Después de cuarenta y siete años, la situación final del Sáhara Occidental sigue sin estar resuelta. Legalmente, territorio en proceso de descolonización según las Naciones Unidas y un elevado número de países, entre ellos muchos africanos, con España como potencia administradora ausente; y fácticamente, territorio marroquí, según este país, y, asimismo, otro buen número de países africanos y no africanos.
¿Quién es el sujeto político con derecho a la autodeterminación?
Su resolución siempre ha estado vinculada a la celebración de un referéndum de “autodeterminación”, inicialmente centrado en las dos posturas extremas: la independencia, preconizada por el Frente Polisario, representante legal ante las Naciones Unidas del “pueblo saharaui”, o la integración del territorio en el Reino de Marruecos, postura preconizada por este país. Referéndum de autodeterminación, que ha intentado llevarse a cabo a través de variadas fórmulas (planes Baker, propuestas externas, etc.), hasta ahora siempre fallidas.
Fórmulas que siempre han tropezado con el mismo obstáculo: ¿quién es el pueblo saharaui?
¿Quién es el sujeto político con derecho a la autodeterminación? ¿El último censo español de 1974 y sus descendientes? ¿Los componentes de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) creada en el exilio argelino por el Frente Polisario? ¿La actual población viviendo en el territorio? ¿Debería ésta incluir a los beduinos supuestamente expulsados del territorio por la colonización española y sus descendientes? ¿Y a los colonos marroquíes inmigrados al territorio desde 1975 y sus descendientes? ¿Y la emigración saharaui en España y el resto del mundo y sus descendientes?
Pero si determinar la respuesta a estas preguntas no fuera ya suficientemente peliagudo, recientemente se ha unido (en 2007) la de la propuesta marroquí de aceptar la celebración de un referéndum en el territorio, pero cambiando los parámetros establecidos por las Naciones Unidas: en vez de referéndum entre independencia o incorporación al reino alauí, según esta nueva propuesta la población saharaui debería elegir entre su plena integración en Marruecos, es decir, mantenimiento de la situación actual desde 1975 o acceder a algún tipo de autonomía, siempre dentro de la soberanía marroquí.
Ahora bien, este nuevo tipo de referéndum presenta también algunos problemas.
El primero y principal es que, en las actuales circunstancias, no sería legal, porque invalida la opción de la independencia, verdadero núcleo de la necesidad de un referéndum, ya que implica aceptar de antemano la soberanía marroquí sobre el territorio, en cuyo caso las Naciones Unidas (Comité de Descolonización) y la teórica potencia administradora, España, perderían su papel en la gestión de este.
Y si la propuesta es partir de la soberanía marroquí sobre el territorio, que de facto ejercen, ¿por qué no lo han organizado ya, ya que lo harían en su propio territorio sin que ningún actor externo pudiera inmiscuirse ni en las preguntas concretas, ni en las modalidades propuestas?
La repuesta es doble. Para no enfrentarse más con las Naciones Unidas (Comité de Descolonización), que no aceptarían ni el referéndum en sí, ni sus resultados y con la que ya tienen bastantes litigios en relación con su operación allí desplegada, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), prácticamente imposibilitada de llevar a cabo sus cometidos debido a las interferencias e impedimentos que les presentan las autoridades marroquíes en el territorio y fuera de él (ni siquiera cuenta entre sus misiones con la de observación del cumplimiento del respeto de los derechos humanos en el territorio).
Pero, además, y con mucha probabilidad principalmente, para ganar tiempo, en consideración a las siguientes razones geopolíticas y demográficas, que juegan a su favor.
Para las Naciones Unidas y los países que exigen una descolonización pacífica, el representante del pueblo saharaui y, por tanto, el interlocutor en la gestión del proceso descolonizador es el Frente Polisario, organizador y gobernante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), exiliada en la provincia argelina, limítrofe con el Sáhara Occidental, de Tinduf. Mientras que, para Marruecos, el Frente Polisario es solo “el enemigo”, una organización rebelde y separatista, con poca ascendencia dentro del territorio y manipulada por su eterno rival, Argelia. Alguien con quien no se debe tratar ni se está dispuesto a hacerlo.
Más recientemente, las adhesiones a la propuesta marroquí (a la que se alude como “seria, realista y creíble”) han sido de mayor calado
Ahora bien, que el problema se esté cronificando no quiere decir que no haya sufrido cambios. El número de países africanos, que, en 1984, aceptaron la incorporación de la RASD a la Organización de la Unidad Africana (antecesora de la actual Unión Africana), no reconociendo la anexión del territorio por Marruecos -debido a lo cual Marruecos abandonó provisionalmente la Organización- ha disminuido considerablemente tras una paciente y estudiada labor diplomática, comercial e incluso religiosa marroquí: retiran sus embajadas físicas o nominales de la RASD, aceptan la “versión” marroquí del referéndum, aunque sea como mal menor, etc. Razón por la cual Marruecos pudo regresar al seno de la Unión Africana en 2017 con el apoyo de, al menos, 39 de los 54 países que la componen y sin ocultar su postura de intentar que la República Árabe Saharaui Democrática sea expulsada de la Organización.
Más recientemente, las adhesiones a la propuesta marroquí (a la que se alude como “seria, realista y creíble”) han sido de mayor calado. Aparte de Francia, la gran aliada de Marruecos en Europa, en diciembre de 2020, Estados Unidos declaró su apoyo expreso a la propuesta marroquí de referéndum “como premio” a la incorporación del reino alauí a los Acuerdos árabo-israelíes de Abraham, siguiendo su tradicional política de apoyo a Marruecos, como dique de contención de la tercermundista Argelia (y de su tercermundista brazo, el Frente Polisario).
Decisión estadounidense a la que siguió la de algunos Estados europeos como Alemania (febrero de 2021) o Países Bajos (mayo de 2022) e incluso España (marzo de 2022), cómo no, tras el nombramiento del señor Albares como ministro de Asuntos Exteriores (a quien algunos ya llaman el hombre de Washington en Madrid), eludiendo descaradamente su posición de “potencia administradora” y, por lo tanto, de supuesta protectora de la población saharaui.
Veamos, por otro lado, ciertos datos demográficos. Con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de los 173.000 refugiados actuales saharauis en Tinduf, 146.920, es decir el 84%, son menores de cuarenta y nueve años, es decir, no nacidos en el Sáhara Occidental (o tenían menos de dos años cuando la invasión marroquí).
173.000 personas que viven hacinadas (en Tinduf) y sin muchas perspectivas de progreso material y económico, dadas las condiciones de sus circunstancias ambientales y políticas. Y de ellas, 146. 920 que ni siquiera han pisado nunca el suelo que reclaman y con toda la vida (o, al menos, gran parte de ella) por delante.
Por su parte, según las estadísticas de las Naciones Unidas, en 1975, el Sáhara tenía 75.625 habitantes, perdió ese año 1.691 habitantes con el éxodo de refugiados y había ganado en 1976, 12.799 con la entrada de colonos y funcionarios marroquíes. Es decir que, en solo esos dos años, comparando la emigración saharaui y la inmigración “marroquí”, el Sáhara ganó 11.608 habitantes, o el 14’6% de su población en esos momentos, procedentes, en diferentes formas, de la nueva potencia colonizadora marroquí.
Si se hubiera mantenido esta ratio de crecimiento en las dos comunidades que hoy constituyen la población del Sáhara (originarios y sus descendientes y colonos/funcionarios y sus descendientes), o alguna parecida aunque sea menos favorable a los inmigrantes procedentes de Marruecos, ¿qué proporción de cada una de ellas aporta a los actuales 560.851 habitantes (2021, Naciones Unidas) del Sáhara actual?
Todos estos números no demuestran nada, pero muestran lo que podría pasar si se lleva a cabo el referéndum bajo determinadas respuestas a las preguntas que se plantearon al principio: ¿quién es el pueblo saharaui? ¿quién es el sujeto político actual con derecho a la autodeterminación?
Son estas razones de carácter geopolítico y demográficas, con las que Marruecos está jugando tan hábilmente, las que nos permiten plantearnos si en las circunstancias actuales (2022 y siguientes), ¿es realista considerar posible la independencia del Sáhara Occidental? ¿Qué es más conveniente o favorable para el pueblo saharaui, se defina como se defina a ese “sujeto político” titular del derecho a la autodeterminación? ¿Heroica resistencia o algún tipo de solución intermedia? ¿Un referéndum con el que los saharauis pudieran obtener el control sobre los recursos económicos del territorio y el orden público, bajo la soberanía marroquí, o eternización de la precaria situación actual? ¿Justicia o realismo?
Son preguntas a la vez prácticas y éticas y por lo tanto de respuesta personal y subjetiva.
