nuevatribuna.es
18 de mayo de 2010, 6:13
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 18.05.2010
Es una más de las dos mil fosas franquistas que existen en toda España. Siete personas fueron vilmente asesinadas de un tiro en la cabeza el 5 de octubre de 1936 -pocos meses después de que comenzara la sublevación militar contra la II República- en la localidad abulense de Candeleda. Sus cuerpos han permanecido enterrados clandestinamente 74 años y ahora la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha procedido a su exhumación.
Tres de los siete cuerpos –con evidentes signos de violencia- faltaban por identificar y tras un exhaustivo trabajo de investigación en el registro civil, la ARMH ha conseguido dar con las partidas de defunción. Se trata de Ceferino Gómez Díaz, de 82 años; su mujer, Tomasa de la Peña García, 62 años; y el hijo de ambos, Benjamín Gómez de la Peña, de 24 años, ejecutados extrajudicialmente y cuyos restos no han sido reclamados por nadie, posiblemente porque no dejaron descendencia, explica Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH en conversación con nuevatribuna.es.
Macías nos cuenta que durante la Guerra Civil y posterior periodo de represión las partidas de defunción de los asesinados por el bando vencedor eran generalmente registradas años después de su muerte. En los boletines oficiales figuraban los decretos con las normas para inscribir a los desaparecidos. En el caso de este matrimonio y su hijo, así como de las otras cuatro personas que yacen con ellos en la misma fosa, la causa de la muerte es por la pasada guerra de liberación. El concepto se repite en otros lugares de España donde también se alterna como causa del fallecimiento, la lucha nacional contra el marxismo, mientras que los franquistas y falangistas muertos en la contienda figuran como asesinados por los rojos.
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En la zona donde se está llevando a cabo la exhumación de la fosa no se conocen familiares de estas tres personas y la ARMH hace un llamamiento a cualquier ciudadano que pueda conocer alguna información que permita localizar a algún familiar que pueda reclamarlos.
Los desenterramientos –llevados a cabo mayoritariamente por voluntarios- comenzaron este lunes después de que la ARMH pusiera la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, paso previo para llegar al juzgado territorial competente. Según Macías, por deseo de los familiares de los otros tres cuerpos identificados, las siete personas podrían ser de nuevo enterradas juntas en un sito común que facilite el ayuntamiento de la localidad abulense.
Todavía hay personas vivas que dan testimonio de lo sucedido, asegura Macías. Vecinos de la localidad que vieron cómo les enterraban en la fosa común. E incluso se habla del que posiblemente fue la mano ejecutora, un famoso falangista de la comarca al que se conocía con el apodo del quinientos uno, nombre dado por el número de víctimas que contaba en su haber. El personaje gozaba de alto rango entre los mandos franquistas y disfrutó durante mucho tiempo de escolta, muriéndose de viejo y sin que la justicia le pidiera cuentas por sus cientos de asesinatos.
Es una más de las dos mil fosas franquistas que existen en toda España. Siete personas fueron vilmente asesinadas de un tiro en la cabeza el 5 de octubre de 1936 -pocos meses después de que comenzara la sublevación militar contra la II República- en la localidad abulense de Candeleda. Sus cuerpos han permanecido enterrados clandestinamente 74 años y ahora la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha procedido a su exhumación.
Tres de los siete cuerpos –con evidentes signos de violencia- faltaban por identificar y tras un exhaustivo trabajo de investigación en el registro civil, la ARMH ha conseguido dar con las partidas de defunción. Se trata de Ceferino Gómez Díaz, de 82 años; su mujer, Tomasa de la Peña García, 62 años; y el hijo de ambos, Benjamín Gómez de la Peña, de 24 años, ejecutados extrajudicialmente y cuyos restos no han sido reclamados por nadie, posiblemente porque no dejaron descendencia, explica Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH en conversación con nuevatribuna.es.
Macías nos cuenta que durante la Guerra Civil y posterior periodo de represión las partidas de defunción de los asesinados por el bando vencedor eran generalmente registradas años después de su muerte. En los boletines oficiales figuraban los decretos con las normas para inscribir a los desaparecidos. En el caso de este matrimonio y su hijo, así como de las otras cuatro personas que yacen con ellos en la misma fosa, la causa de la muerte es por la pasada guerra de liberación. El concepto se repite en otros lugares de España donde también se alterna como causa del fallecimiento, la lucha nacional contra el marxismo, mientras que los franquistas y falangistas muertos en la contienda figuran como asesinados por los rojos.
En la zona donde se está llevando a cabo la exhumación de la fosa no se conocen familiares de estas tres personas y la ARMH hace un llamamiento a cualquier ciudadano que pueda conocer alguna información que permita localizar a algún familiar que pueda reclamarlos.Los desenterramientos –llevados a cabo mayoritariamente por voluntarios- comenzaron este lunes después de que la ARMH pusiera la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, paso previo para llegar al juzgado territorial competente. Según Macías, por deseo de los familiares de los otros tres cuerpos identificados, las siete personas podrían ser de nuevo enterradas juntas en un sito común que facilite el ayuntamiento de la localidad abulense.
Todavía hay personas vivas que dan testimonio de lo sucedido, asegura Macías. Vecinos de la localidad que vieron cómo les enterraban en la fosa común. E incluso se habla del que posiblemente fue la mano ejecutora, un famoso falangista de la comarca al que se conocía con el apodo del quinientos uno, nombre dado por el número de víctimas que contaba en su haber. El personaje gozaba de alto rango entre los mandos franquistas y disfrutó durante mucho tiempo de escolta, muriéndose de viejo y sin que la justicia le pidiera cuentas por sus cientos de asesinatos.
