El tiro en el pie que se ha dado el propio Tribunal ha provocado una herida en uno de los principales poderes públicos que tardará en cicatrizar y que seguirá profundizando en la brecha entre sociedad y justicia
Por Mario Regidor | El 6 de noviembre hemos asistido a una jornada en la que el Tribunal Supremo no se ha cubierto de gloria, más bien todo lo contrario.
El veredicto judicial, anulando una sentencia publicada 3 semanas antes, quedará en los anales de una justicia ya bastante baqueteada por su lentitud y por los escándalos que han asolado a su depauperado órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, donde hay que reconocer que el poder político también tiene mucha culpa en su funcionamiento, organización y composición.
Lo sucedido estos días y las consecuencias, no sólo inmediatas que pueda tener para la consideración del propio Tribunal Supremo como órgano máximo de decisión judicial independiente y ajeno a influencias queda en entredicho y, lo peor es que dicha falta de credibilidad puede verse cuestionada aún más si hay afectados que consideran la decisión injusta y acuden al Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que, seguramente, muchos se planteen como último recurso.
Pero más allá de la decisión acerca de los gastos de las hipotecas lo que subyace en el cambio de criterio del Tribunal Supremo, recordemos por una exigua mayoría de 15 a 13 con 3 ausencias y después de dos días de deliberaciones, no cabe duda que deja a una de las principales instituciones judiciales del estado seriamente tocada en su prestigio y en su cohesión interna.
Afortunadamente, el gobierno por boca de su presidente ha reaccionado con rapidez y contundencia tomando cartas en el asunto obligando a que las entidades bancarias costeen el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPYAJD) y creando un organismo público que cuidará de que la ciudadanía pueda pedir asesoramiento y, eventualmente, pueda reclamar ante dicho organismo si considera lesionados sus derechos.
Había muchas posibilidades de contemporizar con la ejecución del veredicto. A saber, retroactividad total (máximo 15 años) a la hora de exigir la devolución del impuesto, retroactividad parcial (de 4 años que es la que marca la Ley General Tributaria), que pagaran los bancos pero sin retroactividad (que era la tesis defendida por el presidente del Tribunal, señor Picazo, posteriormente modificada cuando observó que no tenía la mayoría) o lo sucedido con la decisión, donde dije Digo, digo Diego.
Como dijimos anteriormente, el gobierno debía intervenir. Sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto pero si vemos cómo el Tribunal Supremo se deja manipular hasta el nivel de cambiar el sentido literal de una sentencia dictada escasas semanas antes, no cabe duda que el resto de poderes está legítimamente habilitado para enmendar la plana cambiando la legislación y, como decía el profesor Gonzalo Bernardos, establecer un endurecimiento del Impuesto de Sociedades para la banca. Aunque, huelga decir que esta salvaguarda que reservo para los poderes legislativo y ejecutivo debe hacerse con sumo cuidado y en aquellas ocasiones donde el propio poder encomendado al órgano se devenga como contradictorio con sus propias decisiones, al igual que hacen los propios jueces enmendando la plana al resto de poderes con las armas que les da el propio ordenamiento jurídico.
Sinceramente, espero que lo sucedido no se convierta en una peligrosa costumbre ya que me gustaría que la separación de poderes consagrada por Montesquieu con los “checks and balances” respectivos siguieran constituyendo la senda a seguir para no alterar el ordenamiento político existente.
El tiro en el pie que se ha dado el propio Tribunal ha provocado una herida en uno de los principales poderes públicos que tardará en cicatrizar y que seguirá profundizando en la brecha entre sociedad y justicia y ahondando en la propia incapacidad de nuestra clase dirigente para erigirse en guía y representantes de una ciudadanía que clama a gritos justicia en aquellas cuestiones que nos afectan a la mayoría de la colectividad.
Confío en que la situación se reconduzca y que esta decisión no sea sino un mal paso provocado por el miedo a las consecuencias que pudiera tener una decisión judicial. Es curioso pero en algunas circunstancias reclamamos de la justicia un mayor sentido de la realidad y de conciencia de lo que sucede y afecta a la sociedad pero luego vemos con pesar que los que deberían velar por aquellos que son más débiles se ponen de lado de los más poderosos.
Eso ni es justicia ni es nada.