jueves 24/9/20

La ley de la omertá

José Bujalance C. | El Banco de España nos advirtió de que solo recuperaremos 15.000 millones de los 55.000 que le prestamos a los bancos. 40.000 millones supone el equivalente a 30 años del presupuesto que gastamos, por ejemplo, en becas para estudiantes; o medio siglo de presupuesto cultural. El presupuesto de 2016 que el Gobierno destinó a políticas sanitarias fue de 4.001,62 millones de euros.

El gasto sanitario por habitante bajó 100 euros desde 2008 (año de la crisis/estafa) hasta 2014 (año en que se fundó el partido que decía representar el movimiento de los indignados del 15M) etapa evidente pues de bipartidismo o lo que se denominó PPSOE.

La media de 2014 estaba en 1.234 euros. El recorte sostenido deterioró el sistema público, lo que se tradujo en menos profesionales, menos camas, más listas de espera y más colapsos en urgencias. Valencia, Canarias, Murcia y Madrid fueron los sistemas sanitarios peor puntuados por quinto año.

En esos últimos puestos que se repiten año tras año, se instalaron las dos comunidades autónomas que marcaron el ritmo a la hora de privatizar la gestión de sus sistemas sanitarios. Además de la Comunidad Valenciana, Madrid

Cada año el sistema público de sanidad fue menguando. Los datos sobre inversión, camas, profesionales, a priori fríos, se acumulaban y dibujaban una curva descendente que se aprecia al ponerlos en perspectiva. 

No todas las administraciones siguieron el mismo camino y crearon unas diferencias acusadas entre la asistencia en unas comunidades autónomas y otras. El descenso de recursos se traduce a la hora de la atención que se presta al ciudadano: las listas de espera, las citas demoradas, el colapso en urgencias, etc. La Federación en Defensa de la Sanidad Pública recopila cada año datos sobre el sistema. 

De 2008 a 2014 completan un ciclo de seis años de caídas, donde los Gobiernos autonómicos eligieron recortar sus presupuestos sanitarios per cápita un 10% de media por comunidades entre 2008 y 2013 (para añadirle un 4% en la previsión de gasto de 2014).

La caída global de personal sanitario se situó en unos 52.000 profesionales. También dejaron menos camas a disposición de la ciudadanía, 3,2 por 3,6. La variación por territorios provocó que hubiese zonas con dos camas, como Andalucía, frente a otras con cuatro como en Cataluña. En ambos casos, los Ejecutivos menguaron los recursos, y eso sin contar con los cierres estivales de alas hospitalarias que arreciaron y que, en algunos casos, fueron definitivos.

Bankia debe encaminarse a contribuir a la reconstrucción de la economía española y a crear puestos de trabajo, es un activo de los ciudadanos que no debe ser objeto de privatización

Los datos reflejan una panorámica de deterioro sostenido. De hecho, la peor puntuación durante el ciclo –obtenida al ponderar los presupuestos, las infraestructuras sanitarias, los recursos humanos, la calidad del servicio y la percepción de los ciudadanos– siempre coloca a la Comunidad Valenciana y Canarias en los dos últimos puestos. Y en el quinteto de peores sistemas se intercambian el resto de posiciones Madrid, Murcia y las Islas Baleares (con apariciones de Cataluña, Castilla-La Mancha y La Rioja).

Quizá no sea casualidad que la Comunidad Valenciana fuera la primera que cayó por debajo de los 1.000 euros por ciudadano de gasto en sanidad en 2012 o que su número de camas por cada 1.000 personas fuese el segundo más bajo de España: 2,39, bastante por debajo de los 3,20 de media nacional en 2014. También anda por abajo en cuestiones de número de profesionales: el tercero por la cola en especialistas y enfermeras de hospital.

En esos últimos puestos que se repiten año tras año, se instalaron las dos comunidades autónomas que marcaron el ritmo a la hora de privatizar la gestión de sus sistemas sanitarios. Además de la Comunidad Valenciana, Madrid. Esta elección de modelo, promovida en aras de la eficiencia, "crea altos sobrecostes", analiza la FADSP. 

Aunque cada comunidad tiene su propia idiosincrasia, al estar colocadas en comparación con el resto, una mejor posición no supone que no se hayan producido recortes y retrocesos en esos sistemas.

Hay cosas y cuentas que no se entienden muy bien. En todos los países desarrollados hubo que rescatar a la banca, pero, por ejemplo, los británicos ya hace tiempo que obtienen beneficios públicos de ese rescate.

España el país más desigual de Europa y el segundo en que más creció la desigualdad durante la crisis 2008/2014. Por ese motivo, tras recomendar que no se rebajen más los sueldos, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) aconsejó en 2014 no recortar más ni en educación ni en sanidad: “la reducción del gasto en educación y sanidad suele mermar tanto la igualdad como el crecimiento, por lo que la cuestión fundamental en este caso debería ser mejorar la eficiencia y no reducir los servicios”, e incluso, apuntó que la recaudación extra podría servir para “mejorar la red de protección social.”

Algunos cálculos estiman que el importe "recuperado" por la venta de la participación en Bankia (la entidad originada por la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otra serie de cajas obtuvo ayudas de 22.424 millones de euros) y BMN es de unos 9.800 millones de euros arrojando grandes pérdidas a las arcas públicas. El grueso del rescate se destinó a sanear las cajas de ahorro que luego se vendieron o fusionaron con grandes bancos; como las inyecciones fueron previas a la venta, se hace prácticamente irrecuperable el dinero. La crisis se llevó por delante el sistema financiero español, la reestructuración ha costado 62.295 millones.

El Estado vendió acciones de Bankia por un 7,5% de la entidad lo que supuso un ingreso de 1.304 millones de euros y la reducción del porcentaje del Estado en la entidad. Tras las acciones judiciales por la salida a Bolsa de Bankia auspiciadas por 15MpaRato (plataforma ciudadana que impulsó y llevó a cabo el Caso Bankia en la Audiencia Nacional destapando la estafa de salida a bolsa, las preferentes, etc) el Estado volvió a incrementar su presencia en la entidad hasta situarse en el 67%.

El movimiento nacionalpopulista se conformó a partir de un rechazo a la creciente desigualdad del llamado «poder material» que hace que los ciudadanos perciban que no tienen un control efectivo sobre el destino de sus vidas y que la política democrática no ofrece un camino para recuperar ese control. Ese rechazo se expresa en un deseo iracundo de retorno mítico a la España imperial en tres imágenes claras: la de la superioridad extrapolítica de una causa nacional "constitucionalista"; la de una fuerte homogeneidad social basada, paradójicamente, en el establecimiento de fuertes jerarquías internas y una defensa irrestricta de la libertad económica individual; y la perspectiva de una movilidad social ascendente asociada a los dos componentes previos.

En suma, Bankia debe encaminarse a contribuir a la reconstrucción de la economía española y a crear puestos de trabajo, es un activo de los ciudadanos que no debe ser objeto de privatización y que debe ofrecer servicios básicos bancarios en todo el territorio nacional.

La ley de la omertá