Continuando con lo que se ha venido manifestando con anterioridad, ante el hecho de tratar de evitar las consecuencias que se podrían derivar del ejercicio directo de una violencia, que tantas veces nos ha asolado, ejercito mi jurisdicción a contemplarme como un ser con una potestad que no puede estar condicionada, por las formas con las que unos "excelentes" comandados por el Capital, han estructurado los mercados. Por el qué he de comprar. Y sobre todo, por a quién se lo he de comprar. Desempeño una soberanía que no necesita ser permanentemente renovada. Una soberanía, que por serla, debe ser más efectiva que unas huelgas y que unas manifestaciones que el Sistema ha aprendido a metabolizar.
Entiendo que el ejercicio de esta soberanía habrá de llevar a una desestabilización de nuestra economía. Percibo que con esta alternativa, serán muchos los que habrán de sufrir las consecuencias. ¿No son las violencias intimidatorias las que está llevando a cabo permanentemente el Capital, con aquéllos que ni pueden, ni son debidamente defendidos? ¿No está tratando éste, de conculcar los derechos y la dignidad de los que simplemente considera como un factor de producción y de consumo? ¡Pues, actuando resolutiva y al mismo tiempo civilizadamente, aunque tengamos que sufrir para lograrlo, procuremos que esta utilización se les indigeste!
Las alternativas que aquí se proponen no tienen un coste demasiado excesivo para aquéllos que las pongan en práctica. Constituirán una reorientación de la demanda especialmente dirigida a combatir aquellas empresas que forman parte del Gran Capital. Serán unas medidas que a diferencia de la violencia intimidatoria que utiliza el Capital, serán coactivas. Serán una suerte de confabulación de “los de abajo” contra los que consideran que se encuentran “más arriba”. Representarán que al tener que prescindir de utilidades cuya producción está en manos de las grandes empresas, tendremos que sacrificarnos, al objeto de adaptar nuestro consumo al que nos puedan facilitar empresas que estén dispuestas a desprenderse de sus relaciones con el Gran Capital. Y para ello será preciso conformar lo que haya de ser una sólida unidad popular. Una unidad completamente distanciada de la pretensión, con la que una tal Margaret Thatcher imbuyó a la clase trabajadora de su época que "No hay alternativas". Una unidad que tendrá que ser forjada a través de mensajes en la Red (y de ser esto imposible de llevar a cabo, como consecuencia de la dictadura con la que desde el Poder se controla su dinámica), con manifestaciones visuales permanentes que tendrían que ser programadas, a la usanza en la que se materializaron en aquellas épocas en las que la Represión nos enseñó el camino de cómo combatirla.
Concuerdo con Malouney cuando en un artículo dice que: "El consumo combativo es una revolución a fuego lento. Se trata de desviar el consumo de todos los productos que podamos a proveedores que no exploten a trabajadores, que se organicen de forma asamblearia como nosotras y respeten nuestros criterios ecológicos".
En lo que no concilio es cuando argumenta que: "A medio plazo, podremos conseguir mucho más que descuentos mediante la organización de nuestras compras. Podremos intervenir en los procesos de producción y distribución de nuestros proveedores capitalistas, por ejemplo, o en las condiciones laborales de su plantilla asalariada".
Y disiento, porque debido a unos imponderables que se concitarían en función de los problemas que se habrían de originar a través del desarrollo de las actividades laborales, lo que como objetivo se proyecta con un consumo combativo, podría malograrse. A mi entender, por el momento tenemos que circunscribirnos al hecho de que el voto dinerario, como capacidad con la que ejercer una democracia, es algo que aterroriza tanto al capitalismo, como a los poderes con los que nos suele constreñir el Estado.
Continuando con sus aseveraciones, dice: "El consumo combativo es una recuperación de nuestra responsabilidad indelegable de decidir sobre todo lo que nos afecta, una responsabilidad que no estamos dispuestos a transferir a ningún representante político, sindical o religioso"
Yo diría más. ¿Cuándo las empresas del Gran Capital obligan a las de menor entidad a producir incluso por debajo de sus costos (como ocurre con la agricultura, la industria láctea y en definitiva, todas aquéllas que, al tener que mantener su estructura como empresas, no pueden desaparecer de la noche a la mañana, qué alegatos pueden hacer tanto el Gran Capital, como los gobiernos que están a su servicio, para que de la misma manera que estas empresas se confabulan para extorsionar a los más débiles -para que éstos no ejerzan su derecho a no ser explotados-, hasta las instituciones del Estado los denominen como “desestabilizadores”? ¿Cómo se entiende la vergonzosa intervención que practican estos impresentables que dicen estar gobernándonos, cuando, además de intervenir como árbitros de parte (como queda demostrado cuando ante una falta de acuerdos entre los sindicatos y la patronal), decretan una ley de ámbito laboral, con la que se establece una serie de privilegios para las empresas, que muestran quiénes son los que deciden lo que es, y lo que se ha de hacer? Como parte de la sociedad, ¿con qué derecho se ha investido el Estado, para reprimir de una manera más o menos violenta, la coordinación de un consumo combativo que modifique la estructura mafiosa con la que se desenvuelven las empresas del Gran Capital? ¿Con el derecho a velar por el desarrollo de una economía en la que se consolidan las reglas establecidas por los poderosos? ¿Qué es lo que consideran se ha de hacer? ¿Defender los privilegios y las consecuciones de aquéllos a los que se han vendido? ¿Con qué derecho tratan de impedir la instauración de un modelo de comportamiento que, como el que aquí se está pergeñando, eliminaría una gran parte de las contradicciones, que nos llevan de crisis en crisis?
Continuando con lo que se menciona en dicho artículo: "El Estado tiene muchos recursos para perseguir a una masa organizada que decida entrar en un Carrefour y arrasarlo pero apenas tiene recursos para perseguir a una masa organizada que decida arrasar un Carrefour por el procedimiento contrario, no entrando nunca en él, ignorándolo. Esta es una de las grandes ventajas del boicot, que puede hacer un daño enorme al capitalismo con una exposición mínima a la represión".
¿Mínima? Lo dudo. Porque a mi entender, en la sociedad en la que desgraciadamente nos han hecho creer que no hay alternativas, si no nos concienciamos de que a través de nuestra potestad de decidir "qué" es lo que he de comprar, como "a quién" voy a comprárselo", tanto los que creen que “no hay alternativas”, como los que ni siquiera se la han planteado, me imagino que no estarían dispuestos a asumir una realidad a la que además de haberse acostumbrado, les llevaría a contemplar todo aquello que pudiera conllevar una "desestabilización". Por muy racional y justos que fueran los motivos por los que ésta se hubiera producido.
