“O la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia”. Este fue uno de los primeros titulares que dejó el pasado 15 de noviembre el entonces candidato a la presidencia del ejecutivo español, Pedro Sánchez, en su discurso durante el debate de investidura. Aludía Sánchez al auge de las corrientes políticas extremistas de derechas que se vienen sucediendo en toda Europa y al desafío que estas representan para el futuro, no ya de los valores democráticos que se le presuponen (cada vez más debilitados a medida que ahonda la división entre los miembros en materias como inmigración o política exterior), sino de la existencia misma de la Unión Europea.
Las referencias a las actuales batallas culturales entre las líneas progresistas frente a las olas reaccionarias coparon buena parte de su intervención. Tal fue así que, llevando esta preocupación al terreno nacional, comenzaba el candidato Sánchez su discurso aludiendo directamente a las protestas callejeras nocturnas que han venido amenizando el ambiente frente a la sede de su partido en Ferraz. Reconoció el derecho de aquellos que se habían manifestado de modo pacífico, dando a entender que tal cosa solo es posible gracias a las garantías emanadas de la propia Constitución. No imagino al ahora presidente visionando uno a uno todos los documentos gráficos que de las protestas han recogido y difundido los distintos medios de comunicación y redes sociales, pero no distingo a entender dónde ha podido hallar muestras de ese carácter pacífico en sus participantes. Porque la violencia no se ha limitado a los ataques contra la policía y el mobiliario urbano, sino que ha incluido todo tipo de insultos dirigidos, no solo al presidente, sino a su esposa (a la que se ha enfilado solo por serlo y se ha atacado como mujer), a ministras como la responsable de Igualdad, Irene Montero, y hasta El Rey y la propia Constitución (no abundaré en lo mucho que se ha escrito ya acerca de la estupidez borrega de quienes salen a defender el marco constitucional y acaban gritando contra el mismo).
Las referencias a las actuales batallas culturales entre las líneas progresistas frente a las olas reaccionarias coparon buena parte de la intervención de Pedro Sánchez
Por si la gravedad y calado de lo que hemos oído estos últimos días no fuera suficiente, muchos de esos manifestantes “pacíficos” (que como me hizo recordar Aníbal Malvar en su columna de Público no se habían ido nunca sino que hibernaron durante los noventa y los primeros dos mil) han coreado vivas a Franco y han portado no pocas banderas preconstitucionales. Que ambas muestras son ejemplos de exaltación de la dictadura y el franquismo y, por lo tanto, encajan en la categoría de delito según la Ley de Memoria Democrática en vigor desde el 21 de octubre de 2022 no requiere de mayor explicación. En su Sección 1ª, Capítulo IV, la norma no da lugar a dudas: “La incompatibilidad de la democracia española con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial hace necesario introducir las medidas que eviten situaciones de cualquier naturaleza o actos de enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes”. ¿Tendrá la parte socialista del nuevo gobierno, que es mayoritaria, voluntad para accionar esta palanca?
La misma norma que ahora gestionará el que fuera presidente de mi comunidad autónoma, Canarias, en la anterior legislatura, Ángel Víctor Torres, también vive horas bajas. Son varias las comunidades (Cantabria, Aragón, Extremadura o País Valencià) que han iniciado o estudian iniciar trámites para su derogación (llamativo el caso de Aragón por la diligencia con la que sus dirigentes, del PP y Vox, se han puesto manos a la obra). Ante este ataque a los principios de verdad, justicia y reparación, alma de la norma, todo lo que el partido socialista parece estar haciendo es presentar una iniciativa en el Senado en la que se insta, básicamente, a que sus señorías de la derecha no sean malos y recapaciten. Teniendo en cuenta la mayoría conservadora y apisonadora de la Cámara Alta, no parece probable que la iniciativa tenga demasiado éxito.
La reelección de la ministra Robles al mando del ministerio competente no parece augurar nada prometedor
Como no hay dos sin tres, al día siguiente de la votación en el Congreso que llevaría a Sánchez de nuevo a la presidencia, y casi como una tradición que se viene cumpliendo con cierta regularidad, por lo menos, desde el 2018, nos enteramos de un nuevo manifiesto firmado por hasta 56 militares retirados (entre los que se encuentran algunos reincidentes que ya habían manifestado sus preferencias en aquel famoso chat de “La XIX del Aire” cuyo recorrido penal quedó en agua de borrajas al entender la Fiscalía su carácter privado), donde se anima a los compañeros en activo a dar un golpe (nunca mejor dicho) sobre la mesa: destituir a Sánchez y propiciar unas nuevas elecciones generales. Se acabaría así con el golpe que ha dado el propio Sánchez y la ruptura de la unidad del país ya en marcha (entre otros muchos males que detallan en el comunicado). La primera reacción de Defensa fue el silencio. La segunda, limitarse a declarar lo que era palmario: que los firmantes no tienen relación con el ejército. Desde los representantes políticos, las únicas medidas a la acción que he escuchado hasta el momento contra estas bravuconadas, peligrosas porque señalan un camino que todos sabemos a dónde conduce, han venido de dirigentes de Sumar y Podemos. La reelección de la ministra Robles al mando del ministerio competente no parece augurar nada prometedor (como tampoco me deja más tranquilo el “renombramiento” de Marlaska al frente de Interior después de su “gestión” del asalto a la valla de Melilla. Por cierto, en la foto de familia del nuevo ejecutivo ambos posan lado a lado y, además, justo detrás de Sánchez, al que enmarcan cual guardaespaldas. Una coincidencia, sin duda. O cosas del protocolo. No habrá que darle más vueltas).
Juzguen ustedes mismos, pero a mí este David se me está pareciendo cada vez más a un Goliat.
