Tras meses de dudas y tensión, esta semana ya se ha encontrado una solución al nuevo gobierno en España…y será un gobierno plurinacional y con una larga lista de partidos que se han unido ante la amenaza de un gobierno que hubiera contado con la extrema derecha por primera vez en España.
La coalición que ha aupado al gobierno representa a más de 12,6 millones de ciudadanos y ciudadanas en las que hay que incluir una cifra de votantes desde el exterior que ha subido tras la derogación del voto rogado pero que tendrá que seguir creciendo hasta acercarse a las participaciones previas a los obstáculos que se implantaron a principios de la década pasada.
El gobierno de Pedro Sánchez fue el gobierno que propuso y aprobó la derogación del voto rogado y quedará en el haber de su ejecutivo.
El Partido Popular tuvo sus mandatos, alguno contando con mayoría absoluta de M. Rajoy, para desfacer el entuerto y nunca hizo el intento de corregir el error causado por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP, CiU y PNV.
Al que soluciona los problemas hay que agradecérselo.
Aparte del voto rogado, ha habido en los últimos 12 meses más ocasiones en las que al parecer, se han tomado decisiones a favor de la población emigrante, y nos ha sorprendido gratamente el ser el centro de la atención en el gobierno en un puñado de decisiones.
En 2022 se pactaron una serie de acciones que sirven para corregir parcialmente algunos problemas, como por ejemplo en el aspecto de homologaciones de títulos en el exterior, simplificando y facilitando este aspecto clave para el posible retorno de una gran parte de los emigrantes cualificados en el exterior…pero queda mucho por hacer en este aspecto y la continuidad del gobierno ofrecerá al ministerio de universidades a seguir explorando mejoras adicionales.
Desde el exterior hemos visto cómo otras peticiones como son el volver a ser incluidos en los planes del IMSERSO vuelven poco a poco a ser cumplidas y la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez quizás ayude a incrementar los números de beneficiarios, así como expandirse de nuevo a la ciudadanía en latino américa.
No es nada nuevo y no se entiende que se retirara esta oferta a la diáspora y ahora además de consolidarse ha de ser incrementada.
Aquellas ciudadanas y ciudadanos esperando a solicitar la nacionalidad españolas al ser descendientes de emigrantes de nuestro país a través de la Ley de Memoria Democrática y la disposición adicional octava respirarán aliviados de saber que a los 12 meses de vigencia que quedan, se podrían añadir otros 12 meses más por decisión de un consejo de ministros que no debería ver mal la extensión de una ley tan beneficiosa para la diáspora y que pone un parche a un problema que tenemos desde hace lustros.
El gobierno tiene de su mano aceptar la Reforma del Código Civil en materia de nacionalidad que fue aprobada la semana pasada en el III Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y debería contar con el apoyo del partido del candidato Núñez Feijoo, que en Buenos Aires dejó claro que derogaría la LMD y aprobaría una Ley de Nacionalidad con los cambios que estamos proponiendo.
Esperamos que su propuesta lanzada en su visita a Argentina no fuera simplemente una promesa electoral para atraer votos y que en realidad pueda ponerse de acuerdo con el PSOE para encontrar una solución que quede para siempre.
El camino tomado por el Ministerio de Exteriores para solucionar los problemas del personal laboral en el exterior apenas ha dado los primeros pasos y la ampliación por 4 años del gobierno de Pedro Sánchez ha de servir para cumplir las promesa que el ministro Albares hizo a las plantillas de consulados e instituciones en el exterior y por ejemplo, asegurarse que en Reino Unido la fuerza laboral que trabaja para los más de 180 mil ciudadanos y ciudadanas españolas cuenten con condiciones dignas y no sean discriminados y abocados a la precariedad con un acceso a condiciones de seguridad social que no cubre sus bajas laborales en las mismas condiciones que los trabajadores en suelo nacional.
El servicio a la ciudadanía y el sector público han de funcionar de manera eficaz tanto en España como en el exterior y no es de recibo que se mire hacia otro lado cuando hablan del personal laboral en el exterior.
La protección a la mujer por parte de consulados ha de equipararse a la protección en suelo nacional.
Las propuestas en la sesión de investidura de un pacto de estado por la salud mental con más fácil acceso a servicios de psiquiatras y psicólogos ha de extenderse al exterior, con oferta de acceso vía telemática si es necesario, que alivien los problemas que la emigración, en muchos casos no elegida, tiene en muchos de nuestros y nuestras compatriotas.
Igualmente será de agradecer que el transporte publico gratuito para los jóvenes sea aplicado de igual manera a aquellos españoles que visitan España y viven en el exterior…y si no es el caso será una clara discriminación hacia parte de la población española.
Este problema ya sucede por ejemplo con el bono cultural que se oferta a aquellos y aquellas que cumplen 18 años en nuestro país…y que en la letra pequeña deja fuera a los nacidos en el exterior y que para incrementar su arraigo y su interés en nuestra cultura podrían beneficiarse de este bono cultural en sus visitas a nuestro país.
Los gobiernos, a la hora de ofrecer propuestas suelen poner demasiado empeño en las letras pequeñas y las maneras de crear discriminaciones que no ahorran dinero a las arcas publicas y sí que marcan diferencias entre españoles de primera y de segunda categoría.
El gobierno puede optar por seguir uniendo lazos y creando puentes con tres millones de españoles y españolas en el exterior, que sin ninguna duda tomarán nota de un cambio de tendencia hacia una emigración que tradicionalmente ha sido olvidada.
