“No es admisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia; porque sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos, y sin ley tampoco hay política”, decía Mariano Rajoy el pasado 29 de septiembre durante su comparecencia en La Moncloa, manifestando así su reacción al desafío secesionista promovido por Artur Mas.
Las argumentaciones del presidente de gobierno para que la consulta por la independencia catalana no vea la luz, sientan sus bases y sus superficies en la Constitución española. “Ni por su objeto ni por el procedimiento seguido esto es compatible con nuestra Constitución”, sostuvo ante la prensa un Rajoy que se mostró más decidido que nunca a hacer respetar la Ley. “Defendemos la vigencia de la Ley democrática. La Ley no es un corsé, ni una restricción contra la libertad. Es todo lo contrario: la Ley es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Es la garantía de la seguridad de todos. La Ley no es un capricho del Gobierno, ni de éste ni de ningún otro. La Ley es la expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y, por eso, el principal cometido de un Gobierno es defenderla: cumplirla y hacerla cumplir”, dijo, levantando la vista de su propio discurso.
Es claro que Rajoy bien sabe de lo que habla cuando hace referencia a los derechos de los ciudadanos. No hace mucho tiempo atrás, cuando la campaña por las presidenciales de 2011 se promocionaba en los medios de comunicación, el por entonces candidato del PP dejaba entrever su preocupación al respecto, manifestando una de las promesas por las cuales sumó una buena cantidad de votos. “Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas, a la sanidad y a la educación. Porque esos son derechos de los ciudadanos” decía un Rajoy trajeado de azul en uno de aquellos mítines del Partido Popular.
De aquella sentencia expresada con aparente férrea voluntad no han pasado aún tres años, tiempo durante el cual una buena parte de esos mismos ciudadanos -incluyendo a los catalanes- han sido testigos y víctimas del avasallamiento de sus derechos que, mermados hasta el paroxismo, han finalmente desaparecido como por arte del mágico incumplimiento de los deberes de un gobierno cuyo programa electoral ha resultado un fraude. ¿No es acaso ilegítimo un presidente de gobierno que se ha alzado con el poder mediante una interminable lista de medidas contrarias a las que prometió en campaña? Yo no lo sé. Alguno de vosotros dirá que que sí, que lo es; porque no hace falta una encuesta ni siquiera una consulta popular para darse cuenta de que el ciudadano medio no es tan iluso como algunos medios pretenden. El ciudadano medio no desconoce el fraude que en perjuicio suyo ha cometido el PP desde que es asumió la presidencia. Aun así, bien sabe ocultar Rajoy su propia ilegitimidad manifestando su firmeza de hacer cumplir la ley contra ilegitimidades prójimas.
Quizás atente Mas contra la democracia al dejar fuera de su consulta la opinión del resto de los ciudadanos españoles. Quizás su mentada decisión secesionista no se enmarque dentro de los límites de la Constitución. Y tal vez por este motivo es probable también que miles de catalanes se queden con las ganas de decidir su propio futuro. De nada se está seguro en los tiempos que corren; aunque de lo que no caben dudas es de lo irrisorio que resulta escuchar a Mariano Rajoy hablando de derechos y libertades ciudadanas; incluso, si lo observa bien, cierta gracia también provoca cuando en su exposición pronuncia términos como Legalidad y Constitución, palabras mayúsculas cuyas acepciones tampoco han sido dignificadas por los responsables de esta política como “dios manda” que hasta el momento no han hecho más que contradecir su propio discurso (y hasta su propio dogma), cayendo el peso de estas impericias en esos mismos ciudadanos que en otros tiempos eran poseedores de ciertos derechos.
Que sea lo que tenga que ser, que no nos aumenten el pan de cada día. Mas líbranos del mal (tal como a estas horas rezará algún catalán); amén.