En 1995, Adolfo Suárez reconoció, en una entrevista realizada por la periodista Victoria Prego, que en 1977 no sometió la monarquía a referéndum porque según las encuestas realizadas en aquel momento y que nunca fueron publicadas, la opción monárquica perdía.
Veinte años después, en 2016, el programa ‘La sexta columna’ desvelaba esta conversación donde el expresidente del Gobierno dijo literalmente que “hacíamos encuestas y perdíamos”.
El presidente Suárez también confesó a la periodista que, al comprobar que la forma de Estado preferida por la mayoría era la republicana, decidió incluir en el texto de la Constitución la monarquía, restaurada durante la dictadura del general Franco, eludiendo de esta forma la convocatoria de un referéndum específico.
La incómoda pregunta del senador al Gobierno
Ante la relevancia de la confesión, que prácticamente ha pasado inadvertida hasta la actualidad, un senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal registró el pasado 17 de febrero una pregunta escrita al Gobierno pidiendo explicaciones sobre el ocultamiento de dichos sondeos públicos.
Ante la entrevista de Suárez de 1995, hecha pública en 2016, Vicenç Vidal Matas preguntaba:
“¿Cómo es posible que, desde entonces, cuando han pasado 6 años y tres gobiernos distintos por la Moncloa (PP, PSOE y PSOE+UP), ningún grupo con capacidad para hacerlo haya reclamado la información detallada sobre la encuesta más decisiva de la Historia de un Reino que restauró un dictador y necesitó engañar a millones para seguir vivo en democracia?
En su pregunta, el senador balear seguía inquiriendo al Gobierno:
“¿Acaso han fallecido todos los testigos de aquella demoscopia? ¿También se han destruido todas las copias de unos sondeos que se pagaron con nuestros impuestos? ¿Nos siguen ocultando con la Ley de Secretos, franquista y vigente, una información que nos pertenece, porque era la foto de nuestras opiniones?”.
Una respuesta "inaceptable" e "incongruente"
La respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al cabo de dos meses (5 de abril de 2023), fue que la revelación de esta información recaía sobre una norma en elaboración, “sin que se haya producido hasta la fecha la aprobación del Anteproyecto de Ley en cuestión”. Y añade:
“En todo caso, el Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”.
Iniciativa de un grupo de ciudadanos
Y ahí quedó la cosa.
Ahora, un grupo de siete personas, con el apoyo de sesenta y siete más, residentes todos ellos en Esporles (Mallorca), han decidido presentar una petición formal al Defensor del Pueblo para que sugiera al Gobierno que modifique los criterios utilizados para mantener retenida la información relacionada con las encuestas mencionadas y, en caso de no obtener respuesta satisfactoria, que interponga ante el Tribunal Constitucional “el recurso que considere ajustado a derecho para que el Gobierno sea condenado a publicar la información que se reclama”.
Este grupo de ciudadanos considera “inaceptable” la contestación dada por el Gobierno al senador Vidal Matas, habida cuenta de que han transcurrido 45 años desde la promulgación de la Constitución de 1978, además de “incongruente”, teniendo en cuenta “decisiones tomadas por el propio Gobierno en asuntos parecidos”.
Los firmantes de la petición elevada al Defensor del Pueblo, que ya ha hecho acuse de recibo de la misma, consideran que “esta reivindicación puede ser asumida por cualquier ciudadano, independientemente de su opción política, puesto que se trata de la defensa de un derecho democrático básico, como es el de recibir libremente información veraz, según establece el artículo 20 de la Constitución”.
Petición al Defensor del Pueblo
Los impulsores de la iniciativa remitida a Ángel Gabilondo a la que ha tenido acceso Nuevatribuna, recuerdan la atribución constitucional del Defensor del Pueblo en su defensa de los derechos fundamentales, entre ellos el expresado en el artículo 20 de la carta magna de “recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, sin que se pueda restringir “por ningún tipo de censura previa”, y sin que se pueda acordar el secuestro de publicaciones salvo resolución judicial.
Los firmantes también recogen en su petición que las encuestas sobre la forma de Estado de las que el presidente Suárez informó a la periodista Prego “no es la única información veraz y de evidente interés general que el gobierno continúa ocultando a la sociedad española”. De hecho, el pasado 25 de abril se supo que el CIS había “desclasificado” una encuesta que, en 1974, es decir, antes de la muerte del dictador, se había realizado para conocer la opinión de los españoles sobre la Revolución de los Claveles en Portugal. “Esta desclasificación constituye, justamente, un precedente que invalida el argumento aducido por el Gobierno sobre la supuesta necesidad previa de actualizar el régimen jurídico preconstitucional en esta materia”, afirman.
Por todo ello, la respuesta dada por el Gobierno al senador Vidal Matas significa, para este grupo de ciudadanos, “el reconocimiento explícito de una violación continuada del derecho a recibir información veraz”, recogido en el artículo 20.1.d de la Constitución, una violación que “se viene cometiendo de manera continuada desde hace décadas y sin la menor justificación”, subrayan.
Firmantes: Albert A. Catalán Fernández; Josep Alemany Martínez; Pere Ferrer Guasp; Pere Palou Mas; Albert Salido Malbertí; Domingo Sanz Pardo; y Pere Trias Aulí.
Se han adherido a esta iniciativa, además de los 7 promotores, 67 vecinos y vecinas de Esporles (Mallorca).
Así confesó Adolfo Suárez por qué no hubo referéndum monarquía o república: "Hacíamos encuestas y perdíamos”.
Grabación del programa de TV en que Victoria Prego revela las declaraciones de Adolfo Suárez el año 1995.
