La ausencia de políticas públicas de atención a la demanda social de vivienda de protección oficial en propiedad o en alquiler dejó a los necesitados a los pies de un mercado financiero poco transparente y sin el debido control gubernamental. De esta manera posibilitó el negocio más grande y fructífero de los últimos tiempos en España: la compra venta de vivienda nueva y usada. Una especulación que finalmente tocó el techo de cristal.
Las consecuencias de la crisis en un Estado que no toma decisiones para corregir las imperfecciones de su sistema hipotecario, contribuye a imponer cargas financieras a modo de neoservidumbre ‘postmoderna’ a los deudores hipotecarios que amenaza con devolver a Europa a un estado ‘premoderno’.
Llevando a la sociedad a un pérfido dilema: ¿hundir a la propia economía y a las mayorías para pagar la deuda a unos bancos que fueron irresponsables, acaparando utilidades exorbitantes en un corto plazo, para luego hacer de todos la pérdida del sobreendeudamiento a que llevaron a miles de familias?… ¿O cargar a la banca con pérdidas y salvar la prosperidad y una mínima igualdad social, por qué ella sola no se regula?
Esto último no pasará en España porque las cifras sobre empobrecimiento, nos alejan del ideal de la perfecta igualdad. Así lo evidencian los datos. Se prevé una caída del PIB del 1,5% para España en 2013. Desde 2007 la renta media ha bajado un 4%, mientras que los precios se han incrementado un 10%. Esto ha dado origen a un deterioro de las rentas de los españoles sin parangón en las últimas décadas. Desde 2006 los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5% en términos reales cada año. Ademásel crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población. Desde la crisis la diferencia entre la renta del percentil 80 y el percentil 20 ha crecido casi un 30%.
Según el informe de Cáritas sobre Desigualdad y derechos sociales las tasas de paro superan el 26%, con un 55% entre los menores de 25 años y un 55% de personas llevan más de un año en situación de desempleo. En el caso de la persona principal del hogar ha pasado del 6% al 21,4% en 2012. El porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 2,5% del total al 10,6%l de hogares: 380.000 más. Superando el millón ochocientos mil a finales de 2012.
La caída de las rentas de los hogares ha causado una baja en el umbral de pobreza, desde los casi 8.000 euros para una persona sola en 2009 a algo más de 7.300 en 2012. Éstas son las cifras detrás de las cuales hay un deterioro profundo de los derechos sociales de las personas y la vivienda uno de los más afectados.
Desde 2008 la crisis hipotecaria por sobreendeudamiento ha llevado al impago y los desahucios se han visto en todo el territorio. La respuesta social, desde entonces no se ha hecho esperar. Frente a ella el gobierno socialista y el último del PP han arbitrado medidas que en ningún caso han abordado las razones de la crisis del sistema hipotecario, al punto que ha sido el Tribunal Europeo de Justicia quien ha sancionado a España por las cláusulas abusivas y la poca transparencia en su funcionamiento.
No reformar, ni juzgar a los responsables causa en la sociedad resentimiento por la impunidad y mayor desapego a la política por el incumplimiento de los programas electorales. La falta de una Ley que proteja a las economías domésticas contra la insolvencia familiar, y la ausencia de respuestas desde entonces han llevado a un mayor deterioro de la situación. Mientras los gobiernos en cada momento han sido puntuales y diligentes en defender a la banca antes de imponer los derechos de los ciudadanos hipotecados con su vivienda familiar, sin atender las alarmas dadas desde Bruselas que le instaban a regular el sobreendeudamiento familiar.
Es vital para el mercado hipotecario contar con un sistema bancario eficaz que pueda desempeñar funciones de otorgamiento de créditos, ofrezca los conocimientos especializados necesarios para evaluar la solicitud de préstamo a prestatarios y en el que instituciones recauden y aporten fondos. Un prestamista respaldado por el gobierno o el seguro facilitado por el gobierno a los depositantes exige que éste regule las acciones de los bancos para garantizar que los prestamistas no se aprovechen del respaldo gubernamental asumiendo actividades prestamistas de alto riesgo. Para ser un ente regulador eficaz, el ejecutivo debe crear instituciones que realicen sus transacciones financieras con transparencia y que se adhieran a las normas del sistema bancario internacional. La fiscalización gubernamental eficaz de los bancos así como una divulgación de información financiera clara y transparente para que operen correctamente. Algo aún indeterminado para banca española.
Por eso, al punto de empobrecimiento que hemos llegado… la dación en pago no es un instrumento útil. Porque esas miles de personas no tienen para pagar un alquiler privado si entregan la casa, ya que el alquiler social público no existe para afrontar este gran problema social. Lo que corresponde es aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia por parte de los jueces para detener los desahucios en todo caso que existan cláusulas abusivas. Aplicar los intereses actuales del mercado financiero, al mercado hipotecario acabando con las abusivas clausulas suelo.
Para evitar un mayor debacle del sistema hipotecario es necesario actualizar los precios de la vivienda hipotecada a los del mercado y realizar las quitas correspondientes en función de la realidad del precio de la vivienda; así no cundirá el desaliento de pagar una deuda hipotecaria que a todas luces tiene un precio menor en el mercado de hoy. En este caso de darse la dación en pago de forma generalizada sólo se beneficiaran los especuladores que compran barato hoy para engordar el bien a la espera de la vuelta a la especulación, de ahí los datos de concentración de la riqueza y de la pérdida de cohesión social en España. Pero esto sólo nos llevará a una noria de una crisis financiera crónica.
Resulta imprescindible la presentación inmediata por el gobierno de un proyecto de Ley de protección del patrimonio familiar y en especial del acceso a la vivienda con garantía hipotecaria, que recoja las importantes experiencias de los países europeos. También la creación del Fondo de Garantía Hipotecario de las viviendas familiares residenciales. Sólo así se pondrá término al sobreendeudamiento familiar y establecerá un procedimiento judicial para tramitar específicamente la suspensión de pagos de las personas físicas.