La España contra la que se levantó Franco, apoyado por los oligarcas de la época, la clase media agraria y la Iglesia católica, era una España que estaba construyendo su configuración democrática y territorial, de acuerdo con su propia Historia. Dentro de esa configuración estaba el afrontamiento de la existencia de territorios con personalidad propia, y algunos diferenciada, y con un papel específico desde el origen de España, y a lo largo de su desarrollo. La Constitución de 1931 habla en concreto de Estado Integral, y establece la posibilidad de que determinados territorios pudieran aspirar a una autonomía dentro del Estado.
De esa manera llegaron a culminar plenamente dos Estatutos de Autonomía: Cataluña, en 1932, y País Vasco, en 1936. Habiendo sido aprobado en referéndum en 1936 el Estatuto de Galicia, con un apoyo del 74% del voto, pero la guerra civil impidió su proclamación. En el caso de Andalucía se había elaborado un proyecto que estaba en discusión desde 1933, y que no culminó antes del golpe de estado. Pero cuando se reinstaura la Democracia, el pueblo andaluz retoma ese espíritu autonomista, reclamándolo como histórico: posición que gana el referéndum de 28 de febrero de 1981.
Tomando las cifras actuales de población, podríamos decir que históricamente logran el más alto rango de autonomía, equiparado en la Constitución de 1978 al de nacionalidad histórica, cuatro territorios que suman el 44,61% del total de España (21,16 millones de habitantes).
Históricamente, cuatro territorios logran el más alto rango de autonomía, equiparado en la Constitución al de nacionalidad histórica, que suman 21,16 millones de habitantes
En ese contexto diverso, y en un marco de plena libertad de pensamiento y expresión, es lógico que haya grupos de personas, más o menos numerosos -según territorios y momentos históricos- que alberguen pensamientos y pretensiones nacionalistas, y que pretendan llevar el tema de las nacionalidades históricas hasta sus últimas consecuencias.
Hecho que ha motivado que -aunque se haya repetido que en España ha imperado hasta hace poco el bipartidismo- no haya habido en la estructura representativa de nuestra democracia solamente dos partidos, sino al menos siete en los momentos menos “concurridos”. Y que, de esos siete, uno y otro de los dos partidos que podríamos llamar “mayores” ha habido varias ocasiones en que han necesitado para gobernar el apoyo externo -siempre negociado- de alguno, o algunos, de los partidos que podríamos llamar nacionalistas.
Sin embargo, hay que decir que ha habido solamente dos casos en los que ese intento de últimas consecuencias ha pretendido romper la configuración democrática del Estado de Derecho votado mayoritariamente por los españoles.
Uno ha sido el del terrorismo de ETA, apoyado por el independentismo radical, que históricamente recibió -de una forma o de otra- el respaldo de en torno a un 13% de los votantes vascos en cada elección democrática. También hay que decir, en honor a la verdad, que la representación política de ese sector ha participado democráticamente en las elecciones vascas y en las elecciones municipales dentro de Euskadi, y que en ambos casos su comportamiento se ha ajustado por completo a las pautas del funcionamiento democrático que marca nuestra Constitución. Y añadir que esos mismos representantes políticos apoyaron activamente -desde antes de su extinción- la disolución de ETA: hecho del que el 20 de octubre hizo once años.
Esos sectores, rupturistas en algún momento e independientemente de su ideología y aspiraciones, se mantienen en el camino del respeto al sistema democrático
El otro ha sido el llamado “procès” independentista en Cataluña, que culmina una etapa de frustración inaugurada con la sentencia del Tribunal Constitucional, eliminando 14 artículos del Estatuto respaldado en referéndum, y modificando otros 27. Es cierto que el desarrollo del “procès” genera una serie de actuaciones que los partidos independentistas pretendían que fuera de ruptura, y que culmina con un referéndum ilegal y sin garantías y en una fugaz declaración unilateral de independencia, que motivó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el procesamiento y condena de los dirigentes de esas acciones ilegales.
También hay que decir que, de esos dos intentos, el primero debía terminar con la desaparición del terrorismo sin negociación alguna. Y así ocurrió, de manera que las formaciones políticas que lo apoyaron en su día no han presentado en ningún momento contrapartidas por apoyar y colaborar con el final del terrorismo. Y que ya de antes se habían involucrado en el marco de la democracia representativa, primero a nivel local y autonómico, y más tarde y de modo activo en el ámbito de las Cortes Generales.
Del segundo intento, la mayor parte de personas que quedaron alcanzadas por responsabilidades que pasaron de lo político a lo penal, acataron el pago de las consecuencias, quedando sólo un pequeño número aún en rebeldía, y que han llegado incluso a generar una ruptura dentro del mundo independentista, porque acusan a los otros sectores de haberse involucrado en otro proceso que respeta las vías del marco constitucional. Lo cual no deja de ser un aval para esos sectores de que -independientemente de su ideología y aspiraciones- se mantienen en el camino del respeto al sistema democrático tal y como está establecido en nuestro Estado de Derecho.
España es un país montañoso, por mucho que a algunos les gustara el terraplanismo de definirlo como una extensa y homogénea llanura
Hasta aquí he intentado una síntesis, casi notarial y objetiva, de la compleja configuración sociopolítica que tiene nuestro país. Que no es un invento de hace dos días, sino que tiene un largo recorrido histórico, únicamente negado -aunque no eliminado- durante los cuarenta años de la dictadura franquista. Como si geográfica u orográficamente dijéramos que España es un país montañoso, por mucho que a algunos les gustara el terraplanismo de definirlo como una extensa y homogénea llanura.
Gozamos, pues, de un país, estado o nación -de cualquier forma se puede denominar sin incurrir en error- que dispone de una amplia, plural y distribuida manera de pensar, y llena de gran cantidad de matices. Toda idea de un país férreamente homogéneo, atado a unos principios únicos e inamovibles, tiene mucho más que ver con la concepción que intentaron inculcar el régimen de Franco y el fascismo, que con la España de la Democracia, e incluso con la España no sólo de la República, sino anterior.
Todo este largo preámbulo tiene que ver con falsos debates y propaganda actuales, donde se trata de descalificar a todos aquellos partidos y representantes populares que, sin poner en cuestión los principios democráticos de nuestra Constitución, ejercen legítimamente su labor representativa y están apoyando iniciativas de gobierno que contribuyen a una considerable mejora de las relaciones sociales y de la economía de los sectores más desfavorecidos de la población.
El propio Partido Popular ha realizado en el País Vasco alianzas parlamentarias y municipales con Bildu, incluso en tiempos en los que estaba más cercana la presencia de ETA
No es que un servidor comparta los principios de Bildu o las pretensiones independentistas de ERC o de otros grupos. Pero cada vez que un portavoz del Partido Popular, o su presidente se refiere a Bildu como un partido pro-etarra, aparte de realizar un acto de hipocresía, porque el propio Partido Popular ha realizado en el País Vasco alianzas parlamentarias y municipales con Bildu (incluso en tiempos en los que estaba más cercana la presencia de ETA), está incitando -demasiado al borde del mandato constitucional- a la discriminación e incluso al odio hacia los representantes y votantes de ese partido.
Olvidando -además de sus pasados acuerdos- que Bildu jugó un importante papel en el acuerdo democrático para la desaparición de ETA. Comete, pues, una injusticia, y contribuye a la división de España: algo que contradice el patriotismo del que presume.
Y cada vez que descalifica a Esquerra Republicana de Cataluña, por su independentismo -aparte de estar olvidando sus acuerdos con Convergencia i Unió, igual de independentista, y cuyos dirigentes participaron igualmente en el procès- está avivando nuevamente el fuego de la discriminación y del odio, mientras olvida que esa Esquerra Republicana de Cataluña, con cuyos postulados estratégicos tampoco estoy de acuerdo, acató las decisiones judiciales y constitucionales que se adoptaron frente al procés y a la declaración unilateral de independencia, y que está actuando plenamente dentro del marco constitucional.
Núñez Feijóo mantiene ese juego peligroso de la discriminación y de rozar el odio permanentemente
No puede ni Núñez Feijóo -que mantiene ese juego peligroso de la discriminación y de rozar el odio permanentemente- demostrar que ninguna de las normas que tanto ERC como Bildu han apoyado en las Cortes (que es la sede de la Soberanía) se salgan del marco constitucional que rige nuestro Estado de Derecho. Y aquellas que considere que lo vulnera, tiene los instrumentos que le ofrece nuestra Constitución de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Cuya existencia actual, por cierto, puede estar más en entredicho -por mor del mandato caducado de algunos de sus componentes- que los partidos que Feijóo descalifica.
Es juego sucio tratar de incitar a conjunto de la ciudadanía contra partidos o personas que se mueven dentro de nuestra Constitución, fomentando odio, división de España y confusión entre los ciudadanos. Y ese intento de mostrar una concepción única y exclusiva de España es un peligroso reflejo del régimen franquista, al que quizá el Partido Popular de Casado, de Feijóo, Ayuso, Gamarra y Moreno Bonilla están rindiendo tributo demasiado frecuentemente, en nombre de un falso patriotismo que pretende haceros tragar que España es un país políticamente plano, cuando -al igual que en la orografía- es uno, si no el más, de los más montañosos de Europa.
Ese intento de mostrar una concepción única y exclusiva de España es un peligroso reflejo del régimen franquista, al que quizá el Partido Popular rinde tributo
Podríamos resumir diciendo que ya está bien de terraplanismo pseudo-patriótico, que no es más que un burdo sectarismo político que ni Feijóo se cree, y del que lo único que trata de sacar es votos, a costa de confundir y de dividir a los españoles. Y de fomentar el odio y los rencores entre ellos. La España que tenemos (la que hemos tenido siempre) es una España plural y variada. Y el mejor servicio que se le puede hacer es fomentar la convivencia y el entendimiento, a pesar de las divergencias de pensamiento que existan entre nosotros. Porque sólo de ese modo España podrá vivir unida y en paz. Porque es la que tenemos, y en la que debemos navegar con suma prudencia, respeto y habilidad.
No es el único país de Europa que tiene que practicar esas filigranas políticas, e incluso sacarle partido al adecuado tratamiento de las diferencias. Ahí tenemos al Reino Unido, por ejemplo. E incluso a la misma Alemania de los länder, e incluso de la unificación tras la guerra fría.
El verdadero patriotismo en España es aceptar el país que tenemos, y no heredar conceptos heredados de una dictadura que sojuzgó durante cuarenta años al país y, de hecho, secuestró la patria, tanto en su concepto como en su dominación.
