“En los albores del siglo XXI, cuando las regulaciones puestas en obra en el marco de la sociedad industrial se ven a su vez profundamente quebrantadas; es el mismo contrato social el que hay que redefinir. Pacto de solidaridad, pacto de trabajo, pacto de ciudadanía: pensar las condiciones de la inclusión de todos (…) para “hacer sociedad”. (Robert Castel, 1998).
Es decir, la vieja distinción epistemológica entre economía y política ya no se sostiene ni en la forma sofisticada de subsistemas sociales interrelacionados. Esa verdad, que tan bien conoce la derecha política europea, ya es hora de que penetre en las fuerzas que a ella se oponen con el objetivo de crear igualdad para ser más libres. Un ejemplo bastará: en mayo de 2012, la Comisión europea, en consenso con el gobierno español de Mariano Rajoy, ponía las condiciones al rescate financiero de la banca española. Lo primero de todo, modificar el Estatuto de los Trabajadores para destruir los poderes de negociación sindical y conseguir una devaluación salarial que aumentara los beneficios de las empresas. La crisis de 2008-2015 se desató en una etapa de debilitamiento del sindicalismo, iniciada desde la percepción, cierta, de que la lucha de clases estaba entrando en una nueva era, y por lo tanto exigía nuevas estrategias, reflexión que algunos confundieron con el eslogan posmoderno de que el capitalismo era el único sistema viable y a él había que adaptarse. Una cultura conformista que se refleja en la desafiliación sindical, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y, en definitiva, en una desigualdad creciente a la que nadie parece saber cómo oponerse y revertir (i). Sin un horizonte de cambio, que aporte soluciones a sus problemas, el reflejo defensivo de las clases trabajadoras (ii) frente a la pérdida de derechos y condiciones de vida se traduce en xenofobia y rechazo del extranjero, muy útil al populismo de la derecha radical.
No se trata solo, por lo tanto, de recuperar prácticas para la integración social. Recuperar el poder sindical que proporciona el sistema de negociación por convenios escalonados es necesario, pero no suficiente. Los cambios que se viven no solo vienen de la ingeniería destructora del empleo. Todo el sistema de pensar y organizar el trabajo se modifica con la introducción de las tecnologías de información, configurando cadenas de valor interestatales, o más bien globales. La novedad consiste en que la ingeniería ya no encadena procesos de la producción, sino las actividades, desde el diseño, tanto del producto como de su forma de fabricarlo, la provisión de materiales que cada componente utiliza y las variantes para cubrir incertidumbres. Administra quien, y en qué país ha de producirse cada componente, hasta el marketing y la distribución. Todo ello, justo a tiempo y distribuido en diversas corporaciones, con sus empresas satélite.
El diseño nuevo de los procesos de actividad, aportado por los propios equipos humanos en los procesos de calidad, simplifica y estandariza las tareas, facilitando su gestión cibernética y robotización. La sustitución del trabajo por sistemas automatizados y robots, por un lado, agudiza la competencia entre los trabajadores, destruyendo las bases solidarias del sindicalismo tradicional. Pero, al mismo tiempo, construye un sistema de cooperación global entre habilidades, que se inicia en las empresas, como organizaciones que crean capacidad para proveer servicios y componentes especializados. Organiza la polivalencia más allá de los individuos, porque configura equipos con competencias para hacer, creando las bases para una nueva cultura de la cooperación. Es decir, crea el bien común del conocimiento asociado a la colaboración no competitiva.
Con la nueva disposición de la cadena, el valor de las empresas depende cada día más de los intangibles. Las inversiones se agotan más por obsolescencia que por desgaste físico, y la empresa es, cada día más, una comunidad de conocimientos. Como tal, sin embargo, la empresa no es congruente con las formas jurídicas del capitalismo, pensadas para la apropiación total por los inversores del valor creado en ellas, por lo tanto, la empresa actual facilita la privatización del bien común del conocimiento. La consecuencia es una competencia no colaborativa, que se desarrolla en mercados financieros y oligopolistas, uno de cuyos motores es la destrucción del empleo por la tecnología, que moviliza la competencia entre los trabajadores por bajar sus propios niveles de vida. Una competencia a la que son arrastrados los sindicatos y los gobiernos democráticos.
El capitalismo cambia para seguir siendo él mismo
Por lo tanto, si la corporación multinacional organiza la cooperación en comunidades de habilidades, PYMEs coordinadas por las tecnologías de información y transporte para obtener productos que satisfacen las necesidades humanas. ¿Qué representa el capital, cuando su componente físico es rápidamente trasformado en chatarra por la innovación?
El pensamiento social ha tenido que inventar nuevos conceptos para encajar los cambios en la realidad capitalista de las relaciones sociales de producción actuales: Capital Intelectual (iii), cuya composición es “El Capital humano (iv) de sus miembros, más los procedimientos y tecnologías de coordinación de esas habilidades humanas”. Es decir, know-how e innovación (creados por la cooperación en el trabajo), más el conocimiento acumulado por el conjunto de la sociedad y transmitido en sus sistemas de educación. Intangibles (I+D organizativo) que facilitan la comunicación y coordinación entre las personas que trabajan en una empresa, entre las PYMEs que combinan sus capacidades de hacer y con las organizaciones de comercialización y distribución. Proveen mercancías para las necesidades del gran público, actuales o por inventar, para tener beneficios.
Un objetivo vital para los trabajadores es conseguir que la democracia entre en los sistemas organizativos donde desempeñan su poder más importante: las habilidades para hacer cosas socialmente útiles
En resumen, el sistema económico-social es un conjunto complejo de fines y construcción tecnológica, donde los que crean y consiguen que las cosas ocurran, no acceden a las decisiones sobre el futuro del conjunto, y los que sí deciden no necesitan saber cómo se hacen las cosas, y se guían por indicadores financieros a corto plazo. En la época emergente de las capacidades directas de producción creadas por la ciencia, el capitalismo financiero es el heredero del poder instituido por la civilización capitalista que, como tal, utiliza los mecanismos organizativos de la globalización para blindarse contra la mayoría, es decir contra la democracia. Por lo tanto, un objetivo vital para los trabajadores es conseguir que la democracia entre en los sistemas organizativos donde desempeñan su poder más importante: las habilidades para hacer cosas socialmente útiles.
¿Se puede democratizar la empresa capitalista?
El que la democracia se detenga en la puerta de las empresas no es un accidente del desarrollo de la lucha democrática en las sociedades más avanzadas; los propietarios del capital se han opuesto hasta ahora, incluso a la expansión de las formas suaves de participación en la gestión, existentes en Alemania o Suecia, porque la empresa es la institución nuclear del sistema productivo capitalista, cómo la propiedad lo es del capitalismo. Cada vez que el sistema liberal ha entrado en crisis, el poder se reorganiza siguiendo el modelo de la empresa capitalista, de esa coyuntura histórica: dictaduras y militarismo en el siglo XIX, autoritarismo tecnocrático en el XXI. Hoy día, las empresas constituyen las redes de bases de datos donde se almacena lo principal del esfuerzo común humano en el desarrollo de las fuerzas productivas, las tecnologías activas y en proceso permanente de mejora y trasformación, creadas por la cooperación en el trabajo y la investigación, en la industria y el comercio. Pero la empresa no es solo el contenedor organizativo que facilita el desarrollo de las fuerzas productivas. Desde su origen es, sobre todo, un artilugio jurídico para la apropiación por los capitalistas del valor generado por el trabajo en el proceso productivo, regulado por la propiedad y las instituciones económicas del estado moderno.
Sin embargo, la evolución tecnológica ha introducido elementos participativos en la empresa actual, la cual, cómo organización productiva, es más una comunidad de aprendizaje y conocimiento, que un espacio para la división del trabajo; división que se despliega mejor en las cadenas de valor, tanto globales como nacionales o locales, compuestas de transacciones de mercado, las cuales son reguladas en tiempo y especificaciones por las corporaciones. Mientras que las tareas básicas, las que relacionan la fuerza de trabajo con las actividades a realizar y los medios y materiales a utilizar, se realizan en el seno de empresas individuales, proveedores dependientes de aquellas.
Existen experiencias previas, incluso en nuestro país, de democracia empresarial. Ciñéndonos a la historia reciente, las cooperativas de producción, de servicios e industriales, como los grupos vascos y las diferentes experiencias de cooperativas y sociedades laborales que salvaron miles de empleos durante los años ochenta y noventa del siglo XX. Ellas demostraron que la gestión delegada en técnicos cualificados o en gestores intuitivos y con capacidad de aprendizaje, realizada por los trabajadores socios y evaluada por órganos de su representación, redundaba en un aprendizaje común de una de las principales aportaciones culturales del mundo moderno: la empresa mercantil, en lo que tiene de organización y cooperación del trabajo para conseguir hacer cosas, buscar a sus destinatarios y hacérselas llegar. En sus órganos representativos, los socios trabajadores más voluntariosos y emprendedores se formaban en la práctica de gestión, rotaban en los consejos, y el ejercicio de la función seleccionaba entre ellos a los más aptos y sensibles a la problemática común.
Son experiencias de las clases trabajadoras de nuestro país, que indican un alto nivel organizativo, adecuado para acceder a los niveles de democracia industrial alcanzados por sus colegas alemanes y nórdicos tras las guerras del siglo XX, es decir a la cogestión: el derecho a participar en igualdad de voto en los Consejos de Administración de las empresas, tener voz en la formación de sus estrategias y en la selección de sus principales directivos; conocer y opinar sobre los resultados y cuentas periódicas. Pedir explicaciones y conocer de primera mano las decisiones trascendentes de sus directivos, o participar en la negociación de sus remuneraciones y consensuar criterios sobre los límites a la desigualdad en las remuneraciones dentro de las empresas.
La democracia no es solo delegación deliberativa, también es participación
Por las mismas razones, no tiene sentido que la gestión de las empresas y servicios públicos sea solo motivo de negociación entre partidos políticos. Muchos de los problemas asociados a la corrupción de la democracia provienen de la mezcla entre servicio o empresa pública, y clientelismo político o financiación de los partidos. La democracia no es solo delegación deliberativa, también es participación; en los servicios que gestionan las empresas públicas están interesados los usuarios, los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Su administración debería incluir el abanico completo del interés público, mediante la autogestión, reflejada en los organismos de dirección ejecutiva, en cooperación con el control político y de los usuarios, implementado en la composición del Consejo de administración de las empresas de accionariado público.
La democracia económica
La cogestión en la empresa privada y la autogestión de la pública debería ser vista como el inicio de una nueva forma o la ampliación de la democracia. En primer lugar, constituye, allí donde existe, un sistema de educación en las disciplinas organizativas y de control mercantil. También en el respeto reflexivo a la ley y la cooperación deliberativa, todas ellas necesarias para afrontar los cambios hacia una civilización postindustrial, sin por ello permitir la destrucción de la ecología de lo humano, ni alumbrar un nuevo feudalismo tecnocrático, forma que se está configurando cómo sostén futuro del capitalismo, un autoritarismo gobernado por alianzas militarizadas, que pueden llegar a coaliciones para mantener la supremacía, excluyendo a la mayoría sin acceso a la ciencia, o colisionar y destruirse entre ellas y, en definitiva, con el mismo resultado que el previsible del calentamiento climático: el fin de la civilización. La poca solidaridad global en la distribución de vacunas del COVID19, las matanzas en Gaza, la guerra de Ucrania y las que se preparan en África, o la COP28 en Dubai, lo avalan. Solo la inteligencia estratégica, la unidad progresista y la profundización democrática lo evitarán.
NOTAS
(i) Th. Piketty. Capital et Idéologie, Seuil, Paris 2019.
(ii) Lo que Piketty llama la gauche brahmane, tan activa en éstos días.
(iii) Término acuñado por la OCDE para ese fin
(iv) Habilidades y conocimientos de los trabajadores que en ella se desempeñan.
