La Argentina de Mauricio Macri favorece la libertad de genocidas. El actual equipo de gobierno está integrado por los civiles que apoyaron el golpe militar y la posterior dictadura que se cobró la vida de 30 mil argentinos
El proyecto político que se impuso en las pasadas elecciones nacionales -y que colocó a Mauricio Macri en la presidencia- es el mismo que instauró la dictadura cívico-militar de 1976. No hay mayores diferencias entre uno y otro, excepto que esta vez la imposición de recetas económicas y la instauración de un modelo que pretende arrasar con los derechos conquistados, tiene el aval del voto popular.
La derecha modifica sus tácticas, prioriza intereses de acuerdo al momento histórico, y se mantiene firme en su postura para que sus nuevos intérpretes perpetren el ideal que la caracteriza. Macri es ahora el mejor referente para aquellos que añoran los años de mano dura, que reivindican la labor de los psicópatas que, en nombre de Dios y La Patria, impusieron un modelo represor que incluyó secuestros, torturas, violaciones y robo de recién nacidos.
No es casual que casi la totalidad del equipo del actual gobierno descienda directamente de aquellas familias “de bien” que apoyaron las políticas económicas de la última dictadura militar; hijos de reconocidos empresarios que no veían con buen ojo una posible vuelta de la democracia si ésta traía consigo un revés para sus intereses empresariales. La lista es interminable y abarca a funcionarios de todo rango que defendieron, ya en democracia, a los genocidas de la dictadura. Uno de los casos más emblemáticos es el del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que en su rol de abogado defendió a los genocidas durante los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La simpatía que los miembros del gobierno sienten por los responsables de la desaparición de 30 mil argentinos, ha hecho que, en estos primeros dos años de gobierno, se pusiera en duda el número de víctimas que dejó el proceso iniciado en 1976 por el general Jorge Rafael Videla. La estigmatización de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es otro de los claros ejemplos que describen a la perfección la posición ideológica de los mandamases de turno. Y finalmente el intento del beneficio del 2 x 1 -que pretendió reducir las penas a condenados por crímenes de lesa humanidad- es la frutilla de la tarta putrefacta que se hornea en el poder.
Es entendible entonces la opinión del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, acerca de la teoría de los dos demonios que pretende perpetrar una lectura falsa de la historia reciente argentina. Una política de memoria auténtica no puede gestarse en un gobierno antipopular cuyos líderes fueron los grandes beneficiados por las políticas de la dictadura.
Este período de reivindicación de la dictadura en manos de los civiles que la apoyaron en su momento, no puede ser posible sin una mayoría de apologistas de la tortura y la represión. El Secretario de Culto, Santiago Manuel de Estrada, ocupó el cargo de Secretario de Seguridad de 1976 a 1983 y, entre 1979 y 1983, fue también el interventor del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados. Cercano a lo más rancio de la jerarquía eclesiástica, el flamante secretario de Culto ya tenía experiencia como funcionario civil de gobiernos de facto, ya que había sido Subsecretario de Seguridad Social y Secretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Y los ejemplos están por todas partes: Carlos Arroyo, intendente de la ciudad de Mar del Plata, fue elegido para intervenir la Asociación de Conductores de Taxis en 1979. El actual edil no esconde su fascinación por la simbología nazi y hasta el momento no ha renegado de su absoluto apoyo a las prácticas represivas de las que formó parte. Los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Comunicaciones, Oscar Aguad, integran también esta lista infame. El primero fue Director Académico del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, una de las entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura, y que propusiera la continuidad de los jueces que trabajaron durante ella. De Aguad existen al menos una docena de fotografías en las que posa junto al represor Luciano Benjamín Menéndez en actividades públicas, que muestran sus excelentes vínculos con militares y ex policías que administraron la masacre en Córdoba.
La posición del gobierno es clara. Ellos son los civiles de la dictadura, los hijos y los nietos de esa oligarquía argentina que pretende estar del “lado del bien”. No dudan en reescribir la historia de acuerdo a sus retorcidas pretensiones. No dudan en liberar al criminal Miguel Etchecolatz, como tampoco en manifestar que “las víctimas de los represores quieren que ‘el tema’ siga vigente porque quieren obtener algún rédito”, tal como aseguró ayer el diputado oficialista Nicolás Massot.