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El Gobierno aprobó este martes el plan de indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Se trata de un paquete de medidas con varios ejes de actuación en el que están involucrados varios ministerios y que da respuesta a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en su informe del pasado año que cifró en 440.000 personas las víctimas de pederastia en la Iglesia española.
“Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales”, destacó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro explicó que aún está por delimitar cómo se articulará este fondo en cuanto al proceso de solicitudes y baremo de cantidades, pero confía en que la Iglesia Católica asuma el coste de las indemnizaciones. “Ya hemos iniciado las conversaciones para que la Iglesia sufrague y asuma el coste de la reparación económica”. En opinión de Bolaños “es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad y no se entendería que no fuese así”, en línea a lo que se ha hecho en otros países de nuestro entorno.
El plan de indemnizaciones va dirigido a aquellas víctimas cuyos casos son muy antiguos, los que hayan prescrito o a los que no se ha podido hasta el momento aportar pruebas suficientes en el ámbito judicial. Así, se adoptarán medidas legales y administrativas como por ejemplo ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil a los 35 años. “Tenemos que dar respuesta a casos que no han tenido reparación judicial. Abusos que se han producido hace décadas. Es ahí donde debemos establecer las medidas”.
El Gobierno quiere que el órgano que decida las compensaciones sea independiente tal y como ha recomendado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El plan se extenderá desde 2024 a 2027 e incluye cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atención a las víctimas; prevención; formación y sensibilización; e información e investigación.
Entre las medidas acordadas se incluye la celebración de un acto público a modo de “reparación simbólica” para víctimas y familiares. “Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos”, resaltó Bolaños.
El Gobierno reforzará la “atención integral” para un “trato adecuado” en las oficinas creadas al efecto y para “generar entornos seguros” en el ámbito judicial cuando las víctimas tengan que declarar y “evitar así la revictimización” con el uso, por ejemplo, de cámaras gesell para evitar el contacto con el agresor. Asimismo, se garantiza la asistencia jurídica gratuita para todas las víctimas.
El plan también contempla medidas de prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Para ello se reforzarán las medidas de supervisión en las inspecciones educativas para formar y dar mayores competencias a los inspectores. Además se creará una nueva figura, los ‘coordinadores de bienestar y protección’ en los centros educativos donde se impartirá formación para todas aquellas personas que trabajen con menores. Una formación curricular que se hará extensiva, además de a los docentes, a psicólogos, profesionales de la justicia o resto de profesiones que tengan contacto con menores.
