El 20 de octubre de 2019 los bolivianos acudieron a las urnas para elegir presidente. Pero la violencia opositora, sumada a la presión internacional de la derecha, logró que los militares y la policía anularan la posibilidad del cuarto mandato de Evo Morales, que lideraba el conteo con el 45,28 por ciento de los votos frente al 38,16 del líder de la derecha, Carlos Mesa.
A partir de ese momento Bolivia comenzó a vivir una ola de violencia que tuvo como escenarios principales a las ciudades de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. La derecha y los grupos de poder económico concentrado no acataron el triunfo de Morales y convocaron a la OEA, a Estados Unidos y a la Unión Europea para exigir un balotaje. La radicalización de la derecha boliviana se expresó en las calles. Los ataques a los simpatizantes de Evo Morales se viralizaron en las redes sociales. Los indígenas fueron apaleados por seguidores del líder cruceño Luis Fernando Camacho, que –Biblia en mano- exigió la inmediata renuncia de Morales y solicitó al ejército una “acción patriótica”. La impunidad con la cual se movió la derecha radicalizada llegó a su máxima expresión el miércoles 6 de noviembre, cuando los opositores a Morales incendiaron el palacio municipal de Vinto y obligaron a la alcaldesa del MAS, Patricia Arce Guzmán, a caminar descalza por las calles del centro, mientras era insultada y golpeada.
El resultado final de los comicios acentuó aún más la ventaja de Evo Morales frente a Mesa, superando los 10 puntos porcentuales necesarios para evitar la segunda vuelta. Mesa insistía con la teoría del fraude. Y fue el propio Morales quien solicitó una auditoría sobre el proceso electoral. Pero la ofensiva de la derecha, sumada a la presión de los medios de comunicación, y a la ola de violencia, obligó a Morales a renunciar, luego de 13 años en el poder.
La renuncia de Evo Morales propició el golpe. La senadora opositora, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta de Bolivia después de considerar que en el país se produjo una situación de “vacancia” por la renuncia y abandono del país del Jefe de Estado y del vicepresidente Álvaro García Linera.
A partir de ese momento se intensificó la persecución y el encarcelamiento sistemático de los seguidores de Morales. Bajo el mando de Áñez, los militares torturaron y asesinaron a miembros de movimientos sociales, a campesinos, a obreros y a indígenas. Este sábado, durante la ceremonia de asunción del nuevo gobierno, encabezado por Luis Arce, se recordó a las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal. “Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes”, dijo Arce en la Plaza Murillo, en donde organizaciones sociales y militantes del Movimiento al Socialismo celebraron el retorno de la democracia.
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