Y finalmente ya es ley. La batalla del gobierno argentino para que el Senado sancionara el Aporte de las Grandes Fortunas obtuvo esta semana el visto bueno con 42 votos a favor y 26 en contra.
A pesar del denodado esfuerzo de los medios de comunicación hegemónicos -voceros del poder económico concentrado- el oficialismo ganó una pulseada cuya victoria se traducirá en una recaudación de 300 mil millones de pesos que serán destinados a paliar la dura situación económica heredada del gobierno de Cambiemos, y agudizada por la pandemia.
Los 93.00 individuos a los que alcanzará el impuesto que ya es ley, tuvieron durante los últimos cinco meses al apoyo incondicional de los medios encargados de moldear la realidad. Opinólogos de plató y pseudo-economistas pretendieron generar la idea de un “impuesto que nos afectará a todos”, movilizando a quienes, a falta de criterio propio, repiten criterios ajenos. Las “protestas” por el impuesto a las grandes fortunas las protagonizaron incluso quienes aún reencarnándose una docena de veces, jamás lograrían amasar una riqueza tan inmoral.
La iniciativa del gobierno de Alberto Fernández prevé el cobro del 2 por ciento de las personas que hayan declarado hasta la fecha de promulgación de la ley un patrimonio de más de 200 millones de pesos.
El aporte, ahora obligatorio porque ya es ley, impone un esfuerzo cuya carga recaerá en quienes más tienen, en beneficio de los millones de familias argentinas afectadas por una economía cada día más frágil, legado de un proceso neoliberal presidido por Mauricio Macri, quien no dudó en solicitar al Fondo Monetario Internacional una cifra millonaria -récord en la historia de la entidad- que limita el accionar y la soberanía económica, y hace más dificultosa la tarea de reconstrucción en medio de la actual crisis sanitaria. “Es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional. El país está saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas”, afirmó Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.