La apasionante legislatura que se atisba en España, en estos ‘años veinte’ del siglo XXI, tiene el reto de conseguir un cambio profundo de país en el que todas “las Españas” se sientan a gusto. Armonizar realidades diversas, reconocer y valorar culturas y lenguas, escuchar y paladear con atención y mimo toda esa riqueza cultural, social, política y económica que conforma eso que nos dimos en llamar España se concreta en un diálogo positivo y necesario que ha de darse. Un diálogo que sirva para aquilatar acuerdos, que si bien en el corto plazo contribuyan a facilitar la conformación de un Gobierno de coalición progresista, a largo plazo debe poner las bases para abordar una transformación territorial que camine hacia el horizonte de una república federal, en la que todas las particularidades convivan con más y mejor sentido democrático. Para eso sirve la política, aunque algunos se nieguen a comprender que la democracia significa escucha, diálogo y acuerdos.
En este sentido, es evidente, que la propuesta de las fuerzas progresistas de reconocer y usar todas las lenguas en el Parlamento de la nación es un primer e importante paso en este recorrido de país que necesitamos transitar entre todos. La lengua es vehículo cultural natural para ese diálogo democrático necesario. España debe salir de una vez por todas del corsé diseñado por las élites del siglo XIX, que solo respetaba intereses muy particulares, que excluían a la mayoría social.
La propuesta de las fuerzas progresistas de reconocer y usar todas las lenguas en el Parlamento de la nación es un primer e importante paso
Un período marcado por diferentes tomas de poder, basadas en alzamientos armados, de liberales varios y conservadores, guerras carlistas… con el denominador común de que en estos procesos el mundo de los desfavorecidos, de los comunes, del campesinado y de los obreros siempre quedaba al margen de cualquier cambio, sus condiciones de vida seguían siendo las mismas. La explotación y la ausencia de derechos y libertades pervivió. Los abusos de las élites, sobre la masa de clase trabajadora, pervivió. La desigualdad, pervivió. La falta de democracia, de libertades y de derechos pervivió. A pesar de las diferencias políticas entre unos y otros, y aún más con el carlismo, la gran mayoría quedaba excluida, fuera de este juego, en procesos terribles marcados por la violencia de los pronunciamientos militares y las guerras civiles. Procesos que solo sirvieron para aquilatar el poder de unas élites centralistas, reunidas en torno a la Corona, apoyadas en una estructura dominada en lo cultural y educativo por un catolicismo retrógrado e inmovilista y en lo económico por una fórmula de capitalismo rentista de raíces feudales y caciquiles, que no dejaba espacio alguno al diálogo democrático. Unas élites que se parecen como gotas de agua del mismo cántaro a las actuales, que continúan negando la realidad diversa del país y oponen todo tipo de obstáculos antidemocráticos, para entorpecer los cambios necesarios en todos los ámbitos en los que sienten que ampliar derechos democráticos supone ver peligrar sus enormes, desproporcionados y obscenos privilegios.
La cuestión educativa
La cuestión educativa no es algo baladí. En España se produjo un abandono y entrega de lo educativo, por parte de los diferentes gobiernos del turnismo conservador/liberal del siglo XIX, a una Iglesia católica con actitudes y posiciones profundamente conservadoras, dejando en sus manos la conformación de la identidad nacional, basada en un conservadurismo social profundamente patriarcal, en leyendas míticas y en una profunda manipulación del pasado. Se genera así una identidad nacional que excluye cualquier visión de avance social y de pluralidad nacional.
En este marco se producen breves periodos de republicanismo transformador y valiente, especialmente ya a principios del siglo XX durante la Segunda República. En esta etapa se inicia una importante e interesante disputa de valores ligados a derechos, conectada de forma natural con un movimiento obrero que exige derechos tanto en la España que se industrializa al calor de la revolución industrial fundamentalmente en los focos industriales de Madrid, Asturias, Euskadi y Catalunya, como en la España rural, en la que va calando una conciencia colectivizadora y de reforma agraria, que prende especialmente en Andalucía y Extremadura. Se va conformando así una identidad nacional diametralmente opuesta, que reclama derechos sociales y civiles, que exige justicia social y libertades públicas, y que por primera vez reconoce derechos a las mujeres.
Sin educación pública y de calidad para todas y todos no hay avance posible de país. Algo que cristaliza con la voluntad política necesaria durante la II República
Con el nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza en 1876 empieza a conformarse también la idea de la necesidad de que para modernizar el país hay que dar un impulso a la educación, transformando sus postulados y cimientos. Sin educación pública y de calidad para todas y todos no hay avance posible de país. Algo que cristaliza con la voluntad política necesaria durante la II República, que hizo una apuesta inequívoca por la educación pública, por la Instrucción Pública en su nomenclatura de la época, desde infantil a los estudios universitarios. La II República fue muy consciente de que la educación era esencial para el desarrollo de la democracia. Y se puso manos a la obra. En 1931, el decreto que proyectaba la creación de 7.000 plazas de maestros y maestras afirmaba que “España no será una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a la perpetua ignorancia”. La renovación pedagógica –basada en los principios institucionalistas–, incorporando jóvenes maestros y maestras que llenaron de aire fresco y de ideas liberadoras las aulas de hasta el más recóndito pueblo de España, dio una vuelta tan absoluta y eficaz a la educación, que sublevaron a la Iglesia católica, que vio perder su poder adoctrinador y a la rancia derecha económica, política, militar y judicial, tradicionalmente refractaria a cualquier cambio. Estas castas clasistas y retrógradas vieron un peligro para mantener sus privilegios en ese acceso a la educación de calidad de toda la población, sin importar su clase social, así como en esa forma liberadora y crítica de enseñar. Ya lo dijo Giner de los Ríos “no hay clases bajas, lo que hay es hombres bajos, que se encuentran con más frecuencia en las clases altas”.
La reacción en contra de la II República fue brutal. Se realiza en defensa del más rancio clasismo y de una decimonónica identidad nacional contrapuesta a todo lo desarrollado por la República. La victoria de la amalgama reaccionaria (monárquicos, caducos militares africanistas, carlistas, falangistas, iglesia católica, terratenientes, caciques, élites económicas inmovilistas de todo pelaje…) frente a la democracia, comportó el inicio de una brutal represión y el encumbramiento de nuevo de los más arcaicos valores sociales encarnados en un nacionalcatolicismo que entró a sangre y fuego en la vida de cada español o española y acogotó las libertades y los derechos humanos durante cuarenta años.
Crucial momento político actual
El momento político actual bebe de todo ese pasado convulso compartido. Como antaño, las fuerzas progresistas continúan con ese esfuerzo modernizador en todos los ámbitos, empezando por la escuela, con la LOMLOE, una ley que apuesta de nuevo por la calidad educativa para todos, con valores democráticos y por los derechos humanos. También como antaño, los dirigentes actuales del Partido Popular y Vox (herederos de la misma reacción decimonónica) siguen teniendo muy claros los postulados retrógrados y excluyentes sobre los que pretenden involucionar el país. Tal como se aprecia allí donde gobiernan actúan sobre financiando la escuela privada y concertada y ahogando la escuela pública y se alían con la iglesia católica para cuestionar y oponer la legislación en curso, la LOMLOE, aprobada por el Parlamento, sede de la soberanía nacional.
Afortunadamente las fuerzas democratizadoras son resistentes, empujan en una dirección de país que aquilate avances inclusivos en todas las esferas sociales, que deben materializarse sumando voluntades políticas diversas, no sin discusión, no sin debate, no sin desacuerdos y a veces incluso contradicciones, pero sí con voluntad de transformación de esta casa común que es España. Una casa en la que todas sus hijas, hijos e hijes deben encontrar el acomodo necesario para vivir a gusto y continuar compartiendo presente y futuro.
Las fuerzas progresistas deben encarar la legislatura con la cabeza y el ánimo puesto en hacer posible que nadie se sienta excluido de la democracia
A esa España que representa una identidad nacional que lucha contra las desigualdades, defiende los servicios públicos de calidad, defiende los derechos de las mujeres, la pluralidad y la diversidad, ama la riqueza cultural y lingüística de nuestro país y sale cada día a trabajar pensando en ampliar derechos para todas las personas… a esa España es a la que toca poner en valor la política con mayúsculas, la que construye. Como afirma Raymond Willians en Cultura y política, clase, escritura y socialismo: “Lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente”.
Las fuerzas progresistas deben encarar la legislatura con la cabeza y el ánimo puesto en hacer posible que nadie se sienta excluido de la democracia y pueda palpar que tiene derechos de ciudadanía.
Por todo lo expuesto y tal como indicábamos al inicio de este texto, la propuesta de reconocimiento y uso de las diferentes lenguas cooficiales del Estado en el Congreso de los Diputados –que es la casa común de la palabra política– es un paso de muchísimo valor, pues significa reconocer y normalizar la realidad que conforma este Estado. Un lugar geográfico en los mapas, que hasta el siglo XVII era conocido y nombrado como las Españas.
El reconocimiento y la aceptación de la plurinacionalidad debe darse en todos los ámbitos institucionales, no solo en el Congreso de los Diputados. Toma sentido que los espacios comunicativos de organizaciones y entidades estatales políticas, sindicales, sociales y culturales que defienden y asumen la realidad plurinacional avancen en este esfuerzo cultural integrador que aporta tanta riqueza y ayuda a ensanchar tanto el pensamiento. Estas actuaciones forman parte de la disputa de la hegemonía, de la conformación de una identidad colectiva acorde con nuestra realidad.
Xavier Navarro Barrera | Educador social, sindicalista de CCOO y director de la revista Perspectiva
Carmen Barrios Corredera | Escritora y fotoperiodista
