Cada vez está más difícil el castigo a los crímenes de la dictadura uruguaya, aunque no está todo dicho. A escasas dos semanas de que la Cámara de Diputados rechazara la iniciativa del gubernamental Frente Amplio para anular la ley que otorga inmunidad a los militares por los crímenes de la última dictadura (1973-1985), la Corte Suprema de Justicia ha puesto un nuevo obstáculo al dictaminar que las violaciones a los derechos humanos cometidos entonces son delitos comunes y no de lesa humanidad. Esto supone que prescribirán el próximo 1 de noviembre.
La decisión de la Corte se produce en el marco del juicio contra dos militares, José “Nino” Gavazzo y Ricardo Arab, condenados a 25 años de cárcel por 28 homicidios “muy especialmente agravados”. La fiscal, Mirtha Guianze, los había acusado de delitos de desaparición forzada, considerados de lesa humanidad. Y pidió a la Corte que, aún descartando esta imputación, considerase los delitos como de lesa humanidad. Pero el máximo tribunal contestó que en el momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006 y, por tanto, no se les puede imputar por dicha causa.
Los senadores del Frente Amplio Daniel Martínez y Jorge Orrico, sostienen que los delitos cometidos durante la dictadura no tienen momento de consumación porque la persona continúa desaparecida. La abogada Hebe Martínez Burlé, que defiende a la familia del senador Zelmar Michelini, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires junto al diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, recordó por su parte que Uruguay es signataria de todos los tratados internacionales desde los juicios de Nuremberg a la fecha, incluido el de San José de Costa Rica, que consideran de lesa humanidad e imprescriptibles las torturas, el secuestro, el asesinato y las desapariciones en el marco del terrorismo de Estado.
En declaraciones que publica el diario argentino Página 12, la abogada reconoce que será muy difícil seguir con los juicios después de la decisión de la Corte Suprema, pero también recuerda que “Nuremberg apartó de la ley común los casos de terrorismo de Estado y genocidio y gracias a ello el pueblo judío aún persigue nazis 50 años después del Holocausto”.
Un total de 174 uruguayos figuran como detenidos-desaparecidos durante la dictadura. La mayoría desapareció en Argentina, como consecuencia de la Operación Cóndor, en la que las dictaduras del cono sur coordinaron la represión. La dictadura argentina destinó el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta, para los detenidos uruguayos. Allí, fueron interrogados y torturados por militares de su propio país, que en la mayoría de los casos decidieron su desaparición.
En Argentina, donde no hay ya ningún obstáculo para juzgar a los represores de la dictadura, se condenó hace menos de dos meses a cuatro de los que actuaron en Orletti. Sus penas fueron de 20 años a prisión perpetua. Los condenados fueron un ex general (Eduardo Cabanillas), dos ex agentes de la SIDE, Servicios de Inteligencia del Estado (Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo), y un ex agente del batallón de inteligencia del estado 601 (Raúl Guglielminetti).
