Admito ser un lego en cuestiones jurídicas y judiciales, ni siquiera tengo claro del todo cuál es la diferencia entre estas dos palabras. Razón por la cual me es, más que difícil, imposible saber si esta amnistía que han pactado el PSOE y Junts y de la que todo el mundo opina, es constitucional o no. Si tiene “encaje” (es la palabra que muchos utilizan para argumentar) en nuestra Constitución de 1978 o no.
De modo que, humildemente, he tratado de informarme a través de los que se supone que deben saber de estas cuestiones, de los especialistas en la materia: los juristas; y me he encontrado con el desalentador resultado de que hay juristas que dicen que no, que no tiene encaje, que no es constitucional, que atenta contra la división de poderes prescrita por la propia Constitución de 1978 o que atenta, incluso, contra el propio “espíritu” de la Constitución. Pero que también hay juristas que dicen que sí, que tiene encaje en la Constitución, que es constitucional, que amnistías podemos encontrar todas las que queramos en la historia de España con los más diversos regímenes y en muy diferentes épocas, que no sólo no atenta contra la letra de la propia Constitución, sino que forma parte de su esencia pacificadora y de su búsqueda de la paz social.
Una división de interpretaciones, que no sólo abarca a las opiniones individuales que se transmiten a través de los medios de comunicación, sino que se da, asimismo, en las deliberaciones, y correspondientes comunicados resolutorios, de los organismos oficiales a los que están asignadas estas cuestiones: el Consejo Superior del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, etcétera, incluido el propio ¡Tribunal Constitucional! como, de igual manera, por otra parte, en las deliberaciones, y correspondientes comunicados resolutorios, de las Asociaciones Profesionales de estos ámbitos.
En principio no me extrañó. Una Constitución es solamente un marco de actuación del que deben derivar todas las demás leyes y normativas y en donde, por tanto, todas deben “encajar”. Es decir, algo tan generalista que no es posible que entre demasiado en detalles ni precisiones. Probable razón por la cual está permanentemente necesitada de interpretación y de discrepancias “jurídicas”. Nada que objetar.
Pero lo sí me llamó poderosamente la atención fue que de forma casi generalizada los partidarios del “no encaja” (siempre supuestamente basándose en sus conocimientos y experiencia jurídica) coincidían con eso que los medios de comunicación suelen tildar como “conservadores”, mientras que de forma casi generalizada los partidarios del “encaja” (siempre supuestamente basándose en sus conocimientos y experiencia jurídica) coincidían con eso que los medios de comunicación suelen tildar como “progresistas”.
La cuestión de la amnistía no es un problema jurídico, sino un problema ideológico, político
Este pequeño detalle es el que me ha hecho caer en la cuenta de que la cuestión de la amnistía no es un problema “jurídico”, ya que su “encaje o no” en la Constitución está sólidamente fundado en expertas consideraciones jurídicas en ambos casos, sino un problema “ideológico”, “político”, en el cual cada interpretación jurídica no parece estar basada en haber “entendido” mejor el mensaje constitucional, sino en haber “buscado” los preceptos constitucionales y de la práctica jurídica (creación de doctrina) que justifiquen la correspondiente interpretación constitucional que mejor se adecúe a la determinada ideología, materializada en política concreta de un momento concreto: la futura e inminente investidura, a la que se pertenece o se quiere pertenecer o apoyar.
Y si, entonces, la cuestión del “encaje o no” de la amnistía en la Constitución es un problema “político”, que no “jurídico”, por qué no dejar que se resuelva (siempre dentro de la Constitución) por las normas políticas, que no las jurídicas, por las que nos regimos desde 1978: lo que digan las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado), donde reside la soberanía, según la Constitución.
¡Qué alivio, ya sé qué pensar!
