La publicación de las fotocopias de un cuaderno en el que un chófer del gobierno de los Kirchner apuntó el supuesto cobro de coimas realizado por el entonces Ministro de Planificación, Roberto Baratta, es, por estos días, la mejor excusa que ha encontrado el oficialismo para evitar que la opinión pública comprenda la gravedad de los delitos cometidos por el actual gobierno.
En una nueva maniobra de operación mediática, Macri y su equipo pretenden distanciarse de una acusación cuya veracidad es irrefutable. La Cámara Nacional Electoral le envió un informe al fiscal Jorge Di Lello que confirma que, de una muestra de cien nombres tomada al azar entre todos los falsos aportantes a la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires que fueron detectados, el 99 por ciento también figuran como afiliados al PRO (Partido liderado por Mauricio Macri), algunos desde el año 2006. Son personas cuyas identidades fueron utilizadas como si hubieran hecho aportes financieros a Cambiemos (alianza con la que Macri llegó a la presidencia), para justificar dinero de otro origen desconocido y oculto, pero además muchos de ellos no sólo rechazan haber hecho donación alguna, sino que niegan categóricamente haberse afiliado a la fuerza del presidente Mauricio Macri.
Sin embargo, y a pesar de la comprobación de este delito en el que entra la falsificación de documentos, el robo de identidad, el fraude y el lavado de dinero, los medios del poder no se han pronunciado al respecto. Y en función de mantener a la opinión pública distante de las continuas comprobaciones de corrupción de la Era Macri, han decidido iniciar una operación mediática fundamentada en las fotocopias de un cuaderno que no existe, que nadie vio, pero que sin embargo ocupa desde hace una semana las portadas de los medios que promovieron la candidatura del empresario procesado por corrupción, Mauricio Macri.
Oscar Centeno, el chofer del ministerio de Planificación, que se reconoció como autor de los cuadernos, cuyos originales se habrían quemado, volvió a declarar y quedó finalmente en libertad. Ahora estará dentro de un programa de testigos e imputados protegidos. Al resto de los detenidos, tanto ex funcionarios como empresarios, el juez Claudio Bonadio les rechazó la excarcelación.
La maniobra es clara. El mismo día en que se destapa el escándalo por los falsos aportantes de la campaña oficialista de 2015 y 2017, aparece una fotocopia que de por sí no prueba nada, pero que sin embargo ha logrado distraer -al menos a la facción mejor manipulada de la sociedad- del verdadero escándalo que significaría la difusión de esta nueva noticia que salpica al gobierno provincial y nacional, y que implica nada más ni nada menos que “robo de identidad”, “falsedad de documentos” y “lavado de dinero”.