con nuestra salud, educación y atención a nuestros mayores, “negocio cero”.
