nuevatribuna.es
7 de junio de 2009, 21:34
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 7.6.2009
SOS Racismo denuncia que en esta jornada electoral se le ha "negado" el derecho a voto a 18,5 millones de personas, el número de inmigrantes que residen en la Unión Europea, lo que en su opinión revela el tipo de política migratoria que desarrolla el Ejecutivo comunitario y que "establece categorías de ciudadanos en función de su origen".
En un comunicado, la organización se refiere en concreto a la campaña electoral en España y destaca la ausencia de "cerillas electorales" con tintes xenófobos en el discurso, lo que atribuye a que ya están en vigor iniciativas de "racismo institucional" como la llamada "Directiva de la Vergüenza", aprobadas por la UE.
La entidad señaló otros ejemplos de esta "xenofobia" política como la ley italiana que tipifica como delito la inmigración ilegal o la sueca, que retira la protección sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
Asimismo, criticó las políticas de control de fronteras y de expulsión, que se concretan en los 70 millones de euros que recibió el año pasado la agencia Fortex, y en los vuelos "charter" para realizar expulsiones. La entidad consideró que este tipo de política comunitaria es la responsable del auge de la extrema derecha en el continente.
SOS Racismo denuncia que en esta jornada electoral se le ha "negado" el derecho a voto a 18,5 millones de personas, el número de inmigrantes que residen en la Unión Europea, lo que en su opinión revela el tipo de política migratoria que desarrolla el Ejecutivo comunitario y que "establece categorías de ciudadanos en función de su origen".
En un comunicado, la organización se refiere en concreto a la campaña electoral en España y destaca la ausencia de "cerillas electorales" con tintes xenófobos en el discurso, lo que atribuye a que ya están en vigor iniciativas de "racismo institucional" como la llamada "Directiva de la Vergüenza", aprobadas por la UE.
La entidad señaló otros ejemplos de esta "xenofobia" política como la ley italiana que tipifica como delito la inmigración ilegal o la sueca, que retira la protección sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
Asimismo, criticó las políticas de control de fronteras y de expulsión, que se concretan en los 70 millones de euros que recibió el año pasado la agencia Fortex, y en los vuelos "charter" para realizar expulsiones. La entidad consideró que este tipo de política comunitaria es la responsable del auge de la extrema derecha en el continente.
