Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados…
Por Mario Regidor | Sé que lo que voy a decir puede suscitar mucha controversia pero creo que debo decirlo. Recientemente, hemos asistido a una ofensiva, hábilmente fomentada e incentivada por el gobierno del Partido Popular, a favor de la Prisión Permanente Revisable. En este caso, los padres de Diana Quer y Marta del Castillo han personificado a los exponentes de la sociedad civil directamente afectados por crímenes execrables.
No voy a decir que sé cómo se sienten porque me parecería una mentira indigna ya que no he tenido la desgracia de padecer en el seno de mi familia nada ni remotamente parecido pero vaya por delante mi simpatía, empatía y solidaridad con los familiares de todas aquellas personas que han sido vilmente asesinadas.
No obstante, y ya nos metemos en terrenos pantanosos, sí conviene dejar un par de puntos meridianamente claros.
Para empezar lo dispuesto en la Constitución aprobada en Referéndum en 1978, concretamente en su artículo 25.2 (recordemos, Derecho Fundamental, al estar incluido dentro del Título I, Capítulo II, Sección I) que dice, textualmente, lo siguiente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados…”
Si atendemos al tenor literal del artículo, la prisión permanente revisable tal y como está estructurada en nuestro ordenamiento jurídico podría conculcar lo dispuesto en la Constitución. No obstante, el Partido Popular insiste no, únicamente, en implementarla, que ya lo está desde el año 2015, sino en incrementar el número de delitos penales en los que un juez podría dictar dicha sentencia. Recordemos que, hasta el momento, sólo hay dos condenados siguiendo esta doctrina lo cual puede dar una idea de la mesura con la que se toma el poder judicial la adopción de sentencias ejemplarizantes en este sentido. Además, también conviene recordar que la mayoría de jueces y magistrados se encuentran asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora, como todos sabemos.
La cuestión es que, personalmente, creo que la prisión permanente revisable entra en colisión absoluta con el precepto constitucional. Soy consciente de que hay ciertas personas que cometen delitos y que están fuera de cualquier capacidad que pueda tener el estado para reinsertarlos plenamente en la sociedad y que no podrían cumplir lo dispuesto en dicho artículo pero, no es menos cierto, que la obligación estatal es tratar de que, la mayor cantidad de presos puedan, eventualmente, volver a formar parte de la sociedad que, en su momento, les castigó por sus delitos. Y ahí, la prisión permanente revisable es un obstáculo casi insalvable.
Se me ocurren muchas formas de malgastar recursos públicos pero uno de las principales es, sin duda, tener a una persona que ha cometido un delito, encadenada perpetuamente a una prisión sin posibilidad de volver a rehacer su vida. Es un enorme capital humano que podría contribuir, una vez cumplida su pena, al sostenimiento de las pensiones públicas, por ejemplo y a tener una vida de provecho en el futuro y, sobre todo, a no delinquir otra vez.
Es cierto que, una vez en prisión, cada recluso aprovecha o no el tiempo de la manera que considera conveniente pero la formación, el trabajo en equipo, la capacidad de generar creatividad y el fomento de la interlocución entre personas de la más variada índole, todo ello sumado con la gran cantidad y calidad de los funcionarios de prisiones en sus más diversas categorías profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, ayudantes de instituciones penitenciarias, profesores, monitores y docentes, etc) pueden servir de acicate para, humanizando aún más los centros penitenciarios, conseguir devolver a la sociedad a aquellas personas que ya han pagado por lo que, en su momento, hicieron.
Pero, en esencia, y volviendo al inicio del artículo sí quería dejar claro un punto que me parece fundamental. Igual que cuando la banda terrorista ETA atentaba y mataba en toda España y las Asociaciones de Victimas del Terrorismo empezaron a ser tomadas en cuenta por los diferentes gobiernos y partidos políticos, ahora parece que son los familiares de víctimas asesinadas de forma atroz por desalmados los que toman la delantera a la hora de fijar la política penitenciaria del gobierno y, aunque pueda sonar duro lo que voy a decir, ni antes ni ahora, ninguna asociación, por mucha legitimación moral que todos podamos creer que tienen, puede fijar los puntos fundamentales de la política de interior de ningún gobierno.
Vuelvo y reitero, tienen toda mi solidaridad pero no se puede gobernar a golpe de impactos emocionales porque esas suelen ser las peores soluciones y el código penal no puede modificarse cada dos por tres al albur de acontecimientos deleznables y repulsivos. Cuando de vidas humanas se trata, mejor usar la cabeza que el corazón. Siempre.